El ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, encabezaron este miércoles una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda para presentar un paquete de modificaciones al proyecto de ley de Inocencia Fiscal que será enviado de forma inminente al Parlamento. La iniciativa busca captar los más de 170.000 millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. Sin embargo, el anuncio quedó envuelto en una fuerte polémica institucional cuando los tributaristas que acompañaron a los funcionarios confirmaron que la normativa no excluye a la clase política ni a los funcionarios públicos, lo que desató un durísimo rechazo en el arco opositor y anticipa una áspera negociación en el Congreso de cara al mes de agosto.
La presentación del proyecto se realizó sin la presencia del titular de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, y tuvo como eje central despejar las dudas planteadas por asesores tributarios ante el bajo nivel de adhesiones de la norma original aprobada en diciembre pasado.
Durante el encuentro, Luis Caputo sostuvo que el objetivo fundamental de la iniciativa es brindar seguridad jurídica a los ciudadanos frente a un eventual cambio de gestión y canalizar los ahorros hacia el sistema formal: «El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada. El objetivo sigue siendo que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo», expresó el ministro.
Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que mantener el dinero fuera del circuito formal perjudica al desarrollo del país: «Tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón, necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más. ¿Cómo vamos a recaudar más? De dos maneras: formalizando la economía y creciendo». Tras su exposición, la secretaria María Ibarzabal Murphy detalló los cambios técnicos que contempla el texto legislativo.
Sin embargo, el momento de mayor tensión institucional se produjo cuando los tributaristas Sonia Becherman, Liban Kusa y Ricardo Paolina respondieron consultas vinculadas al alcance de la norma.
Ante la pregunta puntual de Clarín sobre si la reforma excluirá a funcionarios y exfuncionarios, los especialistas confirmaron que no existen prohibiciones en el texto. «No hay exclusiones que tenga la ley en este caso, eso será en el momento que lo trate el Congreso lo hará en su momento, todos los contribuyentes que cumplan las condiciones del articulo de la ley podrán ingresar al régimen simplificado», señaló Sonia Becherman.
En la misma línea, Ricardo Paolina aclaró que «esto no es un régimen de blanqueo, es un régimen simplificado de ganancias, el acceso lo puede tener cualquier funcionario del poder ejecutivo, judicial, pueden adherir, pero la facultad de investigarlos va a seguir».
La reacción de la oposición y el fantasma del caso Adorni
La confirmación de que la dirigencia política podrá ingresar a los beneficios fiscales encendió las alarmas en el arco opositor, que calificó la iniciativa como un mecanismo de protección encubierta y un «traje a medida», poniendo como ejemplo las investigaciones judiciales en torno al exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
Desde Unión por la Patria, el diputado Agustín Rossi cuestionó duramente la medida a través de sus redes sociales: «La nueva ley de ‘Inocencia fiscal’ beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales».
En sintonía, su compañero de bancada Eduardo Valdés argumentó que quienes administran recursos del Estado deben someterse a mayores controles y no a menos. Por esta razón, Valdés presentó un proyecto alternativo para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las Personas Políticamente Expuestas (PPE), advirtiendo que la norma contradice los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de la corrupción.
El malestar también se replicó con fuerza en otros espacios políticos. Desde Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano embistió contra la continuidad de la normativa y recordó los antecedentes de la primera votación: «La primera Inocencia Fiscal la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron. ¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La ‘Inocencia Fiscal 2’ sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda».
Su par de bloque, Esteban Paulón, se sumó al rechazo y sentenció que «la ley no puede ser un salvavidas para los poderosos».
Qué se sabe de los créditos que el Banco Nación dio a medio centenar de funcionarios
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. El titular del Palacio de Hacienda se pronunció en medio del pedido de investigación que impulsó la oposición en el Congreso durante la última semana.
En una entrevista con La Nación+, el ministro minimizó las sospechas detrás de los créditos millonarios sobre la incompatibilidad en la función pública y aseguró: «No hay nada ilegal y mucho menos inmoral».
En este sentido, reveló que él mismo incentiva su uso al recomendarle a todo el mundo que aproveche esta oportunidad única.
Las declaraciones del ministro llegan luego de que el diputado socialista Esteban Paulón exigiera explicaciones al Poder Ejecutivo por los elevados montos adjudicados a dirigentes oficialistas.
Entre los casos más resonantes figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del BICE, Felipe Núñez, con créditos que rondan los 370 millones de pesos.
Asimismo, según informó La Política Online, Sharif Menem –el sobrino de Lule y Martín Menem- sacó un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos a sus 24 años, luego de haber ingresado a trabajar como secretario en el Congreso en el 2024.
Para defender este accionar, Caputo aseguró que las condiciones son iguales para todos los clientes y precisó: «Las tasas, los plazos y los montos son los mismos».
Mientras tanto, el presidente Javier Milei defendió los préstamos de Banco Nación otorgados a funcionarios libertarios y allegados a su Gobierno y, desde su postura, ratificó que no hubo irregularidades porque “no se vulneraron” los valores “morales” que atraviesan su gestión.
En una entrevista en el programa Economistas, que se emite por la TV Pública, manifestó que la toma de créditos que se difundieron estos últimos días no “mató gente” ni nadie “perdió la libertad” de hacer absolutamente nada.
“Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, porque nosotros hemos definido nuestros valores morales, la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No. Con lo cual, el primer punto de nuestros valores morales, que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada. Vamos al segundo punto: La Libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios, podés juntarte a hacer este programa…”, argumentó el mandatario.
egún los datos consignados en la web “Cuánto deben” que refleja el historial de deuda de funcionarios y legisladores públicos, entre los libertarios que aparecen como beneficiarios de préstamos son: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas; Pedro Inchauspe, director del Banco Central; Juan Pablo Carreira (alias Juan Doe), responsable de la cuenta de Twitter, la Oficina de Respuesta Oficial; el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero; el director de YPF Emiliano Mongilardi; y el ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.
A la vez, del lado del Congreso, aparecen los legisladores Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde; mientras que a la par figura el director de la secertaría privada en Diputados, Sharif Menem.
El caso de los créditos despertó fuego cruzado entre libertarios y kirchneristas. Por un lado, quienes impulsaban la privatización y hasta cierre del Banco Nación, ahora resaltan las convenientes condiciones que ofrece la banca estatal para acceder a créditos, motivo por el cual acudieron allí y no a un banco privado. Por otro lado, en las filtraciones también aparecieron integrantes del gobierno del Frente de Todos que, a pesar de haber delcarado públicamente contra los préstamos UVA, figuran como tomadores de crédito.
La línea de créditos que tomaron los funcionarios fue «Más hogares con BNA», que contiene diferencias esenciales para funcionarios ó empleados públicos que no ofrece el sector privado, ni siquiera para aquellos que perciban sus haberes en el Nación.
Primero, el préstamo cubrew hasta el 90% del valor de la propiedad, en vez del 75%; después, la relación cuota/ingreso se extiende al 30% desde el 25%, lo que permite una cuota más elevada que ayuda a mejorar el monto a recibir; y por último, y la más importante: ningún banco privado ofrece una tasa tan baja.
Desde el BNA trascendieron que todos los créditos otorgados cumplieron con los requisitos en base a condiciones objetivas. Es decir, se aplicaron a “personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia de planta permanente y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento, que pertenezcan al Sector Público Nacional o Provinciales, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal, como así también de Universidades Públicas Nacionales y que cobren sus haberes a través del Banco”.
Desde la oposición, por su parte, apuntan a ciertos créditos otorgados: Furiase consiguió el préstamo para su tercera vivienda, Shariff Menem logró juntar con los requisitos a pesar de tener 24 años y que sea su primer trabajo en blanco, y Lorena Villaverde pasó las pruebas a pesar de tener un fallo judicial en contra con orden de embargo.
«Técnicamente se lo rechazaron porque Villaverde está embargada y procesada en una causa por estafa por sobrevender lotes para desarrollos inmobiliarios. Y desde la central alguien levanta un teléfono, finalmente el crédito se aprueba», dijo el legislador santafesino Esteban Paulón en LED FM.
Como respuesta, desde ATE convocaron a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación en todo el país. «Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza”, indicó Rodolfo Aguiar.
Desde La Libertad Avanza respaldaron la validez de los créditos sumando el caso de Julia Strada, legisladora del Frente de Todos y ex directora del Banco Nación durante la época de Alberto Fernández. A través de sus redes, Strada mostró el paso a paso de cómo obtuvo el crédito e instó al oficialismo a hacer lo mismo.
«Querido Toto: que Núñez y Furiase – que estaba en situación 2- muestren los papeles. Es fácil. Sos su jefe. No creo que quieras ocultar cosas no?», añadió.
En las denuncias presentadas ante la justicia, se pidió al Banco como medida de prueba que aporte de cada crédito cuestionado los detalles de la operación, los plazos y si se tramitó con mayor celeridad de lo habitual. La investigación judicial podrá determinar ese punto.
