La enmienda a la totalidad que el Consell de Garanties Estatutàries ha hecho a la proposición de ley para restringir la compra de vivienda no ha cogido por sorpresa al sector empresarial e inmobiliario. Desde que el Govern aceptara esta iniciativa de los comunes a cambio de sus votos para aprobar los presupuestos del 2026, entidades y colegios profesionales han advertido de que contravenía preceptos fundamentales de la Constitución y el Estatut.
Lo pusieron de manifiesto por activa y por pasiva Foment del Treball, agentes de la propiedad inmobiliaria (API), propietarios y especialistas en Derecho Administrativo y Urbanístico. Avisos que cayeron en saco roto. Ahora que el órgano consultivo catalán les ha dado la razón, consideran que no basta con modificar el texto, tal y como sugirió la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, el pasado martes.
Defienden en cambio que el Ejecutivo de Illa debe marcar un punto y aparte en políticas de vivienda y abrir un diálogo constructivo con el sector. Es necesario –prosiguen– para encontrar medidas “eficaces y jurídicamente sólidas” contra la crisis de acceso que sufre Catalunya, especialmente en el ámbito del alquiler.
El Ejecutivo debe marcar abrirse al diálogo, consideran empresarios y profesionales
El primer paso pasa por retirar de forma definitiva la ley para limitar la compra de vivienda, ahora en tramitación parlamentaria. Así lo solicitan Foment, la asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, la asociación de Promotores, el Col·legi d’Administradors de Finques, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana y el Consell Oficial de Col·legis d’API de Catalunya.
“El Govern no se puede limitar a introducir retoques formales o a buscar una nueva fórmula jurídica para mantener intacta la misma voluntad intervencionista”, consideraron desde la patronal que preside Josep Sánchez Llibre.
El dictamen del Consell de Garanties considera por unanimidad que la propuesta de comunes y el Govern del PSC vulnera el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa, invade competencias estatales y pretende alterar aspectos esenciales del derecho civil mediante una modificación de la legislación urbanística. Todo ello, pese a que la Generalitat aseguró que la proposición de ley era viable y tenía encaje legal. Esta fue la conclusión del comité de expertos designados por el Govern y el partido de la ex alcaldesa Ada Colau a principios de año.
Aunque el análisis del Consell no es vinculante, deja en entredicho tanto el trabajo del comité de expertos como la misma proposición de ley, coinciden empresarios y sector inmobiliario. Esta busca que los municipios de zonas tensionadas puedan vetar la compra de vivienda según su uso. De esta manera, los inmuebles solo se podrían adquirir para destinarlos a residencia del comprador o a alquiler habitual con los precios topados.
Más oferta, movilización de suelo, agilidad administrativa y seguridad jurídica, entre las demandas
La intención del sector, sin embargo, no es quedarse anclado en los reproches, sino colaborar para buscar soluciones. “Cualquier reforma legislativa ha de aportar seguridad jurídica, favorecer la colaboración publico-privada e incentivar el incremento de oferta de vivienda, principal reto estructural que afronta Catalunya”, señalan API y propietarios.
Foment ha solicitado asimismo que el Govern convoque a los agentes económicos, sociales y municipales para acordar una política de vivienda “estable, rigurosa y efectiva”. “Catalunya necesita más oferta, más suelo disponible, menos burocracia, mayor agilidad administrativa y seguridad jurídica”, añaden.
En cuanto a este último punto, subrayan que desde enero del 2025 Catalunya ha aprobado cinco normas con incidencia directa en el mercado de la vivienda –los decretos ley 1/2025, 2/2025 y 3/2026, y las leyes 11/2025 y 11/2026– que han modificado sucesivamente aspectos esenciales de la publicidad de viviendas, la contratación, los alquileres temporales, la definición de gran tenedor y el régimen sancionador. Pese a ello, los problemas de acceso a la vivienda persisten. Los API recuerdan en este sentido que incluso la propia Agència de l’Habitatge de Catalunya tuvo que publicar criterios interpretativos sobre la aplicación del régimen de contención de rentas una vez ya estaba en vigor, “lo que pone de manifiesto la falta de previsibilidad del marco regulatorio”.
Ahora, concluyen todos, es el momento de parar y consensuar nuevos pasos.
Periodista. Ha desarrollado gran parte de su carrera en La Vanguardia, donde ha cubierto las áreas de Educación y Universidades, Política y, ahora, Economía. Licenciada en Ciencias de la Información y Postgrado en Estudios Culturales