La defensa de Jesica Cirio reclamó que los videos que mostraron fajos de dólares escondidos en un vestidor atribuido a una de sus viviendas sean excluidos como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a la conductora y a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
El planteo, presentado ante el juez federal subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella, se apoya en las conclusiones de una pericia oficial que -según argumentó la defensa- no pudo determinar la autenticidad, el origen ni la integridad de las imágenes que muestran a Cirio filmando miles de dólares escondidos, según se explicó en la presentación judicial de los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia.
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Esa filmación “de ninguna manera puede constituirse como una pieza de cargo en este proceso en contra de nuestra defendida”, sostuvieron los letrados, al reiterar el pedido para que no sea valorada luego que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo técnico dependiente del Ministerio Público Fiscal, concluyó un estudio que “inunda de dudas” la validez del material, remarcaron.
Los videos fueron publicados el 20 de junio pasado por el diario La Nación y luego aportados a la causa a través de un pendrive. En la investigación a cargo del juez Armella y el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola se intentó dar con los videos originales mediante allanamientos y secuestro de teléfonos celulares de los involucrados, pero no hubo resultados. La pericia de la DATIP se realizó, entonces, sobre esa copia.
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El dictamen pericial, de casi 60 páginas, identificó una serie de irregularidades técnicas que para la defensa comprometen la validez del material como evidencia. El primer punto crítico es la pérdida total de los metadatos originales: el análisis reveló que las marcas temporales internas de captura de los siete archivos de video se encuentran “completamente en cero”, lo que indica que atravesaron algún proceso de intermediación tecnológica previo —edición, transcodificación o reenvío por aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal— que eliminó la información de origen.
La defensa cuestionó también la cadena de custodia del material. Los abogados señalaron que el protocolo Minseg-MPF 2023, aplicable a evidencia digital, no fue respetado en ninguno de sus pasos. “Lejos se encuentran de haber respetado esas directrices y, por lo tanto, no merecen ni justifican, en un proceso que se precie de calidad en cuanto a la prueba de cargo, que formen parte del universo de evidencias de cargo”, concluyeron.
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Los letrados señalaron además que la entrega de los videos podría ser el resultado de una conducta ilícita que se investiga en una causa penal, radicada ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 58 de la Ciudad de Buenos Aires. Cirio e Insaurralde ya habían planteado con anterioridad que el material pudo haber sido obtenido de forma ilegal mediante el hackeo de dispositivos de la conductora.
Los abogados se refirieron a un “gris y oscuro escenario” que rodea a estos videos, su origen y su difusión y advirtieron que “los expertos detectaron también que no se verificó como protocolarmente se encuentra previsto, al tratarse de evidencia digital, de la cadena de custodia que esta clase de elementos exigen para garantizar la autenticidad”.
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La resolución quedará ahora en manos del juez Armella, quien deberá determinar si las filmaciones continúan formando parte del expediente. Un primer pedido hecho antes de este estudio pericial ya había sido negado por el magistrado.
Armella es juez titular del juzgado federal de Quilmes y subroga el de Lomas de Zamora que lleva el caso contra Insaurralde. Se espera que en los próximos días asuma en su lugar en esta última dependencia el ya designado nuevo magistrado titular Juan Tomás Rodríguez Ponte.
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