Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, una de las promesas que había instalado en campaña era la hacer una profunda reforma del Sistema Registral Automotor Argentino, con el foco puesto crear un ecosistema digital remoto, abierto, accesible y estandarizado que permitiera cerrar los Registros del Automotor y terminar con una de las mayores cajas de la política en Argentina.
Dos años y medio después, el recorrido muestra un cambio normativo e institucional profundo, con cierres, unificaciones, rebajas de aranceles y digitalización parcial, pero también deja a la vista una innegable distancia entre el proyecto original y el nivel de implementación real que tuvo hasta el momento.
PUBLICIDAD
La publicación de la Resolución 411/2026 este 31 de agosto sumó una nueva etapa a ese proceso: dispuso la unificación de registros, la supresión de 14 oficinas y el cierre operativo de otras 13 delegaciones ya alcanzadas por normas previas.
El punto de partida del sistema que recibió el Gobierno también ayuda a medir la dimensión del intento. A fines de 2023, la Argentina tenía 1.557 registros de la propiedad automotor, un esquema apoyado en sedes físicas, jurisdicciones territoriales rígidas, expedientes en papel y circuitos presenciales. Esa estructura fue la que el oficialismo buscó reemplazar por un modelo remoto, abierto y centralizado, aunque el avance terminó siendo más complejo y lento de lo que preveía el plan original.
PUBLICIDAD
El primer movimiento fue legal. El DNU 70/2023 modificó el Régimen Jurídico del Automotor y habilitó que las inscripciones y anotaciones no sólo pasaran por los registros seccionales, sino que también pudieran realizarse directamente ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). La meta oficial era crear un servicio de inscripción remoto, abierto, accesible y estandarizado, bajo jurisdicción nacional.
En la práctica, eso implicaba mucho más que digitalizar un formulario. Suponía cambiar la lógica entera del sistema: menos dependencia de la oficina física, menos territorialidad y más intervención directa de la DNRPA. Ese fue el corazón del proyecto que Milei presentó como una desburocratización del mercado automotor y una baja de costos para usuarios y empresas.
PUBLICIDAD
La reforma no partía de una estructura pequeña. A diciembre de 2023, el padrón sumaba 1.557 registros, con competencias diferenciadas, trámites repartidos por materia y una organización fuertemente atada a la jurisdicción del domicilio o la radicación.
La propia normativa oficial siguió describiendo al sistema, incluso todavía lo hace en 2026, como una red de más de 1.500 registros seccionales distribuidos en todo el país, lo que muestra el tamaño del andamiaje que el Gobierno se propuso rediseñar.
PUBLICIDAD
Ese dato permite leer la escala del proceso. No se trataba sólo de cerrar ventanillas, sino de transformar una red construida durante décadas, con expedientes dispersos, personal, estructuras intervenidas y una operatoria cotidiana sostenida sobre papel y custodia física.
Uno de los contrastes más claros entre la promesa inicial y la ejecución real apareció en el calendario. El plan derivado del DNU 70/2023 fijaba como fecha límite el 2 de mayo de 2024 para que existiera una opción 100% digital. Ese plazo venció sin anuncios de puesta en marcha plena.
PUBLICIDAD
Meses después, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a instalar la expectativa con la posibilidad de hacer trámites desde la casa y sin obligación de pasar por un registro determinado. Pero la ventanilla única nacional no apareció en el tiempo originalmente previsto. Ese incumplimiento fue uno de los primeros indicios de que la reforma iba a chocar con restricciones más complejas que una simple decisión política.
La gran traba del proyecto no fue sólo legal. Para eliminar o vaciar de sentido a la red física, primero había que digitalizar la documentación histórica de los vehículos en circulación y contar con una plataforma capaz de procesar todas las operaciones posibles.
PUBLICIDAD
Fuentes oficiales consultadas por Infobae a fines de 2024 estimaban que al menos un 30% de los expedientes seguían en formato puramente físico, lo que hacía inviable una migración integral inmediata.
Ese problema apareció luego reflejado en normas concretas. La Resolución 272/2024 ordenó que todas las tramitaciones posteriores a su entrada en vigencia quedaran reflejadas en un repositorio digital. Más adelante, la Disposición 58/2026 mandó desafectar de los archivos de los registros los Legajos B sin movimiento en los últimos 15 años, embalarlos y remitirlos a la DNRPA para su traslado y guarda centralizada. La norma todavía no habla de una digitalización total, pero sí de un paso concreto para sacar parte del archivo físico de las oficinas y reordenarlo desde el nivel central.
PUBLICIDAD
Mientras el registro remoto integral se demoraba, la reforma sí se movió con rapidez sobre la estructura física y administrativa. La Resolución 209/2024, publicada en julio de 2024, marcó el inicio formal de esa etapa con la supresión de registros seccionales y la reasignación de sus competencias. Una resolución posterior precisó que ese primer recorte había alcanzado a 136 registros.
El proceso siguió en enero de 2025 con la Resolución 19/2025, que dispuso la supresión de 155 registros seccionales. Y este 31 de agosto de 2026 la Resolución 411/2026 agregó 14 supresiones más. En total, el Gobierno dispuso por norma 305 supresiones desde el inicio de la reforma. El criterio oficial fue concentrarse en registros intervenidos, vacantes o bajo configuraciones que, según el Ministerio, ya no se justificaban dentro del nuevo paradigma.
PUBLICIDAD
Uno de los puntos más confusos del proceso fue que el Gobierno usó varias herramientas distintas para achicar el sistema. La supresión normativa de un registro no equivale automáticamente a su cierre operativo efectivo. Tampoco significa lo mismo que una unificación o una absorción de competencias por otra oficina. Esa diferencia quedó expuesta con claridad en la última resolución de este lunes 31 de agosto del Boletín Oficial.
La Resolución 411/2026 no sólo dispuso 14 nuevas supresiones, sino que además ordenó el cierre operativo de 13 oficinas registrales cuya supresión ya había sido decidida por las resoluciones 272/2024 y 19/2025. A la vez, la misma norma afirmó que la reorganización permitirá reducir 368 registros seccionales por vía de unificación formal bajo una misma conducción.
Esa triple capa muestra que el achique no avanzó de modo lineal y que todavía hay una distancia entre el rediseño escrito en las normas y su materialización completa.
Aunque la discusión pública se concentró en los cierres, una de las mutaciones más relevantes del sistema vino por otro lado. La Resolución 272/2024 eliminó los polígonos de división territorial y dispuso jurisdicción única en todo el país, con el objetivo de permitir que los usuarios elijan el registro seccional donde presentar sus trámites.
Ese cambio tocó una base histórica del sistema registral automotor argentino: la asociación entre cada operación y una oficina determinada por domicilio o radicación. La promesa de competencia entre registros, que Sturzenegger mencionó públicamente en 2024, partía de esa decisión. En términos institucionales, fue una de las reformas más ambiciosas porque debilitó la lógica territorial rígida sobre la que había funcionado el esquema tradicional.
La otra gran apuesta de 2024 fue la creación del Legajo Digital Único (LDU) y del Certificado Digital Automotor (CDA). Ambos nacieron con la Resolución 272/2024 como piezas centrales de la transición hacia un entorno digital. El LDU quedó definido como reemplazo normativo del Legajo B físico, mientras que el CDA se integró al sistema SURA para que los registros pudieran calificar trámites sobre una base digital.
Pero ese avance no implicó la desaparición inmediata del soporte físico. La misma norma dispuso que el funcionario a cargo del registro debía conservar en su poder el documento en papel como depositario, bajo las condiciones que fijara la DNRPA. Es decir, el sistema empezó a migrar a una lógica digital para las nuevas actuaciones, aunque siguió conviviendo con la custodia material y con un archivo histórico todavía no absorbido por completo por el nuevo esquema.
La reforma tecnológica no se desplegó sobre todo el universo registral al mismo tiempo. El primer tramo concreto fue la inscripción inicial de vehículos cero kilómetro. La Disposición 93/2025 reglamentó que las inscripciones iniciales de automotores y motovehículos 0 km, nacionales e importados, podían tramitarse de manera remota a través del Registro Único Virtual (RUV), con carga de datos en el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) por parte de comerciantes autorizados y bajo condiciones precisas.
Más adelante, la Disposición 829/2025 aprobó los términos y condiciones del RUNA y lo definió como plataforma destinada a centralizar, modernizar y transparentar la gestión de trámites. En julio de 2026, la Disposición 140/2026 amplió esa operatoria a personas jurídicas, con ingreso de documentación y representantes a través del Legajo Electrónico Personal (LEP) y la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Todo eso muestra que la digitalización sí avanzó, pero lo hizo por capas y todavía concentrada en un conjunto específico de trámites, no en la totalidad de las operaciones del sistema registral automotor.
Otro de los ejes fuertes del discurso oficial fue el costo de los trámites. La Resolución 273/2024 redujo el arancel de inscripción inicial y transferencia para automotores y motovehículos y lo llevó al 1% del valor del bien por todo concepto en esos casos, con inclusión de título, una cédula, dos certificaciones de firma y otros cargos asociados. A eso se sumó, en febrero de 2025, la Resolución 38/2025, que estableció una rebaja del 20% para las inscripciones iniciales gestionadas a través del RUV.
El problema es que, aun con esas rebajas y con los cierres ya ejecutados o en curso, el Gobierno llegó a 2026 sin haber completado la transformación prometida. Por eso lanzó en julio de este año el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, creado por la Resolución 306/2026.
Esa norma reconoció que la etapa inicial del proceso abarcaría aproximadamente 200 registros intervenidos, tanto con intervención externa como interna. El relanzamiento fue, al mismo tiempo, una señal de continuidad y una admisión implícita: a dos años y medio del arranque, el proyecto seguía en construcción. La señal que se envió fue buena, pero a la vez confirmó que los resultados tangibles para los usuarios todavía son de menor impacto.
En ese marco también puede leerse la Resolución 403/2026, que dejó sin efecto un concurso para cubrir la titularidad del Registro Seccional Tucumán Nº 2, convocado más de veinte años antes. El Ministerio sostuvo que las razones que en su momento justificaban esa cobertura habían cambiado de manera drástica por la política de reducción de registros, reorganización y tramitación remota. Fue otra señal de que el Gobierno ya no piensa el sistema con la misma lógica institucional que heredó.
El balance de estos dos años y medio deja una imagen doble. Por un lado, la reforma de Milei dejó de ser una consigna de campaña y se convirtió en una secuencia concreta de normas, cierres, rebajas y herramientas digitales. Por el otro, la promesa original de un registro automotor plenamente digital, remoto y nacional sigue condicionada por el peso de los expedientes físicos, la complejidad de migrar millones de antecedentes y la necesidad de sostener la operatoria cotidiana sin romper un sistema que todavía convive con estructuras viejas y nuevas. La Resolución 411/2026, publicada este lunes, confirma que el rediseño no se frenó, pero también que está lejos de haberse cerrado.