El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso presentado por una concesionaria de ACS, Abertis, Acciona y Globalvía que explotó la autopista R-2 de Madrid hasta su rescate en 2018, lo que supone anular la liquidación de cero euros que el Gobierno calculó como indemnización al asumir su gestión.
Según una sentencia fechada el pasado 8 de octubre, la anulación afecta tanto al cálculo que el Consejo de Ministros dictaminó en una primera resolución de 2023 como al segundo cálculo de una resolución complementaria de 2025, aunque en ambos casos la liquidación fue negativa y, por tanto, no procedía realizar ningún abono por parte del Estado.
En concreto, la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) quedó fijada en -50 millones de euros, debido principalmente a la inversión que el Estado consideraba que tenía que destinar a esa carretera para contar con un buen estado de conservación y a las expropiaciones que había pagado por su construcción.
En cualquier caso, ambos cálculos fueron provisionales y todavía se espera un tercero y definitivo. En este sentido, el Alto Tribunal reprocha en su resolución que el cálculo definitivo se haya demorado tantos años desde que el 1 de marzo de 2018 el Estado asumiese la gestión de la autopista a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Por ello, el Tribunal reconoce el derecho de la concesionaria a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible determine "sin más demora" la RPA y, además, aplicando las reglas y criterios fijados en sus sentencias de 2022, que podrían disparar la factura del Estado por el rescate de esta y otras autopistas que quebraron tras la crisis financiera de 2008.
Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ya ha supuesto un pago por parte del Estado de 1.684 millones de euros, aunque se trata de un coste provisional, puesto que la mayoría de las autopistas todavía se encuentran en la fase de la segunda resolución. De esta forma, por la R-4 se han pagado 134 millones de euros; por la AP-36, 319; por la AP-41, 41 millones, por la AP-7 Cartagena-Vera, 278; por la AP-7 Alicante, 307; y por la M-12, 46; mientras que por la R-2 el coste provisional es de cero euros.