La brecha laboral que separa a las personas con discapacidad del resto de la población continúa ampliándose. En 2024, solo el 28,9% tenía empleo, mientras que la tasa alcanzó el 69,7% entre quienes no tienen discapacidad.

Así se desprende de la decimoprimera edición del estudio de 'Odismet', correspondiente a 2026, en la que anualmente Fundación ONCE e Inserta Empleo analizan la situación del mercado laboral para las personas con discapacidad, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

El informe, presentado este lunes en el Congreso por la directora de Formación, Empleo Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato, señala que la tasa de actividad laboral del colectivo se sitúa en el 35,4%, frente al 78,5% de la población sin discapacidad. En 10 años de observación, la tasa se mantiene en niveles similares, afectando especialmente a las discapacidades de tipo intelectual (34,5%) y psicosocial (29,8%).

En relación con la tasa de empleo, entre las personas con discapacidad alcanza el 28,9%, frente al 69,7% de las personas sin discapacidad. Aunque la tasa de empleo ha aumentado en las personas con y sin discapacidad, lo ha hecho de manera muy desigual. Desde 2014 la brecha ha crecido en 4,5 puntos porcentuales, por un ritmo de crecimiento de la tasa de empleo más lento en las personas con discapacidad. "Es decir, los esfuerzos y acciones realizadas hasta el momento no están dando los frutos esperados, ampliando distancias en lugar de reducirlas", avisa 'Odismet'.

Jóvenes más afectados

Por el contrario, el análisis evolutivo de la tasa de paro refleja una reducción de la brecha, dado que el paro en las personas con discapacidad ha disminuido en mayor medida que en las personas sin discapacidad. Eso sí, los jóvenes con discapacidad son los más afectados, con una tasa de paro que alcanza el 48,6%, alrededor de 20 puntos más que la media general de la juventud.

Además, el 59,4% de los desempleados con discapacidad son parados de larga duración (más de un año), donde el 43,3% lleva en dicha situación más de 2 años. Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el perfil predominante de la persona desempleada de larga duración con discapacidad es el de mujer, mayor de 45 años y con bajo nivel formativo.

Por otra parte, del total de contratos realizados en 2025, solo el 1,8% correspondió a personas con discapacidad, y de ellos, únicamente el 30% fueron de carácter indefinido.

El 59,4% de los desempleados con discapacidad son parados de larga duración. casi la mitad de ellos lleva en paro más de dos años

Salarios y precariedad

Las personas con discapacidad cobran 4.953,40 euros brutos menos al año que la población sin discapacidad (un 16,7 % menos). Las mujeres con discapacidad perciben un salario un 11,6 % inferior al de las mujeres sin discapacidad, mientras que la diferencia en los hombres alcanza el 21,3 %. Además, la brecha salarial se ha incrementado a lo largo del tiempo, pasando de 3.935,00 euros en 2014 a 4.953,40 euros en 2024.

La precariedad salarial conduce de forma directa a incrementar el riesgo de pobreza o exclusión social (Arope). En 2025 dicho indicador afecta a una de cada tres personas con discapacidad (32,2%). Para el conjunto de la población general se reduce hasta el 25,7%. El riesgo de pobreza prevalece incluso en las personas ocupadas con discapacidad (23,6%), más de siete puntos porcentuales que en las personas sin discapacidad (16,4%).

En los últimos datos disponibles, la distribución por ocupaciones de aquellas personas con discapacidad que se encontraban empleadas muestra diferencias importantes, con una mayor presencia de personas con discapacidad en posiciones de menor cualificación, como ocupaciones elementales (21,8% frente al 11,8%) y contables, administrativos y otros empleados de oficina (15,6% frente al 10%). "Ocupaciones de baja cualificación, inestabilidad laboral y condiciones precarias en la contratación caracterizan a un colectivo con una baja calidad en el empleo y con mayor riesgo de pobreza", apunta.

Brecha formativa

En este sentido, entre las personas con discapacidad solo el 19,8% tienen estudios superiores (incluyendo doctorado), frente al 39,5% de las personas sin discapacidad. Por el contrario, se registra un 18,2% de personas con discapacidad analfabetas o con estudios primarios, frente al 5,5% de la población sin discapacidad.

En base a los últimos datos disponibles, Eurostat estimó que la tasa de abandono educativo temprano entre personas con discapacidad en España era del 27%, más del doble que la de sus pares sin discapacidad (11,5 %). Con todo, desde 2014 el porcentaje de personas con discapacidad con estudios superiores se ha incrementado en 5,3 puntos.

Por otro lado, los datos muestran que el nivel de estudios tiene una correlación directa en la tasa de empleo, alcanzando el 46,6% en las personas con discapacidad que tienen estudios superiores (incluyendo doctorado), frente al 28,9% de la tasa de empleo del total de personas con discapacidad en edad laboral.

La formación "es la política que tiene mayor impacto en la mejora de la empleabilidad"

Finalmente, en 2024 la tasa de emprendimiento en personas con discapacidad se situó en el 9,3%, 5,1 puntos por debajo de la tasa alcanzada por la población general. Concretamente, 2025 cerró con 26.776 trabajadores autónomos con discapacidad inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que supuso un crecimiento del 2,8% respecto al año anterior. Pese a la subida, la representación del colectivo sigue siendo baja frente a los más de 3,4 millones de afiliados totales al RETA.

Sabina Lobato destacó que los números muestran que la inclusión laboral de las personas con discapacidad "es una realidad posible".

Añadió que los próximos años deberían centrarse, entre otras prioridades, en los jóvenes, la formación continua, intensificar los apoyos a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y garantizar los apoyos económicos y la reserva a las personas con discapacidad en los contratos públicos. "'Odismet' nos ayuda a identificar dónde están las brechas, pero está en la mano de todos comprometernos a trabajar conjuntamente para cerrarlas", agregó.

Retos para el futuro

El acto de presentación del informe contó con una mesa redonda, en la que participaron el director del Servei Public d'Ocupació de Catalunya, Federico Muñiz; el subdirector general de Estadísticas del Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), Miguel Ángel García; el investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Florentino Felgueroso, y la directora técnica de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE y experta en el Comité ONU Convención Personas con Discapacidad, Natalia Guala.

Muñiz aportó que sigue siendo un reto "traducir los fondos que recibimos para programar adecuadamente políticas de discapacidad", que la formación "es la política que tiene mayor impacto en la mejora de la empleabilidad" y las empresas requieren acompañamiento e información sobre las ventajas de contratar a personas con discapacidad.

Felgueroso apuntó la falta de información estadística que existe sobre la discapacidad congénita y sobrevenida. En esa línea, el subdirector del INE reclamó "seguir perseverando" en disponer de más información sobre las personas con discapacidad.

Natalia Guala, del Grupo Social ONCE, apeló a la responsabilidad de las administraciones públicas en eliminar barreras y en invertir para "deconstruir esas expectativas negativas" sobre la productividad de las personas con discapacidad. "No podemos pensar en garantizar derechos y dignidad si no invertimos; tenemos que transformar el abordaje de pensar que las personas con discapacidad somos caras o que tenemos un coste", añadió Guala.