Los trabajos de remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores ya muestran deterioro antes de que el proyecto haya sido concluido, en medio de un proceso fallido que dejó el recinto cerrado, pagos por más de Q9.5 millones (USD 1.3 millones) y una nueva modernización proyectada por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) para 2027 con un costo superior a Q55 millones (USD 7.2 millones).
El nuevo señalamiento surgió tras una visita del diputado José Chic, de la bancada VOS, quien difundió un video en el que se observan grietas y partes que comienzan a desmoronarse.
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El legislador atribuyó ese estado a la falta de mantenimiento de las obras ejecutadas por Constructora y Distribuidora Bremar.
Según Chic, la empresa incumplió el amparo provisional otorgado por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y confirmado después por la Corte de Constitucionalidad en una apelación presentada por la CDAG. La resolución fue emitida tras una denuncia presentada por el diputado en enero de 2026 por la falta de intervención en el inmueble.
Ese fallo ordenó a la CDAG elaborar y ejecutar un plan técnico de remozamiento del estadio, al considerar que existía “riesgo de deterioro progresivo del inmueble y afectación al patrimonio del Estado”. El diputado resumió su crítica con una cifra: “La empresa Bremar cobró Q10 millones (USD 1.3 millones) por unos trabajos que hoy están deteriorados”.
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De acuerdo con el Informe de Auditoría al Presupuesto 2025 de la Contraloría General de Cuentas, hecho público el 26 de mayo, el proceso de remodelación del estadio figura entre las denuncias penales por anomalías en la ejecución y fiscalización del proyecto. El informe identificó un avance físico de apenas 29% al finalizar el plazo contractual, el 6 de diciembre de 2025.
La obra quedó inconclusa pese a los desembolsos ya realizados y el recinto siguió cerrado al público. El contrato con Bremar fue cancelado y que los trabajos no han sido reactivados porque sigue pendiente una nueva licitación.
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La auditoría sostuvo que la CDAG tenía pleno conocimiento desde el 10 de junio de 2025 de que el contratista no podría cumplir con varios renglones de trabajo dentro del plazo establecido. El problema estaba vinculado a dificultades para conseguir la marca ofrecida de grama híbrida y pista sintética.
La CGC señaló que la supervisión se limitó a recordar la aplicación de multas por atraso y no impulsó acciones legales conforme al contrato. También concluyó que el subgerente general de Infraestructura no realizó un seguimiento adecuado del proyecto ni planteó alternativas para su ejecución.
El informe añadió observaciones contra otras áreas de la entidad: el director de Supervisión de Proyectos de Planificación no supervisó adecuadamente la obra y el director de Obras realizó una labor deficiente al no determinar el avance real ni el cumplimiento de los renglones contratados.
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Los responsables rechazaron esos señalamientos y afirmaron que actuaron “dentro del marco contractual, legal y técnico” y que gestionaron soluciones documentadas.
La Contraloría mantuvo los hallazgos. Su argumento central fue que la supervisión conocía desde meses antes la alta probabilidad de incumplimiento y, aun así, no objetó ni frenó decisiones que comprometían la viabilidad del cronograma.
Otro de los hallazgos se concentró en la fase de contratación. La auditoría indicó que las bases de licitación exigieron 10 años de experiencia en construcción de instalaciones deportivas de forma general, sin criterios técnicos específicos que delimitaran experiencia comparable en tipo, magnitud y complejidad del proyecto.
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La CGC observó además que solo se pidió a los oferentes un breve historial de experiencia y los años de constitución y operación en Guatemala, requisitos que, según el informe, no garantizaban haber ejecutado trabajos similares. Tampoco se exigió documentación que acreditara a la empresa como distribuidor autorizado, agente o representante del fabricante de los materiales ofrecidos.
En la oferta presentada por Bremar, la experiencia consignada incluía 13 proyectos, pero la revisión detalló que correspondían a tres parques recreativos, dos canchas de papifútbol, un parque urbano, una piscina para un centro educativo privado, una instalación de juegos infantiles y solo un mejoramiento de instalaciones deportivas relacionado con un campo de fútbol. Para la Contraloría, ese portafolio no evidenciaba correspondencia técnica con una remodelación de mayor escala como la del estadio nacional.
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El informe concluyó que esas fallas en planificación, evaluación y supervisión incidieron directamente en que el proyecto se ejecutara con irregularidades y no concluyera de manera oportuna ni conforme a los estándares técnicos requeridos.
En total, la CGC denunció penalmente a 12 personas, entre ellas integrantes de la Junta de Licitación, funcionarios de compras, subgerencias, la gerencia y miembros del Comité Ejecutivo de la CDAG.
Mientras el expediente administrativo y penal sigue abierto, la empresa que dejó la obra a medias continuó habilitada para contratar con el Estado. Citado por La Hora, un reporte de marzo indicó que entre 2006 y 2025 había facturado más de Q510 millones (USD 7.1 millones) al sector público.
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El diputado guatemalteco, José Chic, realiza un trabajo de fiscalización en el Estado Nacional Doroteo Guamuch Flores, en donde muestra el deterioro de los trabajos inconclusos, pero con buena parte pagada, que se realizaron por parte de la CDAG.
La respuesta directa a la situación actual del estadio es esta: el recinto sigue fuera de operaciones oficiales, los trabajos anteriores no se reanudaron y la CDAG impulsa un nuevo proyecto de renovación integral que costaría más de Q55,9 millones (USD 7.3 millones). La meta de la entidad es concluirlo entre septiembre y octubre de 2027.
El presidente de la CDAG, Francisco Ardón, informó que ya finalizó la fase de diagnóstico sobre las condiciones reales de la infraestructura. La institución desarrolla ahora un estudio de mercado para identificar empresas nacionales e internacionales interesadas en ejecutar las obras antes de preparar las nuevas bases de licitación.
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En marzo, la CDAG y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo firmaron un convenio de cooperación para la renovación integral del estadio nacional. Cuando se anunció ese acuerdo, se fijó un plazo de cuatro meses para la etapa preparatoria mientras el PNUD realizaba diagnósticos técnicos previos al nuevo concurso.
El 14 de agosto, la CDAG y el PNUD confirmaron el interés de 10 empresas en participar en la remodelación del Doroteo Guamuch Flores. Esa confirmación llegó después de que ambas entidades no asistieran a una citación en el Congreso convocada para informar sobre los avances del proyecto.
El cierre del estadio obligó a trasladar encuentros deportivos y partidos de selecciones nacionales a otros escenarios del país. La clausura se mantiene desde el inicio de las evaluaciones técnicas y los análisis estructurales promovidos por la CDAG por el deterioro detectado en distintas áreas del inmueble.
En paralelo, el caso derivó en un conflicto político e institucional. Semanas atrás, la CDAG denunció a Chic ante el Tribunal Supremo Electoral por presunta propaganda ilegal y por usar sus redes sociales para “desprestigiar” a funcionarios de la entidad, mientras el Comité Olímpico Guatemalteco también promovió acciones legales por declaraciones del congresista durante una citación de fiscalización.