La Fiscalía de Sevilla ha acordado presentar una denuncia contra el agitador ultra Vito Zoppellari Quiles, más conocido como Vito Quiles, por una presunta estafa en la recaudación de donaciones destinadas, entre otros, a juguetes para los niños víctimas de la dana de Valencia de 2024, a “defender el periodismo libre e independiente”, a sufragar su página web o a “becas para jóvenes”. La decisión del ministerio público llega después de una denuncia de la asociación de consumidores Facua.

En el escrito de conclusiones, firmado el 23 de julio y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la fiscal señala que Vito Quiles viene solicitando desde hace tiempo donaciones para “fines pretendidamente sociales”, señalando siempre la misma cuenta bancaria “y no exigiendo al donante que identifique el motivo o destino de la donación”.

Para la Fiscalía, el hecho de que todas las entradas de dinero se mezclen en una misma cuenta y no se identifique la causa social a la que van destinadas supone que se difumine “el pretendido bien benéfico”. “Queda al descubierto el verdadero fin pretendido, que es el de obtener la disponibilidad de las cantidades donadas en su propio provecho o beneficio”, apunta.

La fiscal hace un breve resumen de las peticiones de donaciones realizadas por Quiles: en septiembre de 2024, solicitó ayuda económica para financiar su actividad y “combatir el hostigamiento mediático”; unos meses más tarde, en diciembre, pidió dinero a sus seguidores (solo en Instagram tiene 1,5 millones) para “defender el periodismo libre”; en enero de 2025, pidió donaciones para sufragar juguetes para los niños víctimas de la dana de Valencia; en junio, para sufragar las acciones legales que pretendía tomar contra la esposa del presidente del Gobierno; y, sin fecha determinada en el escrito, ha venido solicitando dinero para sufragar su web, Combativos, “y para costear becas para jóvenes”.

El ministerio público se fija especialmente en esta última rúbrica, la de las becas, para alertar de que en ningún momento se aclara para qué son ni a qué sector de la juventud van destinadas. Sobre la web, la Fiscalía señala que la titularidad que aparecía inicialmente en ella era de una sociedad no registrada en la web de Registradores. “Con ello se oculta al consumidor y futuro donante la verdadera identidad de quien va a recibir el dinero, que es el denunciado, en su cuenta común”, señala. Ahora, según se puede comprobar en la misma página, el titular es el propio Quiles.

Toda esta amalgama de causas, unas más sociales que otras, se puede dividir, según la Fiscalía, en dos: por un lado van las transferencias destinadas a sufragar la actividad de Quiles ―en sus palabras, “combatir el hostigamiento mediático” o “defender el periodismo crítico e independiente”― o la interposición de acciones judiciales. Estas, dice la fiscal, tienen un propósito verdadero (e indicado), por lo que el que haya donado no se puede sentir engañado.

Cuestión distinta es la recaudación en la misma cuenta de dinero para causas pretendidamente sociales o benéficas. “El hecho de que estas donaciones se deban ingresar en la misma cuenta destinada a la autofinanciación del titular, hace que quien haya realizado tales donaciones en la creencia de que serán destinadas a la dotación de becas o compra de bienes para satisfacer un interés social y benéfico, vea frustrado su buen propósito al quedar diluida su donación en el montante del resto de cantidades donadas para el fin de la autofinanciación”, señala la fiscal. Dicha financiación ha sido obtenida por Quiles “mediante engaño o artificio que induce al ciudadano ―apelando a su buena voluntad― a realizar el desembolso en la creencia de que realiza una obra social”.

Sin cantidades, de momento

El escrito matiza que es difícil establecer las cantidades con las que se podría haber lucrado Quiles, y pide que se investigue. Así, el ministerio público concluye que por el denunciante (Facua) se han aportado “datos inequívocos” de que el agitador realizó acciones “que pudieran ser delictivas” ―“entendemos que no se trataría de iniciar una investigación que pueda entenderse meramente prospectiva”, matiza― y acuerda presentar una denuncia en este sentido ante los juzgados de Sevilla.

El delito de estafa por el que la Fiscalía denuncia a Quiles está castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tiene en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y “cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción”.

De abrirse diligencias, no sería la primera causa judicial que afecta al agitador ultra. Renfe lo denunció, también por estafa, por, en al menos 17 ocasiones, haber viajado hasta un destino comprando solo billetes para una estación más cercana. Además, el secretario de Facua (la asociación aquí denunciante), Rubén Sánchez, tiene abierta contra él una causa por injurias y calumnias con agravante de odio ideológico y por la que solicita nueve años de prisión. En julio le interpuso una segunda querella por los mismos delitos. A principios de julio, una jueza ordenó su detención por un bulo contra un empleado público.