La salida del general Óscar Arriola del cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue calificada como “un acto político” por Luis Herrera, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior (Mininter). En diálogo con Exitosa, Herrera sostuvo que el relevo marca “el fin de un ciclo” tras la crisis desatada por el manejo de la seguridad en Trujillo, atribuida principalmente a fallas comunicacionales del sector Defensa.
“La policía realiza su trabajo técnicamente, pero la actuación, sobre todo del ministro de Defensa, y el mal mensaje que se dio, creo que ha sido el detonante del paso al retiro”, afirmó el exfuncionario. Según su lectura, la institución policial resultó ser “el lado más débil” de la cadena de decisiones que derivó en el cambio de mando.
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En reemplazo de Arriola asumió el general López, a quien Herrera describió como el primer comandante general “neto” de la Policía Nacional del Perú, sin trayectoria previa en cuerpos que integraron la institución en 1988, como la Guardia Civil o la Policía de Investigaciones. “Esto marca un cambio también cultural dentro de la organización policial”, señaló el exasesor en conversación Exitosa.
El sociólogo Arturo Huaytalla, también entrevistado, coincidió en que el relevo responde a un reclamo sectorial que buscaba “refrescar” la institución, aunque advirtió que se trata de “básicamente un calmante” frente a problemas estructurales que continúan sin resolverse.
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Herrera cuestionó que el gobierno carezca de un marco doctrinario propio para enfrentar la criminalidad. Recordó que medidas como los estados de emergencia o el despliegue de Fuerzas Armadas alrededor de penales ya se aplicaron en el pasado sin resultados. “El crecimiento del delito es sostenido desde el 2000 hacia adelante”, afirmó para el citado medio.
En ese marco, el exasesor cuestionó el enfoque del general Revoredo, quien había declarado que la Policía no busca actuar como enemiga de los delincuentes, sino resocializarlos. Para Herrera, esa postura refleja la vigencia de un “modelo garantista” que, según su diagnóstico, “ha fracasado completamente en los últimos 25 años” y que solo podría modificarse mediante una reforma constitucional del régimen penitenciario y de la relación entre el Ministerio Público y la PNP.
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Huaytalla planteó que buena parte del problema radica en que la Policía Nacional acumula funciones ajenas a su misión central. Citó unidades como tránsito, turismo o rescate, que “si bien son problemas sociales”, terminaron asignadas a una institución que “se ha empezado a descolocar” de su objetivo primario: prevenir e investigar el delito.
A esta desnaturalización de funciones, Herrera sumó un diagnóstico presupuestario. Según cifras que dijo manejar de una investigación propia, el peso del sector Interior en el presupuesto público cayó de 8% a 5% entre 2020 y 2026. El exasesor también señaló una contradicción en el discurso oficial: mientras se exige mayor esfuerzo a policías y militares, el Ministerio de Economía respalda una demanda de inconstitucionalidad contra el régimen pensional de ambas instituciones.
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Huaytalla insistió en que la eficacia policial también depende de resolver problemas de colusión y corrupción dentro de la propia institución. “No porque la policía sea mala, sino porque podemos hacer mucho más efectiva una institución que no tenga malos elementos”, explicó el sociólogo, quien remarcó la necesidad de fortalecer los equipos de contrainteligencia interna.
En paralelo, el especialista aportó cifras sobre el avance de la criminalidad en el país: los homicidios se duplicaron entre 2011 y 2025, mientras que las extorsiones superan los 400 casos mensuales. A ello se suma la persistencia de delitos patrimoniales como el hurto de celulares y carteras, lo que evidencia, según el sociólogo, la coexistencia de dos fenómenos delictivos distintos.
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El exasesor del Mininter advirtió contra la tentación de replicar mecánicamente la estrategia utilizada contra Sendero Luminoso en los años 90. Recordó que en ese entonces las Fuerzas Armadas operaron con un respaldo político e institucional que hoy no existe, y que los métodos de inteligencia de aquella época “no podrían operar” en el contexto actual.
Huaytalla coincidió en que la comparación es limitada, dado que el crimen organizado actual no responde a una estructura jerárquica ni ideológica, sino a redes de colusión y oportunidad. El sociólogo también citó datos sobre la confianza ciudadana en las instituciones: según explicó, solo entre 16% y 17% de la población denuncia los delitos que sufre, una cifra que consideró clave para entender los límites de cualquier estrategia de seguridad que no involucre a la ciudadanía como actor central.
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