Cuatro personas fueron imputadas por presunta comercialización de cocaína y cannabis en Chos Malal, luego de allanamientos en tres viviendas y dos locales comerciales. La fiscal del caso, Natalia Rivera, pidió que permanezcan en prisión preventiva, pero el juez de garantías Eduardo Egea rechazó los pedidos de prisión preventiva y dispuso su libertad, con prohibiciones de acercamiento y contacto con dos testigos durante cuatro meses.
Ante esa decisión, la fiscal solicitó la revisión de las medidas de coerción. El planteo deberá ser analizado en una nueva audiencia por un tribunal integrado por tres jueces o juezas de garantías. En los procedimientos se secuestraron estupefacientes, dinero, armas, municiones y elementos presuntamente vinculados con la venta de drogas.
La investigación por venta de cocaína y cannabis
La audiencia se realizó el viernes por la noche. Según Rivera, las cuatro personas actuaban de manera conjunta y con una distribución de tareas para comercializar cocaína y cannabis, al menos, entre el 16 de julio y el 8 de octubre de este año.
Según la fiscalía, uno de los imputados, identificado como A.A.A., proveía las sustancias y daba instrucciones sobre el pesaje, el fraccionamiento y la comercialización. Los otros tres, identificados como I.M.N., P.K.S. y L.A.F., habrían asumido diferentes funciones vinculadas con la tenencia y venta de estupefacientes, además de movimientos de dinero mediante billeteras virtuales.
Rivera atribuyó a los cuatro la “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, en calidad de coautores. Además, a A.A.A. le imputó la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
Qué encontraron en los allanamientos
Los operativos se realizaron en tres domicilios y dos comercios de Chos Malal. En la vivienda de uno de los imputados se secuestraron 81,6 gramos de cocaína compactada. En otra casa, los investigadores encontraron 185 gramos de cannabis, además de otras cantidades de estupefacientes.
También fueron incautadas balanzas de precisión, dinero en efectivo, armas, municiones y otros elementos. Para la fiscalía, esos objetos forman parte de la evidencia vinculada con la presunta actividad de comercialización investigada.
Por qué la Fiscalía pidió prisión preventiva
Al fundamentar las prisiones preventivas, Rivera señaló que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación. Entre los motivos, mencionó la posibilidad de que los imputados accedieran de forma remota a información guardada en dispositivos electrónicos secuestrados y la necesidad de entrevistar a personas que podrían aportar datos sobre los hechos. También hizo referencia a testigos cuya identidad debe permanecer reservada.
El juez Egea rechazó el pedido de encarcelamiento y ordenó la libertad de los cuatro imputados. Sin embargo, dispuso prohibiciones de acercamiento y contacto respecto de dos testigos identificados, por cuatro meses, para resguardar el desarrollo de la investigación. La fiscal pidió que el rechazo de las medidas de coerción sea revisado por un tribunal de tres magistrados.
Clausura de una vivienda y fondos en billeteras virtuales
A pedido de la Fiscalía, el juez prorrogó por dos meses la clausura de la vivienda de A.A.A., señalada como uno de los lugares que se habrían utilizado para vender estupefacientes. La fiscalía también pidió extender la clausura de un local comercial ubicado en el mismo predio, pero ese planteo fue rechazado.
Además, se autorizó el embargo de fondos alojados en billeteras virtuales de los imputados, con excepción de L.A.F. En ese caso, el magistrado consideró que no se habían presentado elementos suficientes para justificar la medida. La investigación sobre la presunta comercialización continuará mientras se analiza el planteo fiscal.