El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó de manera definitiva la multa de 4.125 millones de euros impuesta a Google por abuso de posición dominante en el mercado de dispositivos móviles con Android, poniendo fin a uno de los casos antimonopolio más relevantes de la última década.

La máxima instancia judicial europea rechazó el recurso presentado por Google y su empresa matriz, Alphabet, contra la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal General de la Unión Europea. Aquel fallo había ratificado, en líneas generales, la decisión de la Comisión Europea, aunque redujo la sanción original de 4.340 millones a 4.125 millones de euros.

El eje de la investigación estuvo en las condiciones que Google imponía a los fabricantes de teléfonos inteligentes que utilizaban Android. Según la Comisión Europea, la compañía aprovechó su posición dominante para garantizar que su motor de búsqueda, Google Search, y su navegador, Chrome, estuvieran preinstalados en los dispositivos, limitando así las posibilidades de competencia de otros desarrolladores.

La investigación, iniciada hace varios años y resuelta inicialmente en 2018, concluyó que Google utilizó acuerdos de licencia y preinstalación para favorecer sus propios servicios. Además, Bruselas cuestionó las cláusulas que impedían a los fabricantes comercializar dispositivos con versiones alternativas de Android que no hubieran sido aprobadas por la empresa.

En su decisión, la Comisión calificó estas prácticas como una «infracción única y continuada» de las normas de competencia de la Unión Europea y aplicó una multa récord. Posteriormente, el Tribunal General anuló únicamente una parte relacionada con determinados acuerdos de reparto de ingresos con fabricantes y operadores móviles, lo que derivó en una reducción parcial de la sanción económica.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró ahora que el Tribunal General actuó correctamente al concluir que las prácticas investigadas eran capaces de restringir la competencia y reforzar la posición dominante de Google en el ecosistema Android. También respaldó la evaluación sobre los acuerdos que impedían la comercialización de dispositivos con versiones modificadas del sistema operativo, desestimando los argumentos presentados por la tecnológica.

Con esta resolución, la multa queda firme y ya no existen instancias ordinarias de apelación dentro del sistema judicial europeo.

Tras conocerse el fallo, un portavoz de Google expresó el desacuerdo de la empresa con la decisión. «Esta sentencia no reconoce las importantes inversiones realizadas para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito. Sin embargo, ajustamos nuestros acuerdos para cumplir con la sentencia inicial en 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores», afirmó.

El caso representa un nuevo revés para las grandes tecnológicas en Europa, donde las autoridades han endurecido en los últimos años el control sobre las prácticas de mercado de las principales plataformas digitales. La resolución también refuerza el enfoque regulatorio de la Unión Europea, que busca impedir que las compañías con posiciones dominantes utilicen su poder para limitar la competencia y condicionar las opciones disponibles para fabricantes, desarrolladores y consumidores.

La decisión del TJUE se convierte así en un precedente clave para futuros procesos vinculados al funcionamiento de los ecosistemas digitales y al alcance de las normas de competencia en la economía tecnológica.

NA