El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, supera la mitad de la legislatura más reforzado que hace dos años. La aprobación de los Presupuestos gracias al apoyo de ERC y los Comuns ha apuntalado su gobierno para el resto del mandato, ya que son las primeras cuentas en vigor tras tres años de sucesivas prórrogas presupuestarias. La inyección económica gracias a esta aprobación, además de los 4.600 millones de euros que podrían llegar de la nueva financiación autonómica, permite a Illa afrontar el próximo ciclo electoral —donde previsiblemente no se puedan aprobar nuevos Presupuestos— con mayor firmeza para poder desplegar su agenda política. Sin embargo, por delante tiene todavía que cerrar varias 'carpetas', como poner solución al problema del acceso a la vivienda; lograr atajar las constantes incidencias en Rodalies; o cerrar el conflicto abierto con la comunidad educativa.
"El futuro de Catalunya no es ninguna promesa: es un compromiso que estamos haciendo realidad". Estas fueron las primeras palabras del líder socialista tras aprobar unas finanzas públicas de la Generalitat que ascienden hasta los 49.162 millones de euros. El proceso para conseguirlo no fue sencillo, ya que antes tuvo que negociar durante meses tanto con republicanos como con comunes para lograr su apoyo. De hecho, la propuesta aprobada en julio fue la segunda que presentaba el gobierno autonómico en el presente curso, ya que antes tuvo que retirar en marzo un primer proyecto y así evitar una derrota parlamentaria ante la falta de apoyos.
Por aquel entonces solo contaba con el 'sí' de los de Jéssica Albiach y estaba a la espera de los de Oriol Junqueras, que se negaron a sentarse a negociar sin tener garantías de la cesión del 100% del IRPF a Catalunya. Finalmente, a mediados de mayo, ERC rebajó sus exigencias a sabiendas de lo complejo que era lograr la cesión de la tasa en tan poco tiempo. Illa y Junqueras acordaron, para desbloquear la aprobación de las cuentas, la construcción de una línea orbital ferroviaria, un refuerzo en la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
Pese a que con Comuns ya habían llegado a un acuerdo en marzo, esta formación pidió volverse a sentar a negociar para actualizar sus pactos. El primer documento firmado por Illa y Albiach estaba centrado en medidas de vivienda, que fueron ampliadas en este segundo acuerdo. En concreto, los comunes acordaron con el Govern que la inversión prevista para el área se eleve a los 1.250 millones de euros, prohibir la compra especulativa de vivienda antes de verano, una dirección general para multar a quien se salte la ley de vivienda y ampliar el Pla de Barris i Viles para llegar hasta 120 barrios catalanes en este mandato, con una dotación de 1.200 millones de euros, tal y como avanzó 20minutos.
Más allá de los Presupuestos, medidas de vivienda
Además de lograr su investidura y la aprobación de los Presupuestos, Illa ha elegido a ERC y los Comuns para sumar la mayoría necesaria de 68 diputados en el Parlament para sacar adelante diferentes propuestas de carácter progresista. Sobre todo, en materia de vivienda, la principal preocupación de los catalanes (con el 28%), según el Centre d'Estudis d'Opinió. Por ejemplo, durante los últimos meses se ha logrado aprobar —también con el apoyo de la CUP— la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para frenar a aquellos propietarios que eludían la Ley de Vivienda para evitar el tope de los precios en el alquiler habitual, aprobado hacía más de un año.
También se dio el visto bueno al decreto ley para sancionar a aquellas personas que se saltaran el tope de los precios, con multas de hasta 900.000 euros. Por ahora, la Generalitat ya ha interpuesto tres sanciones a grandes tenedores de 30.000 euros. Durante los próximos meses también se deberá aprobar la prohibición de la compra especulativa de vivienda, una medida acordada con los Comuns que limitará que los grandes tenedores, aquellos que poseen más de cinco propiedades, puedan adquirir nuevos pisos. En paralelo, el Govern sigue avanzando con el Pla 50.000 para ampliar el parque público de vivienda, con medidas como la agilización de las licencias de obras a un mes.
Otro de los puntos en los que el Govern ha llegado a acuerdos con ERC y los Comuns es en subir la tasa turística, ya vigente desde el 1 de abril. Con la nueva norma, el tributo sube hasta los siete euros por noche en aquellos alojamientos de cinco estrellas de Barcelona y de 3,40 en los de cuatro estrellas, sin contar el recargo municipal. También es ya más cara para los cruceristas, en especial para aquellos que desembarquen en la capital catalana solo, para hacer escala. La recaudación de la tasa turística se repartirá en dos partidas. El 25% de los ingresos sobre el total se destinarán a políticas de vivienda de la Generalitat, uno de los principales ejes de acción de las políticas del presidente catalán Salvador Illa. El 75% restante de la recaudación se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo.
La 'carpeta' de la nueva financiación más encarrilada
Otro de los escollos a los que se ha tenido que enfrentar Illa en estos últimos meses ha sido cómo concretar el modelo de financiación autonómica. Después de una negociación a tres bandas con el Gobierno y ERC que se alargó durante varios meses, lograron aterrizar un nuevo sistema que prevé aportar anualmente 4.600 millones de euros más a las arcas de la Generalitat. Además, el modelo contempla el principio de ordinalidad. Es decir, que la comunidad que más aporte a la caja común sea también la que más recursos perciba, que la segunda se mantenga en la misma posición... y así sucesivamente. Con la nueva vara de medir, Catalunya pasaría a ser la tercera comunidad que más recursos percibiría, logrando una reivindicación histórica del arco parlamentario catalán, a la que se llegó a sumar el PP.
No obstante, medio año después de que se acordara el nuevo modelo, a día de hoy sigue sin ser una realidad. La oposición frontal de las comunidades del PP y que la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, fuera candidata del PSOE en Andalucía han dilatado el proceso. Después de que Arcadi España cogiera el relevo de Montero, el nuevo ministro convocó reuniones bilaterales con las comunidades que forman parte del régimen común para desencallar la cuestión. Unos encuentros a los que los gobiernos populares no asistieron. Con todo, estaba previsto que el pasado miércoles 29 de julio se resolviera esta cuestión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Gobierno tan solo necesita el voto de una comunidad —Catalunya en este caso— para aprobar el nuevo modelo. Eso sí, también tienen atado el apoyo de Canarias, ya que el gobierno de Fernando Clavijo, del que forma parte el propio PP, ha respaldado el sistema recientemente.
Con la voluntad de acercar posturas con los populares, que siguen inmóviles, Hacienda decidió aplazar el CPFF al 4 de septiembre para volver a dialogar con las comunidades que se oponen al modelo y lograr un consenso más amplio. Una vez se apruebe el modelo, este se llevará al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. Desde Catalunya, el Govern confía en que pueda estar aprobado a finales de año y entre ya en vigor para 2027, lo que permitiría a la Generalitat ampliar su capacidad inversora para afrontar el próximo curso. Sobre todo porque en año electoral será muy difícil que puedan lograr unos nuevos Presupuestos.
Además del 'no' del PP o Vox, delante también se encuentra la negativa de Junts a apoyar el modelo. La inyección de 4.600 millones de euros extra para Catalunya es "insuficiente" para los de Carles Puigdemont, que reclaman a los partidos catalanes unirse para lograr un concierto económico similar al del País Vasco o Navarra. El Govern ha recordado durante los últimos meses que esto es inviable ahora mismo y, frente a la política del 'todo o nada' de los de Puigmont les ha emplazado a presentar enmiendas durante el trámite parlamentario en las Cortes Generales para mejorar el texto, si así lo considera. El propio Illa ha pedido a las formaciones catalanistas —incluida Junts— que aúnen fuerzas para aprobar un modelo que considera una "oportunidad única".
La crisis de Rodalies y el traspaso de la R1 en septiembre
Mientras se acababa de concretar el modelo de financiación a mediados de enero, el 20 de ese mismo mes estallaba una de las crisis más graves a las que se ha tenido que afrontar el Govern: el colapso del servicio de Rodalies. El temporal Harry dañó gravemente la infraestructura ferroviaria, causando incluso la muerte de un maquinista en prácticas en Gelida (Barcelona). El accidente provocó una plantada de los maquinistas que aseguraban que las líneas no eran "seguras", dejando a los 400.000 usuarios diarios de este transporte público sin servicio. Los problemas que hallaban en la red provocaron que se incrementara la inversión en el mantenimiento de toda la infraestructura de Catalunya.
Unos trabajos para poner a punto Rodalies que en agosto todavía no se han resuelto del todo, dada la elevada cifra de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) que ha tenido la red. Hubo más de 200 en el punto álgido de la crisis. En estos momentos, el Govern reconoce que la situación "mejora progresivamente", aunque ahora preocupan los robos de cobre en la red, que han subido un 40% respecto al año anterior. Para superar la crisis iniciada en enero, se aceleraron las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat para culminar el Plan Rodalies 2026-2030 y definir la estrategia de inversiones para los próximos cinco años.
Puesto de manifiesto durante esta crisis que uno de los principales problemas que sufre la red en Catalunya es el mantenimiento y la falta de reposición de activos, el nuevo plan prevé invertir 1.225 millones de euros más en 287 actuaciones para garantizar la "seguridad" de las vías, catenarias y túneles por donde circulan los convoyes para estos cinco años. En cuanto a minimizar las afectaciones por robo de cobre, la Generalitat plantea reforzar la vigilancia y la seguridad en la red ferroviaria de Rodalies con el objetivo de evitar los robos. La idea es que los Mossos d'Esquadra refuercen el Pla Metall al aumentar el dispositivo en "cinco puntos" de la red ferroviaria donde se concentran mayoritariamente este tipo de hurtos. También aumentar las cámaras de videovigilancia y aumentar los cierres perimetrales.
El accidente ferroviario de Gelida llegaba escasas semanas después de que la nueva Rodalies comenzara a andar. Illa y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, escenificaron en el Palau de la Generalitat la firma que ponía en marcha la nueva empresa mixta, bajo el nombre Rodalies de Catalunya SME, SA. Esta empezará a operar en 2027 y tiene el objetivo de lograr que el servicio sea finalmente fiable. La constitución de la empresa supone el cumplimiento de uno de los acuerdos del Gobierno con ERC para investir a Pedro Sánchez y responde a una reclamación histórica por parte de la comunidad autónoma, que quiere mejorar y ofrecer una gestión más cercana del servicio a la ciudadanía.
En este sentido, se acordó que la Generalitat tuviese una mayoría en el consejo de administración con cinco de las nueve personas que lo formarán, incluida la presidencia, que recaerá siempre en la persona que ocupe el cargo de conseller/a de Territori y tendrá el voto de calidad. La empresa mixta será dirigida por Paneque y el hasta ahora director general del Metro de Barcelona, Òscar Playà, como consejero delegado. Después de la crisis en el servicio, Playà asumió también la función "operativa" de Renfe. En paralelo, sobre el estado del traspaso de la línea R1, el Govern "cerrando" el acuerdo para que en una reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat (CMAEF) en el mes de septiembre se pueda ratificar.
El conflicto con los profesores y el fallo en las pruebas PISA
Otra de las problemáticas a las que se ha tenido que enfrentar Illa durante este segundo año de mandato es cómo desescalar el conflicto abierto con los profesores. La falta de Presupuestos dificultaba el margen de maniobra de la Conselleria d'Educació i Formació Professional para llegar a un acuerdo que satisficiera las demandas de los sindicatos. Estos convocaron a principios de año diferentes movilizaciones que tiñeron las calles de Barcelona de amarillo. Miles de profesores reclamaban una mejora de la educación pública, con una bajada de ratios, más inversión en la inclusiva y una subida de los sueldos, para revertir años de "estancamiento" en la cuestión salarial, según pedían.
Así, el Govern logró un primer acuerdo con CCOO y UGT de 2.000 millones de euros para avanzar en esta línea, un pacto que fue calificado de "histórico" por el propio Illa, pese a que Ustec —el sindicato mayoritario— y otras representaciones sindicales no se sumaron al mismo. Desde el Ejecutivo catalán explicaron que este pacto corregía los años de desinversión en el sistema público catalán. Los sindicatos que no formaron parte de este acuerdo denunciaron que se les había dejado fuera de la mesa de negociación, lo que abocó a nuevas movilizaciones durante la primavera.
Las protestas de los docentes escalaron y comenzaron a provocar cortes de carreteras y concentraciones en diferentes puntos de Catalunya. Por entonces, el Govern defendía que el acuerdo firmado con CCOO y UGT era el mejor posible y descartaban negociar uno nuevo con el resto de sindicatos. La clave es que esto ocurría mientras Catalunya no contaba con nuevos Presupuestos, lo que imposibilitaba que la partida destinada a Educació en las cuentas de 2023 —las últimas aprobadas— y los suplementos de crédito ampliaran los recursos en el departamento. Una vez se vislumbraba el acuerdo con ERC y Comuns, en paralelo, Educació se abría ahora sí a volver a sentarse con los sindicatos para renegociarlo.
Finalmente, tras días de reuniones y convocatorias de huelgas en las calles, el Govern alcanzó un preacuerdo con Ustec y Professors de Secundària, que tenía que ser ratificado por la comunidad educativa. CGT y La Intersindical se levantaron de la mesa al considerar que el contenido del mismo no era suficiente. Según constaba en el preacuerdo, este recogía una mejora salarial para los docentes en cuatro años —hasta 2029—. En concreto, pactaron un incremento acumulado de 384,77 euros en Primaria y 389,50 en Secundaria en la parte autonómica del sueldo (que incluye el nuevo complemento docente de 170 euros mensuales). Con los incrementos estatales, se llegaba a 599,50 euros en Primaria y 633,58 en Secundaria hasta 2029.
El preacuerdo fue llevado a votación entre todos los docentes y el 4 de junio se dieron a conocer los resultados. El 65,1% de los profesores rechazaban el preacuerdo alcanzado, abocando a la comunidad educativa a nuevas movilizaciones. Solo los profesores de secundaria respaldaron las nuevas condiciones pactadas y abandonaron las protestas. Ante esta situación, que volvía a poner en jaque el final de curso en los centros educativos catalanes, la consellera de Educació, Esther Niubó, expresó la voluntad del Govern de desplegar el preacuerdo y pidió a la comunidad educativa "responsabilidad". Los sindicatos que no apoyaron el preacuerdo —ahora también USTEC tras el resultado de la consulta— optaron por parar las protestas y volver a las movilizaciones de cara al próximo curso.
Por lo tanto, con la vuelta del curso político tras las vacaciones de verano, la situación con los docentes volverá a estar a la orden del día, ya que los sindicatos que no secundan ninguno de los acuerdos prevén convocar una primera huelga el primer día de clase: el 8 de septiembre y anular las excursiones y las convivencias durante todo el curso. Desde el Govern y el propio Illa han recordado que respetan el derecho de huelga, pero han pedido al profesorado que también respete el derecho fundamental a la escolarización de los alumnos catalanes. Una situación que volverá a avivar durante los próximos meses y que se ha agravado al hacerse público en las últimas semanas de julio que el informe PISA de Catalunya no será válido.
Hace escasas semanas trascendió que los resultados de los alumnos a estas pruebas realizadas en 2025 no se podrán comparar con otras ediciones o territorios este año por una "incidencia técnica" que se ha producido por causas desconocidas, después de venir de unos resultados catastróficos en 2022, que hundieron a Catalunya en el ránking global poniendo bajo el foco al sistema educativo y al profesorado catalán. Las pruebas de 591 alumnos quedaron exentas de las 2.500 que estaban incluidas en la muestra, según informó Educació. Este suceso ha abierto la puerta a la oposición a cargar contra Niubó, ya criticada por la gestión de las negociaciones con los sindicatos. Illa descarta cesar a la consellera y confía en tener todos los detalles de lo ocurrido para que no vuelva a pasar.
La crisis climática y el riesgo elevado de incendios
La emergencia climática también ha sido otro de los 'puertos' que ha tenido que superar Illa durante estos dos años de mandato. Los fuertes temporales que azotan Catalunya en los meses invernales dejan inundaciones y graves destrozos en el litoral catalán, lo que obliga a movilizar recursos de emergencia para solucionar los desperfectos ocasionados. En verano, la situación se repercute con olas de calor más intensas e incendios mucho más virulentos que en épocas anteriores.
Sobre este último punto y ante la amenaza de fuegos de gran intensidad que calcinen grandes áreas e incluso provoquen daños humanos, el Govern ha desplegado una estrategia para minimizar el impacto de las llamas con franjas de protección alrededor de zonas habitadas, los perímetros de protección prioritaria en áreas de alto riesgo y los ejes de contención —grandes actuaciones forestales destinadas a dificultar la propagación de incendios—. Pese a asumir que el Govern llega "tarde", desde el Ejecutivo catalán se ha defendido que las diferentes actuaciones que se han desplegado han permitido frenar los incendios de más gravedad.
Por ejemplo, este agosto se han abierto las líneas de ayudas para municipios para construir franjas de autoprotección contra los incendios. La subvención pública consta de 15 millones de euros (75 millones durante los próximos cinco años) para avanzar en una mejor gestión forestal. El Govern amplía la partida por diez y aumenta el período para que los consistorios presenten sus planes para crear franjas de autoprotección y que estas se puedan comenzar a construir a principios de enero. "Nadie duda ya del cambio climático y que nos tenemos que poner a trabajar juntos", insistía Illa en la rueda de prensa de balance del curso político.
Catalunya lidera la regularización de migrantes
A principios de año, el Gobierno la regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación irregular en España. Desde el primer momento, el Govern se situó como la punta de lanza de la iniciativa, ya que ha considerado desde un primer momento que era una herramienta "necesaria" para poder dotar de "derechos" a "una cantidad enorme de personas migrantes que vivían bajo la economía sumergida". Pese a que se registraron largas colas y alguna incidencia, el proceso fue un éxito y culminó con 257.000 solicitudes en Catalunya, siendo esta la comunidad con más personas adheridas.
Los problemas médicos afectaron al día a día del Govern
Más allá de las cuestiones políticas o los sucesos que han afectado a Catalunya estos meses, el Govern también se ha visto damnificado por sucesivas bajas médicas. La primera de todas fue la del propio Illa, que estuvo un mes de baja por una osteomielitis púbica que requirió ingreso hospitalario en la Vall d'Hebron y una posterior recuperación. Ese mes además fue de vértigo para el Govern, ya que tuvo que afrontar el caos de movilidad provocado por las constantes incidencias en Rodalies y un episodio de viento que se cobró la vida de una persona y dejó 68 heridos, además de destrozos en las calles, techos caídos, muros derribados, árboles arrancados de cuajo y contenedores volcados.
A los pocos días fue Niubó, quien estuvo dos meses de baja por una enfermedad. La consellera de Educació tuvo que ser operada a principios de febrero, coincidiendo con el primer episodio de movilizaciones masivas que impulsaron los sindicatos educativos. Después fue la consellera de Salut, Olga Pané, que, tras sufrir un accidente doméstico, ha tenido que estar de baja varios meses al fracturarse el peroné. La consellera ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo, pero se espera que no esté al 100% hasta septiembre.
Tanto con la baja de Illa como con las de Niubó y Pané, fue el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien ocupó sus funciones temporalmente. Dalmau es un hombre de la máxima confianza de Illa, que tiene ascendencia sobre el resto de consellerías y la obra del Govern, desde su cartera de Presidència. Dalmau fue el encargado de liderar la administración catalana en un momento en que estaba tratando de cerrar la primera propuesta de los presupuestos con ERC y los Comuns, además de la crisis en Rodalies, que le llevó a dar explicaciones públicas junto a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, mientras Renfe y Adif se desdecían de cómo estaba el estado de la infraestructura.
Dalmau asumió las funciones también en el Parlament, respondiendo a los grupos parlamentarios. Con las bajas de Niubó y Pané, tuvo que afrontar las primeras negociaciones con los sindicatos educativos y las protestas de los docentes, además de ejecutar la retirada de los incentivos a los CAP por acortar el tiempo de las bajas laborales. Ya con Illa de vuelta a los mandos y meses después de su baja, el 'president' afrontó la primera reestructuración de su Ejecutivo al relevar a Martínez Bravo de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. En su lugar, aterrizó el número 2 del departamento, Raúl Moreno. Por ahora, Illa descarta más relevos en el Govern.