El Gobierno de El Salvador remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone un régimen especial para la ejecución de proyectos nacionales de inteligencia artificial, robótica y tecnologías similares, bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).
La iniciativa fue enviada el 21 de septiembre de 2026 por la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, con una solicitud para que los diputados la estudien y aprueben. El documento fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
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El texto plantea reglas particulares para las adquisiciones, contrataciones, incorporación de personal extranjero, permisos y eventual acceso a incentivos fiscales vinculados con proyectos que la ANIA impulse o coordine.
Se establece que serán considerados Proyectos Nacionales de Inteligencia Artificial, Robótica y otras tecnologías similares las iniciativas orientadas a la investigación, desarrollo, capacitación, evaluación, adopción, implementación, transferencia o aplicación de sistemas, modelos, plataformas y soluciones tecnológicas.
También podrán abarcar obras e infraestructura, como equipos de cómputo, centros de datos, laboratorios, sistemas de energía, refrigeración e interconexión.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial determinará, mediante una resolución motivada, qué obras e iniciativas quedarán comprendidas en esa categoría. La resolución deberá establecer el objeto, alcance, componentes y etapas de cada proyecto.
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Se indica que las modificaciones que no alteren de manera sustancial esos elementos podrán incorporarse al expediente administrativo sin una nueva resolución. Si cambian el objeto, el alcance o los componentes definidos originalmente, será necesaria una actualización formal.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que las adquisiciones y contrataciones necesarias para ejecutar los proyectos nacionales quedarían excluidas de la aplicación de la Ley de Compras Públicas.
En su lugar, la ANIA utilizaría un mecanismo denominado Contratación Directa, que deberá documentarse en un expediente administrativo. La entidad deberá verificar la capacidad e idoneidad del proveedor, las condiciones técnicas y económicas, la razonabilidad del precio y el cumplimiento de las normas aplicables en materia de competencia y medio ambiente.
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La selección del proveedor requerirá una resolución motivada del director ejecutivo de la ANIA o de su suplente. Las negociaciones podrán formalizarse mediante contratos, órdenes de compra, aceptación de ofertas u otros instrumentos que dejen constancia del objeto, el precio, las condiciones y la aceptación de las partes.
La contratación directa podría utilizarse para servicios especializados que no estén disponibles en el país; proveedores únicos; adquisiciones que requieran compatibilidad con sistemas, modelos, datos o infraestructura ya utilizados; insumos para investigación científica; y expertos nacionales o extranjeros.
El texto también contempla esta vía cuando haya una cantidad limitada de proveedores o cuando la vinculación con una empresa, marca o ecosistema tecnológico vuelva impracticable la competencia por motivos técnicos, operativos o económicos.
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La iniciativa prevé que los proyectos de inteligencia artificial y robótica puedan financiarse total o parcialmente con préstamos, créditos, garantías u otros instrumentos otorgados por Estados, organismos internacionales, agencias oficiales u operadores privados.
En esos casos, las compras y contrataciones quedarán sujetas a las condiciones que exija la contraparte internacional. El documento menciona criterios de elegibilidad de proveedores, origen o contenido nacional de bienes y servicios, selección de exportadores, experiencia técnica, interoperabilidad y continuidad tecnológica.
Cuando exista una contrapartida estatal o recursos propios de la ANIA, las contrataciones financiadas con esos fondos también podrían sujetarse a las condiciones del financiamiento externo si ello resulta necesario para preservar la unidad técnica, operativa o contractual del proyecto.
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El proyecto distingue entre el personal que mantenga una relación laboral con la ANIA y los profesionales contratados sin vínculo laboral para tareas específicas.
En el primer caso, la contratación se regirá por el régimen de personal de la institución. Para servicios requeridos por proyectos nacionales, la ANIA podrá contratar expertos, asesores, investigadores, instructores, jurados, mentores, conferencistas y otros especialistas nacionales o extranjeros conforme al régimen especial.
La propuesta dispone que el personal extranjero contratado trabaje de forma exclusiva para la ANIA. Los profesionales con títulos acreditados en sus países de origen podrían ejercer en El Salvador sin completar el proceso de homologación académica o de obtención de credenciales previsto en otras normas, siempre que presenten la documentación correspondiente y tengan un contrato vigente con la institución.
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Además, los trabajadores extranjeros con contrato podrán solicitar residencia temporal para ellos y su grupo familiar. La residencia tendría una vigencia de hasta dos años y podría prorrogarse, según el texto remitido a los diputados.
La Dirección General de Migración y Extranjería deberá extender ese permiso de manera expedita. El proyecto habilita luego la posibilidad de solicitar residencia definitiva bajo las reglas de la Ley Especial de Migración y Extranjería.