José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de Panamá, comparecerá este lunes 7 de septiembre ante un juez de garantías por enriquecimiento injustificado agravado, informan medios locales. La fiscalía sostiene que declaró un aumento patrimonial sin justificar de USD 1.9 millones y la audiencia definirá si el caso avanza a juicio oral.
La imputación fue dictada el 26 de enero de 2026 por la jueza de garantías Oris Medina. La diligencia de este lunes se celebrará en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora y corresponde a la fase intermedia del proceso: la fiscalía presentará formalmente su escrito de acusación y anunciará sus pruebas, mientras la defensa expondrá sus propios elementos.
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La comparecencia no resolverá si Carrizo es culpable o inocente. El juez deberá revisar la acusación, evaluar las pruebas anunciadas por ambas partes y resolver posibles controversias sobre su admisibilidad antes de determinar si existen condiciones para enviar el expediente a juicio oral.
Antes de llegar a esta etapa, la fiscalía pidió en dos ocasiones que el caso fuera declarado causa compleja para ampliar el tiempo de investigación. Ambas solicitudes fueron rechazadas y, una vez vencido el plazo legal, el Ministerio Público cerró la investigación y presentó la acusación.
La investigación formalmente cerrada obligó a la Fiscalía Anticorrupción a avanzar con el escrito de acusación para revisión judicial. Ese mismo expediente se originó en el reporte de la Contraloría General de la República, que detectó el supuesto incremento patrimonial atribuido al exvicepresidente.
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En noviembre de 2025, el contralor Anel Flores ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por hasta USD 1.3 millones. La medida cautelar buscó asegurar fondos ante una eventual condena y un posible resarcimiento al Estado panameño.
Carrizo fue vicepresidente de Laurentino Cortizo entre 2019 y 2024. Ambos han intentado juramentarse como diputados al Parlamento Centroamericano, pero no lo han conseguido hasta ahora.
El expediente sumó otro episodio el viernes 4 de septiembre, cuando la jueza Karolina Santamaría rechazó la solicitud del Ministerio Público para secuestrar un apartamento de Carrizo en Costa del Este. La fiscalía apeló esa decisión y la audiencia para resolver el recurso quedó fijada para el 23 de septiembre a las 14:00 horas.
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Según publicó Destino Panamá, durante esa audiencia el Ministerio Público sostuvo que algunos de los últimos pagos del inmueble fueron hechos entre agosto y septiembre de 2019, cuando Carrizo ya ejercía como servidor público. La fiscalía alegó por esa razón que la propiedad guardaba relación con la investigación.
La defensa respondió que el apartamento había sido adquirido antes de la llegada de Carrizo al cargo. Según sus abogados, la promesa de compraventa fue suscrita el 23 de mayo de 2019, las escrituras fueron emitidas el 18 de junio de ese año y el exvicepresidente asumió funciones el 1 de julio de 2019.
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El abogado Roberto Moreno sostuvo ante el medio que faltaba autorización judicial para ejecutar la medida: “La Fiscalía tenía que tener la autorización de un juez de garantía”. También defendió el origen previo del bien: “Ese apartamento es anterior a que el señor Carrizo fuera funcionario público”.
La jueza concluyó que la aprehensión era ilegal y señaló que la solicitud de secuestro del bien no cumplía las condiciones previstas en el artículo 351 del Código Penal de Panamá. Según la resolución reseñada por la publicación, aunque parte de los pagos se hizo durante el período en que Carrizo fue vicepresidente, esos fondos provenían de un plazo fijo que mantenía su familia por cerca de USD 2,3 millones.
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