Por Cartas al director12 SEPTIEMBRE 2026
SEÑOR DIRECTOR:
Las recientes cifras del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios del primer semestre de 2026 son alentadoras. Se registraron 472 víctimas, equivalentes a una tasa de 2,3 por cada 100 mil habitantes: 41 casos menos que en igual período de 2025 y una reducción de 11,5% en la tasa nacional. Más aún, desde el máximo alcanzado en 2022, con 660 víctimas, se observa una disminución sostenida durante cuatro años.
Sin embargo, esta positiva tendencia requiere matices. La realidad nacional no puede invisibilizar lo que ocurre en las regiones. Mientras once disminuyeron su tasa, cinco registraron aumentos: Tarapacá (78,9%), Coquimbo (42,1%), O’Higgins (33,3%), Maule (10,5%) y Ñuble (11%).
Existe, además, una señal preocupante. Entre 2022 y 2025 predominaban los homicidios de contexto interpersonal. En 2026 ese patrón se quiebra: los asociados a delito y/o grupo organizado pasan a ser el predominante y representar el 41,3% de las víctimas, aumentando de 165 a 195 casos respecto de 2025, un 18% más. A ello se suma que el 48,9% de las víctimas murió por armas de fuego, proporción que aumentó 2,9 puntos porcentuales.
Estos antecedentes plantean al menos dos desafíos. Primero, la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031 requiere una implementación con fuerte enfoque regional y local: una mejora nacional puede coexistir con deterioros territoriales relevantes. Segundo, una disminución global de los homicidios no implica necesariamente un retroceso del crimen organizado. Por ello, resulta necesario actualizar la Política Nacional contra el Crimen Organizado, promulgada en 2022, adecuándola a una realidad criminal que hoy presenta características distintas.
Pablo Urquízar M.
Coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB
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