El ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté sufrió un nuevo revés judicial ante la Cámara Federal de Casación que descartó un planteo para suspender el juicio oral, que se le sigue por supuesta “malversación de caudales públicos” en programas de microcréditos para ese Municipio del norte bonaerense.
El debate comenzó el 3 de agosto pasado ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y en una de las primeras audiencias el ex intendente se negó a prestar declaración indagatoria. Se lo juzga junto a otros nueve acusados por supuesta “malversación de caudales públicos” y “violación de los deberes de funcionario público” en el manejo de fondos otorgados por la Nación al Municipio.
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La Cámara Federal de Casación rechazó por “inoficioso” un planteo de la defensa para suspender o postergar el inicio del debate hasta que concluyan pericias pendientes. Lo decidió porque el juicio ya había comenzado cuando la queja fue analizada.
En la última audiencia presencial, la semana pasada, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín rechazó seis planteos preliminares de las defensas con diferentes reclamos como la suspensión del juicio hasta que se conozca el resultado de pericias contables, y la nulidad de toda la investigación por vulneración del derecho a defensa.
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Para el Tribunal no se demostraron “afectaciones constitucionales” en la investigación ni riesgo concreto al debido proceso o a la imparcialidad del juez que realizó la investigación. Luego, escuchó a los acusados en la etapa destinada a las declaraciones indagatorias. El debate seguirá el próximo 2 de septiembre de manera virtual.
Antes del inicio del juicio oral la defensa del ex intendente de Pilar pidió al Tribunal suspenderlo hasta que concluya una pericia sobre microcréditos. El planteo fue rechazado y la defensa llegó en queja al máximo tribunal penal federal del país, que ahora descartó tratar el asunto por “inoficioso”, debido a que el debate ya comenzó.
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La investigación fue enviada a juicio por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, luego de la confirmación de procesamientos por parte de la Cámara Federal de San Martín por presunta “malversación de caudales públicos” y “violación de los deberes de funcionario público” en el manejo de los fondos otorgados por la Nación al Municipio entre 2017 y 2019.
En el juicio se ventilan supuestas irregularidades en la ejecución de tres convenios que se firmaron en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Uno de ellos era para otorgar microcréditos a vecinos vulnerables con el objetivo de remodelar viviendas y costear el acceso a servicios básicos. Otro se destinó a urbanizar un asentamiento precario y el tercero a mejoras en redes cloacales e instalación de una planta depuradora.
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A lo largo de la investigación se sostuvo que las obras no se habrían concluido y los fondos se derivaron a una estructura administrativa que resultó cuestionada.
Según el procesamiento dictado en julio de 2021, los acusados habrían actuado de manera “coordinada y funcionalmente” para concretar actos jurídicos que “obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada”, con lo que se habría generado “en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.
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Al confirmar esa decisión la Cámara Federal de San Martín consideró que los imputados “efectuaron sus aportes para lograr la desviación de recursos girados desde el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a la Municipalidad de Pilar en favor de terceros y en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.