La Dian pidió a un juez enviar a prisión a ocho personas señaladas de integrar una red transnacional de contrabando y lavado de activos vinculada con Lili Pink, en una audiencia reanudada el martes 11 de agosto, con el argumento de que la medida es necesaria para proteger las pruebas y por la magnitud de una estructura que, según la investigación, operó durante varios años mediante sociedades nacionales y extranjeras.
Por su parte, la Fiscalía dijo haber documentado un lavado de activos superior a $730.000 millones, un enriquecimiento ilícito de más de $430.000 millones, decomisos y aprehensiones de mercancía avaluados en más de $54.000 millones y un posible contrabando que superaría los $75.000 millones.
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En paralelo, durante los operativos ya fueron embargados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad.
La solicitud de medida de aseguramiento fue presentada por la representación civil de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, reconocida como víctima dentro del proceso penal.
Los investigados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
La apoderada de la entidad sostuvo que las pruebas expuestas por la Fiscalía permiten una inferencia razonable de participación de los ocho imputados.
En audiencia, la abogada afirmó que la intervención de la Dian busca resaltar la afectación al sistema tributario aduanero, al control del comercio exterior, al recaudo fiscal, al patrimonio público y al orden económico y social, además de la posible existencia de una estructura organizada de carácter transnacional.
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Según la exposición hecha en la audiencia, la estructura habría utilizado de manera sucesiva personas jurídicas nacionales y extranjeras, con participación recurrente de personas con funciones societarias, financieras, administrativas y de representación. Empresarios panameños y nicaragüenses, junto con empleados de distintos niveles, habrían intervenido en la creación y operación de compañías fachada para facilitar el ingreso ilegal de mercancías al país.
La abogada de la Dian señaló que esa organización se habría articulado alrededor de sociedades comercializadoras, proveedoras e importadoras para ejecutar las operaciones investigadas. Añadió que el esquema permitía aparentar una tercerización en la adquisición y suministro de mercancías destinadas a la sede central de Lili Pink en Barranquilla.
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Otro grupo de personas, de acuerdo con la misma intervención, habría prestado sus nombres para constituir sociedades de papel y dar apariencia de legalidad a operaciones de exportación e importación.
También indicó que algunas sociedades constituidas en Panamá habrían ejercido funciones de control accionario o de titularidad, lo que, a juicio de la representación de la víctima, muestra una estructura con capacidad de organización y componentes económicos y societarios en el exterior.
La apoderada agregó que los antecedentes de la denuncia presentada por la Dian y los elementos expuestos durante la audiencia permiten advertir una estructura empresarial compleja que habría operado durante varios años.
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Esa dinámica, dijo, incluía la creación, transformación, liquidación y sustitución sucesiva de sociedades, mientras se conservaban establecimientos de comercio, marcas, infraestructura operativa y la participación recurrente de varias de las personas hoy imputadas.
Por su parte, la Fiscalía también amplió las medidas cautelares dentro de la investigación patrimonial que sigue contra Fast Moda S.A.S., la sociedad que opera las tiendas Lili Pink y Joy. A esa actuación fue incorporada Elephant Import & Export S.A.S., empresa que, según el ente acusador, figuraba como uno de sus principales proveedores.
De acuerdo con la investigación, Elephant habría sido utilizada para soportar la importación y el abastecimiento de mercancía pese a no tener capacidad económica real. El expediente también indica que su aparente fortaleza financiera se sustentaba en un préstamo por $64.000 millones otorgado por otra sociedad que tampoco tendría capacidad para asumir una operación de esa magnitud.
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La Fiscalía además estableció que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por $126.000 millones a favor de Elephant. Para los investigadores, esa relación haría parte del esquema financiero usado por la estructura bajo indagación.
Durante las diligencias fueron identificados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. La investigación verificó, además, que otros 31 contenedores ya habían sido aprehendidos previamente por la Dian.
Los investigadores determinaron que parte de esa mercancía ya tenía etiquetas elaboradas para el mercado colombiano, aunque correspondía a productos fabricados en China.
Entre los bienes que, según la Fiscalía, entraban al país dentro del entramado había prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
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En la audiencia, la apoderada de la Dina también afirmó que la inferencia razonable no se apoya en simples vínculos laborales, familiares o societarios, sino en roles y actuaciones concretas atribuidas a cada imputado. Mencionó que Max Marvin Abadi habría ejercido liderazgo y control de la organización, así como dirección financiera y administración de múltiples cuentas bancarias.
La investigación lo ubica además en el control de sociedades colombianas y panameñas y en la adquisición y transferencia de activos. Otras personas relacionadas con la empresa habrían participado en la administración de recursos, la realización de pagos, la apertura y manejo de productos financieros y la gestión de cuentas de sociedades vinculadas, lo que habría facilitado la circulación y distribución de recursos.
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En esta segunda etapa del caso, que siguió a la intervención de locales comerciales realizada en abril, la Fiscalía vinculó al empresario panameño Max Marvin Abadi, a su hijo David Max Abadi Homsani y al empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández, además de cinco ciudadanos colombianos. Ninguno aceptó los cargos por concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Antes de esta audiencia, un juez de control de garantías de Bogotá ya había ordenado la detención de Walter Francisco Martínez Martínez, el primer capturado del caso. El juzgado acogió la petición de la fiscal delegada al considerar que esa medida era necesaria y proporcional porque Martínez representaba un peligro para la comunidad y un riesgo de obstrucción del proceso, mientras otros involucrados permanecen en libertad.
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Las diligencias de ocupación de bienes se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos donde la cadena tiene presencia.
Según Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio, los activos afectados continuarán desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces especializados.