La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dio a conocer que el gobierno de México logró un ahorro de 83.8 millones de pesos en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras sancionó a 4,193 servidores públicos, inhabilitó a 222 proveedores y presentó 517 denuncias penales.
La dependencia federal creada para combatir la corrupción en la administración pública mexicana, presentó su informe de dos años de gestión durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este martes 22 de septiembre de 2026.
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Desde Palacio Nacional, Buenrostro explicó que los recursos provinieron de cambios en las estrategias de compras gubernamentales, la vigilancia de contratos públicos, la reorganización administrativa y el cobro de multas y sanciones. La secretaria sostuvo que el enfoque de la dependencia se concentró en prevenir irregularidades antes de que implicaran un daño al erario, por lo que destacó un avance importante en la lucha contra la corrupción en México.
El ahorro de 83,800 millones de pesos se distribuyó entre el primer año —13,800 millones de pesos— y el segundo —70,000 millones de pesos—, lo que refleja una aceleración en los resultados. Ese total se construyó a partir de cinco mecanismos distintos.
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Las mejoras en compras públicas, mediante diálogos con proveedores y el uso de subastas inversas —mecanismo donde los proveedores compiten bajando precios en lugar de subirlos—, generaron un ahorro de 29,000 millones de pesos. El seguimiento a contratos, con supervisión de incumplimientos y modificaciones injustificadas, aportó 42,200 millones de pesos. El cobro de multas, penalizaciones y devolución de pagos en exceso sumó 4,800 millones de pesos, mientras que las reestructuras administrativas contribuyeron con otros 7,800 millones de pesos.
La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno presentó como ejemplo una compra de equipo médico del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), en la que la dependencia acompañó el proceso para establecer condiciones de competencia entre fabricantes.
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La funcionaria señaló que las reuniones con proveedores permitieron discutir los estándares tecnológicos de los equipos antes de iniciar la competencia por precios. “Logramos ahorros, una compra de los equipos 46% menor, pero con la tecnología de vanguardia”, afirmó.
También explicó que los cambios a la Ley de Adquisiciones, iniciados en 2024 por instrucciones de Sheinbaum, incluyeron reglas diferenciadas para facilitar la participación de pequeñas empresas, mipymes y cooperativas en las contrataciones públicas.
Buenrostro señaló que en 2026 se alcanzó el máximo histórico de declaraciones patrimoniales presentadas en tiempo y forma, con una cobertura de 97.7% de los servidores públicos.
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La dependencia también presentó los programas Semilleros de la Honestidad, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria, y Rally Cero Corrupción, enfocado en jóvenes de educación media superior.
La secretaria indicó que las actividades presenciales de prevención se realizaron en Baja California Sur, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Tabasco.
Además, mencionó trabajos con la SEP, la OCDE, el BID, el Banco Mundial, el CLAD, la OEA y el Instituto de Formación de Servidores Públicos de Francia, con el objetivo de revisar prácticas aplicadas en otros países.
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En el frente sancionatorio administrativo, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, la SABG procesó a 4,193 servidores públicos. De ellos, 3,528 recibieron sanciones directamente por parte de la dependencia y 665 fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) —instancia independiente que resuelve conflictos entre ciudadanos o servidores y la administración pública—. Un total de 1,737 funcionarios quedaron en proceso y 87 fueron notificados como sancionados.
En cuanto a particulares, la SABG sancionó a 286 proveedores, de los cuales 222 recibieron inhabilitación con multa y 64 solo con multa. Las multas totales en contrataciones públicas sumaron 147.3 millones de pesos, aunque 22 sanciones fueron anuladas: 19 por el TFJA y tres por el Poder Judicial de la Federación (PJF). Por infracciones en materia de protección de datos personales en manos de particulares, se sancionó a 51 personas y empresas, con multas por 118.5 millones de pesos.
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En el ámbito penal, la SABG presentó 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 1,052 personas físicas y morales. Los delitos incluyen enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado. De esos casos, 53 derivaron en vinculaciones a proceso y se abrieron 82 asuntos penales.
El informe documenta tres casos específicos como ejemplos de la actuación de la dependencia. El primero involucra a la extinta Policía Federal: en 2015 se contrató un sistema de inteligencia por 130 millones de dólares, se gestionaron pagos por más de 65 millones de dólares por supuesto avance del contrato, pero los recursos fueron desviados. Como resultado, el ex titular de la División de Inteligencia y la ex Secretaria General de la Policía Federal recibieron inhabilitaciones de 15 y 20 años respectivamente. La SABG solicitó reparación del daño por más de 65 millones de dólares y el asunto sigue en investigación ante la FGR.
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El segundo caso involucra al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP): en 2025 se contrató la producción y envasado de 2,214 toneladas de frijol por 80 millones de pesos. El contrato fue rescindido por incumplimiento —los servicios nunca se prestaron—, pero ya se habían pagado anticipadamente 73.6 millones de pesos. La SABG acreditó el pago indebido, remitió el caso al TFJA involucrando a nueve servidores públicos y un proveedor, y presentó denuncia penal. El expediente está en proceso ante el tribunal y en investigación ante la FGR.
El tercer caso corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): en 2025 se denunció el reetiquetado de medicamentos oncológicos en almacenes contratados por esa institución, presuntamente por parte de servidores públicos, proveedores y terceros, sin justificación. En febrero de 2026, la SABG acreditó la falta grave de dos servidores públicos por abuso de funciones y daño patrimonial de 1.8 millones de pesos, y remitió el expediente al TFJA.
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