La polémica generada por las muertes a manos de agentes del ICE en Estados Unidos no parecen detener la dirección de la política migratoria de la Administración Trump. Por el contrario, recientes medidas anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) indican que se trata de un rumbo que también podría alcanzar a quienes adoptan mecanismos formales de regularización.
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Estudiantes y periodistas por tiempo limitado
Las nuevas restricciones llegan para quienes deciden emprender sus estudios en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional anuncia "un plazo fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante de las categorías F (estudiantes), J (programas de intercambio cultural) e I (periodistas y representantes de medios de comunicación)" y destaca que se "elimina oficialmente la laguna jurídica relacionada con la 'duración del estatus', la cual permitía a los estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de los medios de comunicación permanecer en Estados Unidos de manera indefinida sin una supervisión gubernamental rutinaria".
En el caso de los periodistas con visado I, quedan limitados a un máximo 240 días (unos ocho meses), con posibilidad de prórrogas, mientras que los profesionales con pasaporte de China enfrentan un límite de un máximo 90 días.
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Como consecuencia de esta política que entrará en vigor en septiembre, los estudiantes no podrían permanecer en el país durante más de cuatro años sin la revisión de cada caso, a discreción de los funcionarios del gobierno federal. La definición implica un endurecimiento con respecto a las normas actuales, que les permiten a los alumnos de las casas de estudio estar en EE. UU. durante el plazo que les tome completar sus carreras de grado y posgrado, que no necesariamente implica cuatro años.
Una decisión que los funcionarios defienden en las redes sociales de la institución: "durante décadas, se ha admitido a estudiantes extranjeros en Estados Unidos por un período indefinido, lo que ha permitido que miles de ellos se aprovechen del sistema y se conviertan en 'estudiantes de por vida' al matricularse continuamente en cursos para evitar tener que salir de nuestro país". Por esta razón, también se imponen nuevas restricciones para cambiar de especialidad, carrera o programa académico.
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Además, agregan que "al establecer límites claros y definidos para estos visados, Estados Unidos está recuperando su capacidad para evaluar, investigar y supervisar adecuadamente a las personas que se encuentran dentro de nuestras fronteras".
Según el secretario del departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el objetivo es que los estudiantes completen sus estudios y posteriormente regresen a sus países de origen.
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El sector universitario ya expresó su rechazo a las modificaciones normativas por considerar que generan un efecto de carga negativa para las instituciones de educación superior.
"Esta medida es innecesaria y redundante", afirma Zuzana Wootson, subdirectora de política federal de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, en declaración a la agencia de noticias Associated Press. También agrega que “estudiantes internacionales ya se encuentran entre las poblaciones de no inmigrantes más vigiladas en EE. UU. y están sujetos a una supervisión rigurosa por parte del departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las instituciones académicas".
Esta medida va en sintonía con una serie de decisiones que ya implementa el Gobierno federal desde hace varios meses e incluyen la revisión de las cuentas de redes sociales de los solicitantes de visas y restricciones de viaje para personas de países de África, Medio Oriente y Asia.
¿100.000 dólares para la Green Card?
Una innovación en la política migratoria de la Administración republicana que, según especialistas, podría provocar un sesgo por ingresos entre las personas que buscan residir en EE. UU. Según el 'Wall Street Journal', se evalúa solicitar una fianza o depósito de 100.000 dólares para algunos de los individuos que buscan un permiso de permanencia o Green Card desde el extranjero.
En caso de confirmarse esta decisión, las personas que busquen aplicar en los consulados a la Green Card deberán abonar ese monto, que será reembolsado una vez que consigan la ciudadanía de Estados Unidos, un estatus que suele llevar años para obtenerlo.
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La danza del monto que se impone a los nuevos visados H-1B también circula por los tribunales de la potencia del norte. El último episodio lo protagonizó un juez federal que anuló la cuota de 100.000 dólares avalada por un tribunal que le daba el visto bueno a dicho monto.
El litigio se inició cuando el juez Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Boston, dio lugar a una demanda de 20 estados y argumentó que la Administración Trump se extralimitó en sus facultades y violó la Ley de Procedimiento Administrativo para elaborar regulaciones.
Permiso o bajos recursos: el nuevo dilema de los migrantes
El 20 de julio se publica oficialmente la política de “carga pública” que entra en vigor el 18 de septiembre, una regulación que se implementa por primera vez en febrero de 2020 para habilitar la posibilidad de negar la “Green Card” a personas que hicieron uso de asistencias sociales como cupones de alimentos, programa sanitarios o ayudas para acceder a la vivienda, justo en un momento de aumento los costos de salud y alimentos.
Si bien el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) revocó esta resolución durante su mandato, un texto normativo de reciente aparición en el Registro Federal establece que quienes pidan la tarjeta de residencia deben demostrar que no son “una carga pública” para el país.
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El nuevo mecanismo impuesto por el Poder Ejecutivo se basa en el concepto de “autosuficiencia” por parte de los migrantes y dice proteger “los recursos públicos” para terminar “con las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente", indica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en una publicación en su cuenta de X. La primera vez que se promovió esta norma fue en 2018, cuando el presidente Donald Trump intentó que solo llegaran a EE. UU. los migrantes con solvencia económica.
Para esto, la publicación agrega que “bajo el mandato del presidente Trump, el USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos".
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Si bien la Ley federal exige una demostración de no carga pública, se trata de una medida que afecta a personas con permiso de residencia o familias de estatus mixto que podrían quedar descalificadas en programas que antes no estaban alcanzados por esta política.
Organismos de defensa de los derechos de las personas migrantes califican a esta medida como una “prueba de riqueza”, mientras especialistas en políticas públicas de salud pronostican peores resultados para la población. Al mismo tiempo, diversas ONG advierten que hay confusión y temor, y que muchas familias desisten de acceder a estos derechos.
Con AP, EFE y medios locales.