El Gobierno nacional, liderado por el presidente, Abelardo de la Espriella, pidió la renuncia a los 10 integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal tras la llegada de Iván Cancino al Ministerio de Justicia. La solicitud fue enviada el 26 de agosto de 2026 por la Secretaría Técnica de la entidad.
La petición se produce mientras el Ministerio de Justicia prepara un proyecto de ley de sometimiento para grupos armados. La iniciativa no incluiría excarcelaciones para personas condenadas ni reconocimientos políticos para esas organizaciones, según informó El Tiempo.
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La directora encargada de Política Criminal y Penitenciaria solicitó a cada integrante presentar su renuncia protocolaria con base en el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014, que regula la conformación y las facultades de nominación de la comisión. La comunicación atribuyó la medida orientada a un cambio en la dirección de la cartera y no expuso otras razones.
“Sobre el particular, nos permitimos informar formalmente que, desde el presente mes de agosto del año en curso, el Doctor Iván Cancino ha asumido el liderazgo de esta cartera ministerial. En atención a lo anterior, y haciendo uso de las facultades y potestades reglamentarias atribuidas en el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014 el cual regula la conformación, funcionamiento y potestades de nominación relativas a la Comisión Asesora de Política Criminal, de la manera más respetuosa nos permitimos solicitarle la remisión de su renuncia protocolaria al cargo de miembro actual de dicha Comisión”, puntualiza el escrito oficial publicado por el medio citado.
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La comisión es un órgano consultivo e independiente integrado por académicos y juristas que trabajan ad honorem durante periodos de dos años. Sus funciones incluyen emitir conceptos técnicos, elaborar diagnósticos y evaluar proyectos normativos sobre asuntos penales y penitenciarios.
La lista de expertos a quienes se les pidió la renuncia incluye a Francisco Bernate, Rocío del Pilar Peña Huertas, Yessika Hoyos Morales, Aura María Cárdenas Paulsen, Mauricio Cristancho Ariza, María Camila Moreno Múnera, Julio César Orti, Sebastián Machado, Martha Cecilia Abella y Alejandro David Aponte. Sus perfiles abarcan la academia, el litigio, la criminología, la sociología y los derechos humanos, y su trabajo se articula con el Viceministerio de Política Criminal.
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, relevó a Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y designó al economista Juan Manuel Alvarado Nivia. La medida, anunciada el 14 de septiembre de 2026, fue vinculada con la revisión de indicadores oficiales y con el cumplimiento de las directrices del Ejecutivo.
Valencia fue declarado insubsistente en un puesto de libre nombramiento y remoción luego de afirmar que no había encontrado anomalías en los indicadores económicos de julio de 2026, elaborados durante el último mes del gobierno de Gustavo Petro.
La Presidencia de la República cuestionó que esa conclusión se difundiera “sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas”. El Gobierno sostuvo que debe revisar la información que recibe el organismo y comprobar que las estadísticas usadas en decisiones estratégicas reflejen la situación económica y social del país.
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La salida del funcionario también fue atribuida al incumplimiento de la Directiva Presidencial 001. La Presidencia indicó que Valencia “hizo caso omiso” de instrucciones obligatorias para quienes integran el Gobierno.
El comunicado no detalló el contenido de esa directiva ni precisó cuáles fueron las acciones que llevaron al Ejecutivo a formular ese señalamiento. La posición oficial asoció la autonomía técnica del organismo con el deber de los funcionarios de acatar las órdenes presidenciales y mantener la coordinación administrativa.