En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se desarrolló este lunes la audiencia para discutir la nueva solicitud que realizó el Ministerio Público para desaforar al senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto. Esto, luego de que la Fiscalía Local de Coyhaique cerrara investigación y presentara por segunda vez una acusación en su contra por delitos reiterados de fraude al Fisco.

Si bien los persecutores ya habían conseguido desaforar al parlamentario cuando ejercía como diputado, tras la reapertura de la indagación y el nuevo cierre, decidieron volver a ingresar la petición para así evitar dilaciones en el proceso. Lo anterior, pues hay quienes postulan que cuando Calisto fue electo senador ganó un nuevo fuero.

Durante la jornada los ministros del tribunal de alzada de Los Lagos escucharon los alegatos del Ministerio Público y de la defensa, aunque hasta ahora el pleno no ha emitido un pronunciamiento.

Bajo esta indagatoria, como enfatizó el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, la Fiscalía estableció que entre 2018 y 2022 el legislador se concertó con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf, para recibir dineros del Congreso por falsas asesorías pagadas como asignaciones parlamentarias. El total del monto defraudado asciende a $ 105 millones.

Campos explicó que Graf, pareja de Cárcamo y quien trabajaba como educadora de diferencial y era desconocida por la secretaria de Calisto en el Congreso, fue contratada por montos que fluctuaron entre los $ 1,1 y $ 3,1 millones. Los montos se pagaron incluso durante los cerca de dos años que estuvo con licencia por embarazo y posnatal.

En el mismo sentido, el abogado mencionó que el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) señala que “todos los dineros recibidos por Carla Graf fueron transferidos al diputado Calisto y a personas cercanas al partido Demócrata Cristiano”.

Tras esto, Campos enumeró elementos para que el tribunal los tuviese en consideración al momento de tomar el acuerdo. En primer punto, hizo presente la calidad de empleados públicos de los involucrados es incuestionable, que fue el propio diputado Calisto quien propuso a Graf como asesora parlamentaria, que existieron ocho contratos durante el 2018 al 2022, que estos eran prácticamente idénticos y, también, que los principales acusados son amigos desde hace años.

De igual manera, Campos subrayó que Calisto, no obstante saber que Graf es y trabajaba como profesora educadora diferencial, igual la presentó para recibir honorarios; que la profesional recibió los fondos fiscales no obstante encontrarse con licencia médica durante 2020 al 2022; que los informes para pagar los honorarios de asignación a parlamentarios nunca existieron; y que esos informes se utilizaron para defraudar al Fisco.

“Son delitos reiterados que afectaron el correcto desempeño de la función pública porque precisamente este funcionario público malogró los principios de objetividad, integridad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública con este perjuicio millonario”, aseguró Campos. Luego enfatizó: “Esto es una bofetada a la democracia”.

La defensa

Desde la otra vereda, el senador fue representado por el abogado José Pablo Gómez, quien en primer punto insistió en que Graf sí prestó asesorías a Calisto.

“Cumplía efectivamente un rol de asesora política en línea directa con el hoy honorable senador. No era de andar haciendo reuniones ni comités, sino que le encargaba de tú a tú las indicaciones precisas de lo que él necesitaba de sus asesores y el resto de su equipo de apoyo”, manifestó el penalista.

Junto con ello, el abogado recordó que toda la indagación surgió a partir de documentos que se obtuvieron irregularmente desde el correo electrónico del congresista, y que eso nunca fue cuestionado por el órgano persecutor.

De igual forma, Gómez manifestó que, durante la misma jornada de este lunes alegaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique que podría revertir eventualmente el cierre de la causa, pues la defensa insiste en que no han tenido acceso a todos los antecedentes recopilados. Exigen, en ese sentido, que se les dé copia de la información aportada por Cárcamo.

De hecho, aludiendo a que esa resolución estaba pendiente, al igual que la solicitud de recusación de dos ministros de la Corte de Puerto Montt -porque previamente habían manifestado que no se requería volver a tramitar el desafuero de Calisto-, la defensa intentó sin éxito suspender la vista y debieron igualmente hacer sus descargos.

Insistió con todo, que requieren de más tiempo para revisar los antecedentes. “Vía amparo solicitamos un plazo extraordinario para poder revisar los antecedentes, porque si Carla Graf no hizo los informes que ella dice que hizo, y los hizo su marido, tengo el legítimo derecho de desconfiar de la información aportada por este imputado que cuando estaba en libertad, apoyaba a mi representado, pero que cuando estuvo privado de libertad, cambió la versión”, recalcó.

Y agregó: “Entendemos que hay una infracción a garantías fundamentales, al derecho a la defensa, y por este argumento, su señoría ilustrísima, le solicito respetuosamente que no dé lugar a la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado”.