La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de posible responsabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’, pero considera “prematuro” imputar al partido como persona jurídica. Así lo confirman fuentes de la investigación a Infobae, que señalan que el Ministerio Público ya ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el informe sobre la petición del PP y sostiene que, antes de tomar una decisión, todavía deben practicarse varias diligencias, entre ellas la declaración del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
Anticorrupción no cierra la puerta a que el PSOE pueda acabar siendo investigado en la causa. Su posición, según las mismas fuentes, es que existen elementos que justifican seguir profundizando en la posible responsabilidad de la formación, pero que todavía no hay una fotografía completa de lo ocurrido como para dar ese paso. Falta, entre otras cuestiones, escuchar a Cerdán, una de las personas a las que los investigadores sitúan en el núcleo de la presunta trama.
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El informe llega a la mesa del juez Pedraz después de que el PP reclamara el pasado martes la imputación del PSOE, apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Los populares, personados como acusación popular en el procedimiento, pidieron al juez que investigara al partido por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal, blanqueo de capitales y malversación.
Pedraz decidió entonces dar traslado de la petición a Anticorrupción antes de resolver. El juez ya tiene ahora la respuesta del Ministerio Público y deberá decidir si sigue su criterio y espera a completar las diligencias pendientes o si, por el contrario, adopta una decisión sobre la imputación del partido sin esperar a que terminen esas actuaciones.
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La cuestión no es menor. La petición del PP pretende que la responsabilidad que se está investigando deje de estar limitada a las personas físicas que aparecen en el procedimiento y alcance también al propio PSOE. Para sostenerla, los populares defienden que la presunta trama habría actuado para proteger los intereses del partido y que algunos de sus responsables habrían puesto recursos de la organización a disposición de esas actuaciones.
El ‘caso Leire Díez’ investiga una serie de contactos y maniobras que, según la hipótesis que se está examinando en la Audiencia Nacional, tenían como objetivo obtener información comprometedora sobre personas relacionadas con investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
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La investigación puso el foco inicialmente en la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez, que habría mantenido contactos con diferentes personas en busca de información sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil. El objetivo, según los investigadores, habría sido encontrar elementos con los que cuestionar la credibilidad de quienes participaban en esas pesquisas y dificultar así investigaciones que podían perjudicar a dirigentes socialistas.
Una segunda línea apunta a los intentos de promover investigaciones internas dentro de la Guardia Civil. La finalidad habría sido generar un clima de presión sobre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), precisamente una de las unidades que había participado en investigaciones que afectaban al entorno del PSOE.
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En ese escenario aparece Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE es una de las piezas centrales del procedimiento y está investigado por su presunta participación en la estructura que se está reconstruyendo. La Fiscalía considera ahora que su declaración resulta necesaria antes de decidir si esos indicios pueden trasladarse también al partido.
El PP sostiene una interpretación más amplia. En el escrito que presentó ante Pedraz, al que tuvo acceso Infobae, la formación de Alberto Núñez Feijóo defiende que las actuaciones investigadas no beneficiaban únicamente a quienes las ejecutaban, sino que estaban dirigidas a proteger los intereses del PSOE. Por eso reclama que se examine la eventual responsabilidad penal de la organización.
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Los populares apuntan directamente a Cerdán y también a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que permanece investigada en la causa. Según la acusación, la participación de personas que ocupaban puestos de responsabilidad dentro de la formación demostraría que no se trataba de iniciativas completamente ajenas al partido.
El PP añade otro argumento: que el PSOE habría carecido de mecanismos de control suficientes para impedir que sus responsables utilizaran recursos de la organización para cometer delitos. En su escrito, sostiene que Cerdán habría tenido capacidad para disponer de medios del partido sin que existiera un sistema interno que limitara o fiscalizara sus actuaciones.
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La formación socialista, por su parte, ha limitado hasta ahora la responsabilidad por los hechos investigados a quienes pudieran haber actuado de manera individual y ha situado el foco sobre su antiguo secretario de Organización.