Un ministro del Interior pidiendo explicaciones por carta, para que quede constancia, al director de la Policía Nacional que él mismo nombró. Y un director montando una reunión de urgencia con sus mandos policiales de Extranjería para recabar las explicaciones que le solicita el ministro. Dos muestras evidentes de que dos de los máximos responsables de la cartera de Interior (el ministro y el director de la Policía) hace tiempo que “no controlan a unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ya saben que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está amortizado”, explica una fuente del departamento de Fernando Grande-Marlaska. Y es que la crisis migratoria que sufre Ceuta desde finales de julio ha “desnudado” las costuras de una de las áreas más sensibles del Gobierno.
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Que se lo digan a Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016 (a la espera de sentencia por el caso Kitchen por espiar, presuntamente, a Luis Bárcenas utilizando una especie de ‘policía patriótica’). “Interior siempre es una patata caliente”, afirma la misma fuente. Seguramente por eso Sánchez nombró al juez Grande-Marlaska ministro del Interior en 2018. Nadie esperaba que el presidente le llamara porque solo unos meses antes había rechazado encabezar una lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Marlaska no quería ser concejal en la oposición. Pero Sánchez creyó que su cercanía al PP (fue elegido en 2013 vocal del Consejo General de Poder Judicial a propuesta de los populares) le ayudaría a llevar con mano izquierda una cartera siempre complicada.
Lo que se ha vivido en las últimas 48 horas “define a la perfección” lo que es Interior, afirma un antiguo colaborador del ministro. Todo por culpa de un informe policial que se envió el lunes a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón (exconcejala del PP) y cuyo contenido se filtró este martes por la noche. El diario ‘El Español’ publicaba que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), un órgano dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, había remitido a la jueza un informe que aseguraba que Marruecos habría colaborado en que miles de migrantes asaltaran la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio. Un informe que tira por tierra los argumentos que lleva defendiendo estas semanas el Gobierno de Sánchez: que Marruecos no estaba detrás de la crisis ceutí porque sigue siendo un aliado fiable a pesar de sus reclamaciones históricas sobre Ceuta y Melilla. Y a pesar de que el Gobierno de Sánchez sabe que Marruecos usó el programa Pegasus para espiar el móvil del presidente y de varios de sus ministros, entre ellos el de Marlaska.
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La publicación de la exclusiva no es baladí: la noche previa a la jornada en la que están convocadas centenares de concentraciones en los municipios españoles en apoyo de Ceuta. El Gobierno cree que PP y Vox no quieren apoyar a los ciudadanos ceutís, sino hacer más daño a un Ejecutivo en horas bajas asolado por los casos de corrupción (véanse casos Ábalos, Cerdán o Leire Díez). Según fuentes de Interior, la magistrada Tardón dio instrucciones a los responsables del Cenif de que no facilitaran a sus superiores ninguna información sobre el contenido del documento. La investigación de Tardón no se encuentra bajo secreto de sumario. “Puede parecer una orden lógica de la jueza, pero está claro que hay canales no oficiales para que el CENIF informe a sus superiores de Extranjería, estos al director de la Policía y este al ministro”, señalan otras fuentes policiales.
La existencia de este informe, de 55 páginas, sentó al Gobierno como una puñalada. Marlaska asegura que desconocía totalmente el contenido de este análisis de inteligencia que se había remitido a la Audiencia Nacional. Por eso, para oficializar su sorpresa y enfado, el ministro exigió por carta al director de la Policía, Francisco Pardo-Piqueras (un hombre muy próximo al exministro José Bono) que le informara si realmente los agentes habían elaborado ese informe. “De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad”, reflejó en la misiva.
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Francisco Pardo-Piqueras reaccionó a la carta convocando una reunión de urgencia este miércoles por la mañana con los responsables de Extranjería: el comisario principal Julián Ávila y su segundo Alfredo García Miravete. También estuvo en la reunión el comisario general de Información, Javier Antonio Susín. Tras el escándalo, la juez María Tardón permitió esta misma mañana que el CENIF diera acceso a sus superiores del citado texto. Tras conocerlo, Pardo-Piqueras ha comunicado al ministro que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”.
El informe enviado a la Audiencia Nacional evita mencionar explícitamente al Gobierno marroquí, pero sí concluye que la llegada masiva no tuvo “un objeto migratorio” sino que pretendía “colapsar” la frontera y “eliminar la capacidad de respuesta de España”. Para ello, el informe policial utiliza términos como “planificación previa”, “guiado activo de las fuerzas marroquíes” y operativa “fuera del alcance” de las mafias. “El comportamiento y evolución de la entrada a Ceuta de, en torno a 75.000-85.000 personas, sin que se produjesen bloqueos en las vías de acceso, en/con los medios de transporte, sin incidentes de orden público, en un flujo de mucha entidad que va evolucionando en volumen hasta convertirse en masivo, resulta incompatible con un grupo de origen espontáneo, sin organización interna, ni un soporte mínimo de organización dirigida sobre el terreno”, reza el informe.
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El Cenif apunta claramente que los 80.000 migrantes que cruzaron la frontera tuvieron que tener la permisividad de Marruecos. De hecho, el informe aporta 32 fotos de agentes marroquíes ‘uniformados y no uniformados’ guiando a los migrantes que querían cruzar la frontera. El texto señala que detrás de lo que pasó, una “operación de intrusión violenta fronteriza”, no estaría “una organización criminal y mafiosa al uso, que queda absolutamente descartada, sino una macroorganización perfectamente jerarquizada, dirigida y capacitada para llevar a cabo tal operación cuyos indicadores serían perfectamente compatibles con una estructura estable y permanente”. Parece que el Cenif quería apuntar a Marruecos sin nombrar al Gobierno vecino. A pesar de ello, fuentes del PSOE ya no solo hablan de ‘lawfare’, sino de que hay importantes sectores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que no reconocen la autoridad del Gobierno y van por libre apoyando la caída del Gobierno.
Ni el PSOE ni parte del Gobierno tienen tampoco mucha confianza en la Guardia Civil y en una de sus unidades más importantes, la ya famosa UCO, que ha llevado las investigaciones de muchas causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez y ex altos cargos del Ejecutivo y del PSOE. La UCO también investiga en estos momentos la supuesta financiación irregular del PSOE. El caso de la llamada ‘fontanera’ o ‘cloacas del PSOE’ ha abierto una serie de grietas entre el Gobierno y la Benemérita. La mejor prueba de que la Guardia Civil es otra herida difícil de cerrar para el Ejecutivo es que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (de máxima confianza de Sánchez), está imputada actualmente por una investigación que lleva la propia UCO. El Gobierno ha intentado controlar la Guardia Civil, dentro de lo posible, con un DAO (el teniente general Manuel Llamas), bastante afín, pero no lo ha conseguido. Llamas también está imputado y ha acusado a “algunos” mandos de la UCO bajo su teórica autoridad de tener demasiada “vanidad”.
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Y luego está el CNI, los servicios secretos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aceptó el cargo solo cuando Sánchez le aseguró que su cartera recuperaría el mando directo sobre el CNI, que con el PP dependía de Vicepresidencia. ¿No se enteró el CNI, con agentes en el terreno, de lo que se avecinaba en Ceuta? “Si la Policía Nacional comunicó 9 avisos, el CNI también, lo que pasa es que el CNI a veces comparte lo que le interesa”, explica un veterano agente de la Guardia Civil que ha colaborado activamente con los espías españoles. Robles y Marlaska no se llevan. Es conocido dentro del Gobierno. La crisis migratoria de Ceuta lo ha dejado en evidencia para la opinión pública.
Robles llegó a asegurar en el Congreso que el CNI había avisado de movimientos sospechosos al otro lado de la frontera que apuntaban a un intento de salto masivo, mientras Marlaska dijo lo contrario y ha insistido en que no hubo nunca un informe del servicio secreto en el que se “atisbara” lo que finalmente pasó. Hay que recalcar, ya que la opinión pública no lo sabe, que Robles nunca ha perdonado a Marlaska que este sustituyera a Félix Azón como director general de la Guardia Civil, hombre de confianza de Robles. “Si lo de la Policía Nacional y Guardia Civil son dos mundos aparte, lo del CNI es un universo”, describe la misma fuente antes señalada. “Hay varios CNI dentro del CNI y ningún Gobierno acaba por controlar completamente este vital organismo para la seguridad del Estado”.
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