El Gobierno de México rechazó este martes las acusaciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien señaló la existencia de vínculos entre los cárteles y las autoridades mexicanas. En un comunicado conjunto, el Ejecutivo federal calificó las afirmaciones de infundadas y presentó un balance de resultados para refutarlas.
“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, se lee en el comunicado.
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El documento, fechado el 14 de julio de 2026 en Ciudad de México, lleva la firma de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales”, agrega el texto.
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Desde el arranque de la actual administración y hasta el 30 de junio de 2026, el Gobierno federal reportó la detención de 59 mil 582 personas, entre las que se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones criminales, “sin distinción alguna“, según precisa el comunicado.
En materia de aseguramiento de bienes, las instituciones de seguridad decomisaron 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga. Dentro de ese volumen se incluyen 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo, cifra que el Gabinete presenta como evidencia directa del combate al tráfico de la sustancia que más preocupa a las autoridades estadounidenses.
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El operativo también alcanzó la infraestructura del narcotráfico: fueron inhabilitados 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destinadas a la elaboración de metanfetaminas.
Uno de los argumentos centrales del comunicado para refutar las acusaciones es la persecución de servidores públicos corruptos. Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones complementarias, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos vinculados a actividades delictivas.
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Entre los detenidos figuran siete presidentes municipales en funciones. El Gabinete de Seguridad señaló que ese dato confirma que “en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas“, en respuesta directa a la acusación de connivencia con el crimen organizado.
El Gabinete también incluyó un indicador de violencia general. De septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos registró una caída del 48 %, equivalente a 41 homicidios menos por día en todo el país, de acuerdo con los datos presentados en el propio escrito.
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El documento presenta esa reducción como reflejo directo de la estrategia de seguridad, aunque no desglosa los factores específicos que explican la baja ni ofrece comparativos por entidad federativa.
El documento cerró con un mensaje dirigido a Washington. El Gabinete reconoce que los mecanismos de cooperación bilateral han producido resultados concretos, entre ellos la detención de “objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de Estados Unidos“.
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Al mismo tiempo, el Gobierno de México reafirmó su disposición a fortalecer esa cooperación, pero estableció las condiciones bajo las cuales está dispuesto a hacerlo: respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación. El objetivo declarado es combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones.
"Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones“, declaró Terry Cole este lunes durante la cumbre Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida. El titular de la DEA advirtió que la agencia no limitará sus acciones a los integrantes de los grupos criminales: también perseguirá a quienes, desde cargos públicos, presuntamente permitan o faciliten su actividad. Cole señaló que el foco de la ofensiva abarca las estructuras dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como a sus presuntos protectores dentro del aparato gubernamental.
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