En la Argentina que gobernaba provisionalmente José María Guido luego del derrocamiento del radical intransigente Arturo Frondizi, el jueves 23 de agosto de 1962 un grupo de 37 generales se reunió en un cónclave que determinaría el futuro próximo del país. Al finalizar, el teniente general Benjamín Rattenbach anunció que el Ejército había decidido apoyar el llamado a elecciones para “volver al imperio de la Constitución”. Reconoció también que las intervenciones de las Fuerzas Armadas en el gobierno nacional nada bueno les habían aportado a los argentinos. Lo dijo con palabras que sonaban extrañas en boca de un militar: “Ningún gobierno de facto que hemos tenido ha traído consigo un mejoramiento sensible en la vida nacional”, y terminó diciendo que la recuperación del orden constitucional “devolverá a la sociedad argentina la base de su convivencia y porque de esa manera se restituirán también a los gobernados las garantías necesarias contra los abusos de sus gobernantes”. Sin embargo, mientras el teniente general Rattenbach hacía tan alentadoras promesas en el Edificio Libertador, esa misma noche, en el barrio de Flores ocurría un extraño hecho que demostraba que esos “abusos” de los que hablaba estaban muy lejos de terminar.
La noticia se conoció recién dos días después, cuando salió publicada en el diario El Mundo. La crónica estaba titulada sugestivamente “Como en Chicago” y su comenzaba así: “Rarísimo suceso en Flores Norte, que la policía dice ignorar. Frente al 1776 de Canalejas, a las 23:30 del jueves, un hombre fue secuestrado. Desde hacía varios días, había autos “sospechosos” en las inmediaciones. Una estanciera gris frente a aquel número; un Chevrolet verde en Canalejas y Donato Álvarez. Y un Fiat 1100 color claro, en Trelles y Canalejas. Dentro de ellos, varios hombres. Y otros, en las inmediaciones de los coches. A la hora citada, el automóvil de Donato Álvarez hizo guiños con los focos, señalando el avance del ‘hombre’. Le respondieron, y todos convergieron sobre él. Se le echaron encima y lo golpearon. Y pese a que se aferró con manos y uñas al árbol que está frente al número señalado, lo llevaron a la estanciera gris, que partió velozmente con las puertas abiertas”. En el desarrollo de la nota, el texto relataba que varios vecinos, alarmados por los pedidos de ayuda del hombre, salieron a la calle, pero que debieron retroceder cuando un sujeto que empuñaba una pistola.45 les gritó: “Esto no es para ustedes. Píquenselas si no quieren ligarla”. Los vecinos volvieron a meterse en sus casas y varios llamaron a la policía.
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Se trataba, efectivamente, de algo raro, como señalaba la nota en su primera línea. En la Argentina de principios de los ‘60 esas cosas no pasaban. Había secuestros, claro, pero las víctimas eran personas adineradas por las que rápidamente los delincuentes pedían rescate.
El viernes 24, el cronista de El Mundo se acercó a la comisaría correspondiente al barrio, la 50, y preguntó. La respuesta contradijo a los vecinos. “No sabemos nada, es la primera noticia que tenemos”, le respondió el oficial de guardia. Que la policía no supiera – o dijera no saber – nada era más extraño aún. Para entonces ya había trascendido que el secuestrado se llamaba Felipe Vallese, un joven de 22 años que distaba de ser adinerado, y que era delegado gremial en la fábrica metalúrgica TEA y militante de la Juventud Peronista. Pertenecía a lo que se conocía como “la Resistencia Peronista”.
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Para los argentinos de la época la violencia política no era algo extraño, porque estaban aún frescos los antecedentes del bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955 – aunque poco se hablaba de él – y de los fusilamientos clandestinos en un basural de José León Suárez un año más tarde. Tampoco la detención de un delegado o de un militante político era un hecho poco común en 1962, pero que no apareciera, sí lo era. Por esos años la siniestra figura del detenido – desaparecido todavía no se había acuñado con sangre. Y Felipe Vallese había desaparecido para nunca más aparecer. No había antecedentes de algo así.
Los compañeros de militancia de Vallese supieron desde un primer momento que había sido secuestrado por fuerzas policiales. Casi simultáneamente a su desaparición, en otros operativos la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo también al hermano mayor de Felipe, Ítalo, y a los militantes peronistas Osvaldo Abdala, Francisco Sánchez, Elba de la Peña, Rosa Salas, Mercedes Cerviño de Adaro y a tres niños de entre 3 y 10 años que estaban con ellos. Pero todos ellos aparecieron, luego de ser interrogados y torturados. En cambio, Felipe Vallese seguía sin aparecer.
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El verdadero objetivo de esos operativos policiales realizados en la oscuridad de la noche era capturar – y probablemente asesinar – a otro militante de la Juventud Peronista, Alberto Rearte, hermano de Gustavo, uno de sus líderes, a quien acusaban falsamente de ser autor de la muerte de dos policías de la provincia en un confuso tiroteo, donde en realidad los bonaerenses se enfrentaron sin saberlo con colegas de la Federal. En los interrogatorios bajo tortura a todos los detenidos les preguntaban: “¿Dónde está Rearte?”. Nadie lo sabía, y si lo sabía, no lo dijo ni siquiera apremiado por las salvajes descargas eléctricas. En esos duros tiempos de resistencia, le resultaba difícil a la policía arrancarles información a los militantes. A Vallese ese silencio durante la tortura le costaría la vida.
La suerte corrida por Vallese se conoció gracias a la minuciosa investigación realizada por el periodista Pedro Leopoldo Barraza, a quien sus colegas apodaban “El Tarta”, por su tartamudez. De la misma manera obsesiva que Rodolfo Walsh había investigado los fusilamientos del 9 de junio de 1956 en el basural de José León Suárez, que terminó denunciando en Operación Masacre, Barraza buscó descubrir la suerte corrida por Vallese y sacarla a la luz. La investigación fue publicada en ocho notas, primero en el periódico 18 de Marzo y después en el semanario peronista Compañero. Allí “El Tarta” desnudó una serie de encubrimientos judiciales y policiales para ocultar que Vallese había muerto en una sesión de torturas y que su cadáver fue desaparecido para ocultar el asesinato.
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Barraza descubrió que a Felipe Vallese lo venían vigilando desde días antes de su secuestro y reconstruyó a través de varios testimonios la presencia de autos sospechosos que rondaban la zona donde finalmente lo “levantaron”, exactamente después de que otro vehículo hiciera señas de luces, “marcándolo” a la camioneta dentro de la cual lo metieron a rastras y se lo llevaron. La investigación estableció que lo hirieron en la cabeza en el momento del secuestro y que llegó en mal estado a la Comisaría 1ª de San Martín, donde fue torturado por un oficial llamado Juan Fiorillo, cuyo nombre trascendió muchos años después por su participación en crímenes de lesa humanidad. Allí le preguntaron por primera vez por Alberto Rearte y Vallese no habló.
Después de picanearlo durante horas en la comisaría de San Martín, Vallese fue llevado a la comisaría de Villa Lynch, donde también tenían a los detenidos en los otros operativos. Aunque llegó prácticamente al borde de sus fuerzas, casi sin poder respirar, lo siguieron picaneando y golpeando. En un descuido, cuando lo arrojaron en una celda entre una sesión y otra de tortura, Vallese alcanzó a darle su nombre a un preso común, que lo anotó en un papel de cigarrillos, igual que el teléfono de la UOM y de la fábrica Tea. En Villa Lynch, también lo vio su hermano Ítalo, que después dijo que estaba destruido por la tortura, al borde de la muerte.
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Fue ese preso común, cuyo nombre Barraza nunca reveló, quien al ser liberado la mañana siguiente llamó a la UOM y avisó donde estaba Vallese. Con ese dato, el abogado del sindicato, Fernando Torres, realizó la denuncia y le pidió al juez federal de San Martín que ordenara el allanamiento de la subcomisaría de Villa Lynch. En una evidente complicidad con el encubrimiento, el magistrado se negó a allanar la repartición policial y simplemente le pidió informes al comisario, que le respondió que allí no tenían detenida a ninguna de las personas que buscan. También pidió informes a la Federal – porque Felipe Vallese había sido secuestrado en la Capital - donde le contestaron que no sabían nada del asunto.
Hasta allí llegó la “investigación” judicial. Para entonces los compañeros del militante secuestrado habían iniciado una fuerte campaña reclamando su libertad. A consecuencia de ella, el 3 de septiembre, la Bonaerense reconoció en un comunicado que tenía detenido a un grupo de personas en José Ingenieros por los delitos de portación de armas y tenencia de panfletos. En la lista figuraban todos menos Felipe Vallese. No podían incluirlo porque ya estaba muerto y no iban a hacerse cargo de su asesinato.
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En la investigación que tituló El infierno de Felipe Vallese, Barraza – que por entonces tenía 22 años, igual que el desaparecido – reconstruyó la captura, la inteligencia previa, los lugares donde estuvo detenido, por quiénes fue torturado y el nombre del médico que controló las sesiones de picana. Además, publicó decenas de nombres de perpetradores, cómplices y encubridores de su muerte. “Se estaba demostrando que en nuestro país un hombre puede desaparecer, puede conocerse a sus secuestradores, con nombres y apellidos, y no pasar absolutamente nada”, escribió en la nota del 5 de julio de 1963 publicada en el semanario Compañero.
La justicia llegó tarde y fue extremadamente liviana. Pasaron casi diez años hasta que, en mayo de 1971, el juez en lo penal de La Plata Rómulo Dalmaroni condenó a 39 policías a tres años de cárcel por privación ilegítima de la libertad en el caso de Felipe Vallese. La pena mínima se debió a que sólo se los juzgó por el secuestro y no por el evidente asesinato. La razón que esgrimió el juez fue que no había cuerpo, porque Vallese estaba desaparecido.
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El trabajo de Barraza fue clave para las condenas. Entre los condenados estaba el comisario Juan Fiorillo, jefe del grupo de tareas que lo secuestró, y que años más tarde formaría parte de la Triple A y, después del golpe del 24 de marzo de 1976, se convertiría en uno de los colaboradores más cercanos del genocida Ramón Camps en la Policía Bonaerense.
Pedro Leopoldo Barraza y su compañero Carlos Laham fueron asesinados por la Triple A el 13 de octubre de 1974. Sus cuerpos fueron encontrados maniatados, con tela adhesiva tapándoles los ojos, en un baldío de Villa Soldati. “El Tarta” recibió 25 impactos de bala. Fiorillo – que por entonces lideraba una patota de la Triple A - nunca le perdonó que lo expusiera en la investigación sobre la desaparición de Vallese. José López Rega – creador e ideólogo de la banda parapolicial – lo tenía “marcado” por otro motivo: haber sido el primero en apodarlo “El Brujo” en una reseña periodística de su delirante libro Astrología Esotérica.
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La vieja calle Canalejas – donde fue secuestrado el joven militante de la Juventud Peronista - se llama en la actualidad Felipe Vallese. Frente al número 1776 hay un árbol con una plaqueta que recuerda al primer desaparecido de la Argentina. Los viejos militantes peronistas todavía recuerdan la consigna con la que denunciaban su desaparición: “Un grito que estremece, Vallese no aparece”. Cuando se cumplen 64 años de su secuestro y de su asesinato en la tortura, sigue sin saberse dónde está el cuerpo de Felipe Vallese.