Algunos exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro podrían quedarse sin esquema de seguridad. De acuerdo con información revelada por La FM, correspondiente a los Secretos de D’Arcy Quinn, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tendría planeado hacer una evaluación de riesgos de quienes integraron la administración anterior, con el fin de determinar si requieren o no los esquemas de protección que les fueron asignados en su momento.
Al parecer, el lunes 14 de septiembre, la UNP determinará qué esquemas de seguridad mantendrá y comenzará a retirar los que considere innecesarios. Según la información conocida por el medio de comunicación citado, las personas que podrían quedarse sin protección son el exministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea y las exministras de Deporte, Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ciencia, Tecnología e Innovación.
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El informativo no especifica cuáles son las ex jefas de cartera que perderían su esquema de seguridad, pero podría tratarse de quienes ocuparon el cargo antes de que Abelardo de la Espriella llegara a la Presidencia de la República, es decir, Patricia Duque Cruz (Deporte), Helga Rivas (Vivienda) y Yesenia Olaya Reneque (Ciencia).
Justamente, la exministra de Ciencia se pronunció al respecto. La exfuncionaria aseguró que la posible eliminación de los esquemas de seguridad de quienes hicieron parte del Gobierno Petro constituye un “perfilamiento”. Afirmó que van a quedar desprotegidos y que sus adversarios podrían aprovechar esas circunstancias para tomar acciones en su contra.
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“Esto es un claro caso de perfilamiento. Es prácticamente decirles a nuestros adversarios: “A partir del lunes quedan expuestos y sin garantías. Procedan”. Y, para agravar la situación, entregar información a medios afines, vulnerando el debido proceso. ¿Esta es la democracia que pretende garantizar el Gobierno? ¿Dónde quedan las garantías para quienes ejercemos oposición? Gravísimo", precisó la exministra en una publicación en su cuenta de X.
La entidad, que ahora está a cargo de Didier Fabián Blanco Rodríguez, ya retiró algunos esquemas de seguridad de personas que fueron cercanas a la administración anterior.
Se trata de la joven Juliana Guerrero, que fue funcionaria del Ministerio del Interior y que trató de ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad presentando títulos académicos falsos. También se quedó sin esquema de protección la joven activista Gabriela Muñoz, señalada de haber incurrido en presuntas irregularidades durante su paso por la Aeronáutica Civil.
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Junto con ellas está el activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, afín al Gobierno Petro, que fue extraditado a Colombia por decisión de las autoridades de Estados Unidos, ante posibles anomalías en su situación migratoria.
Según informó El Tiempo, la decisión de dejar a Guerrero, Muñoz y Coral sin esquemas de protección obedeció a un estudio técnico de riesgo que concluyó que ninguno se enfrenta a situaciones que pongan en riesgo su integridad y su vida. El resultado del estudio se basó en el análisis de amenazas directas, la exposición pública del beneficiario y la proporcionalidad del gasto público frente al riesgo real.
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El funcionamiento de los tres equipos de protección representaba un costo mensual de $40 millones, según reportó el informativo. Ese rubro involucra el pago por los hombres de protección asignados a los beneficiarios y sus viáticos operativos, el alquiler y mantenimiento de los vehículos y el pago de gasolina.
Mientras estas tres personas se quedaron sin esquemas de protección, la UNP informó el 25 de agosto que asignaría medidas de protección a la lideresa social de Santa Marta y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico Naylea Barros, debido a que fue víctima de un atentado. La lideresa ya había solicitado a la entidad que se le otorgara un esquema de seguridad.
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