El adelanto electoral anunciado esta mañana por Pedro Sánchez deja en el aire tres de las principales leyes de carácter social que el Gobierno tenía en marcha: la regulación de la IA, la protección de los menores en los entornos digitales y la lucha contra la violencia vicaria.
La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre interrumpen su tramitación parlamentaria y obligan, si el próximo Ejecutivo quiere recuperarlas, a iniciar de nuevo su recorrido en la siguiente legislatura.
Protección a los menores en entornos digitales
De los tres proyectos, el de protección de los menores en los entornos digitales era el que se encontraba en una fase más avanzada, en ponencia en el Congreso. Entre sus principales medidas figura elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales, así como establecer mecanismos de protección frente a los riesgos del entorno digital. La iniciativa también obliga a los fabricantes de dispositivos con acceso a Internet a incorporar herramientas gratuitas de protección, como sistemas de control parental.
La iniciativa llega en un momento en el que la Unión Europea aprobó el pasado mes de septiembre la regulación del acceso de los menores a las plataformas digitales. En concreto, la normativa europea establece que los menores de 15 años no podrán abrir cuentas en redes sociales ni plataformas de vídeos sin autorización de sus padres.
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La ley de violencia vicaria modifica hasta diez normas
Desde el Ministerio de Igualdad, caerá la Ley de Violencia Vicaria, que el 30 de septiembre pasaba su primer examen en el Congreso tras la enmienda de Vox. La norma tipifica como agravante de género este tipo de violencia y prevé la privación de la patria potestad de los maltratadores condenados en firme por determinados delitos graves. El proyecto prohíbe explícitamente a los condenados publicar o difundir contenidos relacionados directamente con el delito cometido durante un periodo de hasta 20 años.
La ley recoge modificaciones en hasta diez normas, entre ellas los códigos Penal y Civil, y establece la obligación de escuchar a las personas menores antes de acordar un régimen de guardia y custodia.
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Buen uso de la inteligencia artificial
La Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial había sido remitida al Congreso en junio y se encontraba en tramitación parlamentaria. El proyecto pretende establecer un marco de gobernanza de la IA, adaptado al Reglamento Europeo, que establece unas reglas comunes para el uso de esta tecnología.
Entre sus principales objetivos están garantizar un uso seguro, ético e inclusivo de la IA, reforzar la transparencia de los algoritmos y proteger derechos como la privacidad, la igualdad y los menores. La norma prohíbe que la IA pueda utilizarse para hacer deepfakes sexuales o para producir material de abuso sexual infantil. Las multas pueden llegar, en los casos más graves, a los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual de la empresa sancionada.
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La disolución de las Cortes Generales supone que los proyectos que permanecían en tramitación parlamentaria decaigan y que su eventual recuperación dependa de la composición de las nuevas Cámaras y de las prioridades del próximo Ejecutivo.
Periodista especializada en temática social: feminismos, migraciones, salud mental. Antes, en el equipo de Redes Sociales. Doble licenciada en Periodismo y Publicidad y RR.PP. por la UAB