En las últimas horas, las autoridades que investigan el femicidio de Natalia Cruz imputaron a diez efectivos policiales de distintos rangos por presuntos incumplimientos de una orden judicial que ordenaba la custodia permanente del domicilio de la mujer, en donde fue asesinada por su ex pareja.
Los agentes de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano habrían incluso elaborado un informe policial con datos falsos para encubrir ese incumplimiento, de acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) de Salta quien los citó a audiencia este lunes.
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La mujer de 37 años fue asesinada por su ex pareja el 17 de febrero en su vivienda del barrio Luz y Fuerza, de la mencionada localidad salteña. Su agresor, Daniel Orlando Serapio, le confesó el crimen a la madre de la víctima y escapó. Fue capturado luego de dos semanas de intensa búsqueda, escondido en una cueva de la precordillera.
Al poco tiempo, la madre de Cruz reveló que su hija había viajado a Salta capital horas antes del ataque para radicar otra denuncia por violencia de género y solicitar una nueva orden de restricción, pero le dijeron que no había personal disponible para atenderla. La víctima ya contaba con una consigna policial fija, dispuesta por un juzgado como medida de protección ante los reiterados episodios de violencia de género que sufría, pero esa custodia nunca fue implementada, pese a que el personal de la Comisaría N°7 tenía conocimiento de la orden judicial. Esto llevó a que se tomara la reciente decisión.
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De acuerdo con la información indicada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras el femicidio, los agentes habrían procedido a formular un informe policial con datos falsos en el que se dejó constancia de un supuesto intento de implantar esa consigna en el domicilio de la víctima.
La fiscal María Luján Sodero Calvet, titular de la UFEM, encabeza la investigación junto a la fiscal Claudia Geria, de la Fiscalía de Derechos Humanos. La Procuración General de Salta resolvió conformar una unidad conjunta entre ambas dependencias para profundizar la pesquisa sobre la actuación policial. Los fiscales sostuvieron que la investigación permitió reunir evidencias sobre presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, con incumplimientos de protocolos, deficiencias en los controles internos y fallas en la ejecución de medidas de protección durante enero y febrero de 2026 en esa dependencia.
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Los diez imputados tienen distintos grados de responsabilidad según la acusación. El jefe de la dependencia y el efectivo que se desempeñaba como jefe de guardia enfrentan cargos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Al primero se le atribuye haber promovido la confección del informe falso y haber omitido garantizar el cumplimiento de la custodia. Al segundo, haber ordenado la redacción de ese documento y no haber supervisado la ejecución de la medida judicial.
Otros dos efectivos —un suboficial y un oficial— fueron imputados por el primero de los delitos. Al suboficial se le atribuye haber redactado y firmado materialmente el informe apócrifo; al segundo, haber transmitido la orden de confeccionarlo. Los cinco restantes —cuatro mujeres y un hombre— fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber adoptado medidas para efectivizar la consigna policial ni haber informado a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplirla.
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La reconstrucción de los hechos se realizó a partir del análisis de documentación y de testimonios recabados por la Unidad Fiscal, con intervención del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2° Nominación del distrito Centro. Serapio permanece bajo prisión preventiva desde marzo, al igual que otros dos imputados por encubrimiento agravado durante su fuga.