Preliminarmente, cinco personas entran en la competencia por ganar el concurso de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General, cuya experiencia en el ejercicio del derecho la labraron en el sector público, esencialmente, como agentes fiscales, jueces provinciales y delegados institucionales.
El concurso público de méritos, impugnación y oposición para elegir a un fiscal general para los siguientes seis años se quedó con cinco participantes de un total de 26 que llegaron hasta la fase de escrutinio, en la que se evalúa la probidad y ética en la trayectoria profesional e incluso personal.
Este 6 de octubre de 2026, una comisión ciudadana —que es un órgano integrado por diez personas, de las que solo ocho están actuando— aceptó 25 (de 41) impugnaciones que se presentaron en contra de 21 de los 26 concursantes, por lo que se quedaron fuera del proceso.
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La medida se tomó luego de escuchar a los accionantes y accionados sus elementos de cargo y descargo, en una jornada de audiencias públicas que se realizaron en las últimas dos semanas.
El resultado fue la descalificación de estos 21 aspirantes, entre los que están perfiles como el de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho y el de Inés Romero, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
La resolución de la comisión ciudadana no es la definitiva, ya que los afectados pueden apelar ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que sean los siete vocales: Andrés Fantoni, David Rosero, Johnny Terán, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto, Piedad Cuarán y Nicole Bonifaz, los que decidan si ratifican la decisión de primera instancia o dan la razón a los participantes.
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Este periodo de revisión, que será de última y definitiva instancia, tomaría entre siete y diez días tomando en cuenta los plazos para notificar y resolver, lo que permitirá determinar quiénes seguirán finalmente en el concurso.
En el caso de que el Pleno del CPCCS ratifique lo resuelto por la comisión ciudadana, la elección seguirá con la participación de cinco postulantes de los que solo uno tiene más de 40 puntos en su calificación de méritos.
Por ello, la siguiente fase será determinante para conocer al nuevo fiscal: la oposición y consiste en un examen de conocimientos valorado en 30 puntos y una prueba práctica sobre 20 que, en total, suman 50 puntos.
Los cinco participantes que van a esa etapa son:
- Carlos Alarcón Argudo, que en méritos tiene 46,5/50
- Mario Fonseca Vallejo, que alcanzó 37,75/50
- Juan Guaño Costales, con 37,75/50
- Andrea Cazar Villacís, con 37/50
- Patricio Haro Aldeán, con 34,5/50.
Los expedientes de estas cinco personas, que integran cientos de hojas de lo que han hecho, dan cuenta de que su carrera profesional se ha desenvuelto en instituciones del Estado.
El participante Carlos Alarcón, oriundo de Cuenca (Azuay), es abogado por la Universidad de Cuenca y actualmente es fiscal subrogante, en reemplazo de la exfiscal Diana Salazar y Wilson Toainga, exsubrogante, cuyo periodo en funciones terminó en abril del 2025.
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La autoridad ha hecho dos especializaciones en derecho penal y justicia indígena y una maestría en Derecho Procesal Penal.
Su vida laboral empezó en el 2001 como comisario en la Gobernación Cañar (Azogues); en el 2005 fue auxiliar de servicios legislativos; asesor parlamentario en el 2005 y 2006.
Amanuense entre el 2007 y 2009; secretario de fiscales de 2009 a 2015; y, antes de ser designado fiscal subrogante desde noviembre de 2025, por decisión del Consejo de la Judicatura (CJ), era agente fiscal.
Le sigue Mario Fonseca, abogado por la Universidad Central del Ecuador; fue analista jurídico en la Agencia Nacional de Tránsito entre el 2010 y 2012.
Luego fue juez de contravenciones, juez de trabajo, juez de primer nivel de Tena (Napo); y, hasta enero de 2026, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Napo.
El siguiente es José Guaño, quien es abogado por la Universidad Central; magíster en Derecho Internacional y tiene un doctorado en Administración de Hacienda.
En algunas ocasiones y por tres o cinco meses ha estado en el libre ejercicio hasta que desde el 2010 se vinculó al Estado como asesor jurídico en el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre el 2010 y 2012.
Luego fue asesor de la Corte Constitucional (CC); director de normatividad en la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; y, desde el 2014, agente fiscal hasta la actualidad.
La siguiente aspirante es Andrea Cazar, abogada por la Universidad de Loja con maestrías en Derecho Civil, Procesal y Comunicación Organizacional.
Ella fue delegada del Consejo de Participación Ciudadana en Imbabura entre el 2010 y 2012; delegada de la Defensoría Pública en esa provincia entre el 2012 y 2026; y, en el 2018 fue directora provincial en el Consejo de la Judicatura (CJ).
Finalmente está Patricio Haro, abogado por la Universidad de Loja y con otro título en Psicología; con dos maestrías en Derecho Penal, Criminología y diplomados.
Su experiencia laboral se inició como amanuense en la Fiscalía del Cotopaxi desde el 2007; fue secretario en la Fiscalía de Pichincha desde el 2009; y, agente fiscal entre el 2012 y 2026.
De acuerdo con el calendario de actividades, el CPCCS tendría para resolver hasta los últimos días de octubre o los primeros días de noviembre.
Se prevé que el concurso público termine en diciembre: en las fiestas de Navidad o Año Nuevo se podría conocer al nuevo titular de la Fiscalía para el periodo 2026-2032. (I)