La extorsión impulsa desplazamientos en Honduras, según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). En la última década, la institución documentó más de un millar de quejas vinculadas con cobros ilegales, amenazas y presiones de estructuras criminales que obligan a las víctimas a dejar sus viviendas, trabajos y comunidades.
Durante ese período, la institución advirtió sobre la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar la respuesta estatal y coordinar esfuerzos entre las entidades encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, explicó que el desplazamiento forzado no responde a una sola causa, sino a distintas situaciones de violencia que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas.
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“No podemos decir que existe una sola causa para que una persona se desplace o salga huyendo para salvaguardar su integridad física y su vida”, señaló Reyes al referirse a la complejidad de este fenómeno.
Entre las razones identificadas por el CONADEH figuran amenazas directas, intentos de homicidio, violencia doméstica, asesinato de familiares, despojo de bienes y, de manera recurrente, la extorsión.
La extorsión se extendió a distintos ámbitos de la sociedad hondureña. Según el Conadeh, entre las personas afectadas hay comerciantes, amas de casa, propietarios y trabajadores del transporte público, conductores de autobuses, taxistas, mecánicos, docentes, abogados y periodistas, que han sido objeto de amenazas y exigencias económicas bajo intimidación.
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Los registros de la institución indican que este fenómeno tiene mayor presencia en zonas urbanas con alta concentración poblacional y mayor movimiento económico.
Ocho de cada diez casos de desplazamiento vinculados con extorsión se registraron en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde se concentran ciudades con alta actividad comercial.
Los datos del Conadeh reflejan que 2023 fue el año con mayor número de denuncias relacionadas con extorsión en la última década. Durante ese período, la institución atendió 1.761 quejas por desplazamiento forzado, de las cuales 258 casos estuvieron relacionados con la extorsión, equivalentes al 14,65%.
Así mimos el informe de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh estableció que, de las 676 quejas atendidas durante 2025 relacionadas con personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado, cerca del 6% estuvo asociado a la extorsión.
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Uno de los principales obstáculos para enfrentar este fenómeno es el temor de las víctimas a acudir a las autoridades. Reyes señaló que muchas personas no denuncian porque consideran que hacerlo podría aumentar el nivel de peligro al que están expuestas.
“Existe temor porque las personas creen y manifiestan que, al denunciar, se va a incrementar su situación de riesgo”, explicó la representante del Conadeh.
Esta situación dificulta que las autoridades conozcan con precisión la dimensión del problema y actúen a tiempo para proteger a quienes reciben amenazas.
Aunque Reyes reconoció los esfuerzos realizados por la Secretaría de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público para combatir la extorsión, afirmó que uno de los principales retos sigue siendo la falta de una respuesta conjunta entre las instituciones.
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A criterio del Conadeh, la seguridad ciudadana no debe ser vista como una responsabilidad exclusiva de una sola entidad estatal, sino como un desafío que requiere coordinación entre autoridades, empresa privada y población.
El impacto de la extorsión no solo se refleja en pérdidas económicas o cambios de residencia. El Conadeh advirtió que este delito también limita otros derechos de la población.
Reyes explicó que cuando una persona vive bajo amenazas constantes pierde la capacidad de desarrollar actividades cotidianas, emprender negocios o ejercer plenamente su derecho al trabajo.
El clima de inseguridad provoca que muchas familias abandonen proyectos personales, cierren negocios o cambien sus rutinas para reducir el riesgo de convertirse en víctimas.
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Ante el crecimiento de este fenómeno, el Conadeh planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y establecer sistemas de alerta temprana que permitan identificar situaciones de riesgo antes de que las personas sean obligadas a huir.
La institución considera que una respuesta efectiva requiere acciones anticipadas, atención a las víctimas y una estrategia integral que permita combatir las causas que generan el desplazamiento forzado.