Una semana después de iniciarse la crisis humanitaria sin precedentes con la entrada masiva de migrantes, a nado o a pie, por el espigón fronterizo de Ceuta provocando un enorme reguero de muertos, toca el turno de depurar responsabilidad judiciales.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tratado de liquidar la crisis sin responsables, defendiendo que “hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad”. Sin embargo, ya existen tres denuncias que piden que se investigue y Marruecos ya ha procesado a 86 personas por la avalancha, entre ellos varios organizadores.
En España la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón lo primero que quiere saber es si a la Guardia Civil, encargada de la frontera se le alertó los días previos a la avalancha de que algo así podría ocurrir.
Esta petición de información, como paso previo para decidir si inicia una investigación formal, no es baladí. Hace días que hay informaciones contradictoras sobre si existieron informes, alertas o avisos sobre una posible brecha de seguridad en la frontera de Ceuta, que acabó provocando la entrada de 72.000 personas causando el ahogamiento o aplastamiento de decenas de ellas. Fue el propio titular de Interior, quien abrió la caja de los truenos en una rueda de prensa desde la ciudad autónoma, en la que aseguró que a su despacho no llegó ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que avisase de lo que se estaba fraguando al otro lado de la frontera.
El martes Grande-Marlaska insistió en la misma idea, respaldada por la portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, que negó la existencia de informes sobre la magnitud del cruce masivo.
Sin embargo, fuentes de Defensa, del que depende el CNI, defienden que los servicios secreto españoles sí alertaron de que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que consideraba que la entrada a nado por mar no permitía el rechazo en frontera (al no existir un obstáculo físico), sí podría provocar un significativo aumento de entradas vía marítima.
A las contradictorias versiones, que ha provocado un nuevo enfrentamiento entre Interior y Defensa, se suma un tercer factor: Marruecos, cuya permisividad en la frontera fue determinante para que la riada de gente cruzase a España. Un fuente oficial de Rabat aseguró que Marruecos alertó a España días antes de la crisis de que la decisión del Supremo debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria.
Por ahora, son 79 los cadáveres que han podido ser rescatados por la Guardia Civil, pero la cifra, previsiblemente, seguirá en aumento.
La Audiencia Nacional abre la puerta a buscar responsables por desatender a las alertas como en la DANA
Ayer, la oenegé Caminando Fronteras, con más de una década a sus espaldas monitorizando tragedias en rutas migratorias, elevó el número de fallecidos hasta los 141. Entre ellos no habría, según la organización solo ciudadanos marroquíes, sino que también procedentes de Sudán, Eritrea, Guinea y Costa de Marfil. Caminando Fronteras señala que 63 cadáveres han sido recuperados en territorio marroquí, aunque las autoridades alauitas solo han admitido 11 muertos en sus aguas.
Fuentes del GEAS de la Guardia Civil, los buceadores que peinan la zona, explican que en aguas marroquíes han sido localizados más cuerpos sin vida que los reconocidos. Apuntan a que las mareas pueden arrastrarlos a las playas ceutíes.
El camino más probable para buscar a posibles responsables es que ocurra lo mismo que pasó con los fallecidos en el Tarajal en el 2014 o en la valla de Melilla en el 2021. Sin embargo, con el requerimiento de la magistrada Tardón a la Guardia Civil se podría abrir una puerta a buscar responsables por omisión o por desatender a las alertas, algo similar a lo ocurrido por las inundaciones de la DANA en la Comunidad Valenciana, según apuntan fuentes jurídicas.
La instructora está todavía en un paso embrionario porque aún no ha determinado si es competente para investigar. Lo primero que ha hecho tras recibir la denuncia del partido Iustitia Europa ha sido reclamar una serie de información a la Jefatura de Información de la Guardia Civil y a la UCRIF de la Policía Nacional.
Respecto de los fallecidos, ha reclamado información al primero de los cuerpos sobre el dispositivo desarrollado en la frontera ceutí, concretamente sobre “las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales conocidas, así como, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar”.
Para que fuera competencia de la Audiencia Nacional se tendría que investigar un delito contra la paz e independencia del Estado, o buscar responsabilidades contra organizaciones criminales transnacionales o por delitos de trata de personas. Por eso, Tardón también ha reclamado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para que se detalle toda la información que disponga sobre la entrada irregular de personas estos días por Ceuta. Quiere saber si ha podido tratarse de una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal.
Una semana con el baile de cifras de la tragedia
Cuando se cumple una semana del cruce de una avalancha de inmigrantes a Ceuta, el baile de cifras de la tragedia continúa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el miembro del Gobierno que ha ofrecido la cifra más elevada de llegadas: 72.000, frente a las 80.000 personas que habrían entrado según el gobierno de la ciudad autónoma. Si esos son los distintos puntos de partida, a partir de ahí los escenarios de los migrantes que quedan también ofrecen realidades distintas. El delegado del Gobierno en Ceuta insiste en que aún permanecen unas 2.500 personas que no han querido retornar de forma voluntaria a Marruecos, mientras que el presidente regional, Juan Jesús Vivas, afirmó ayer que son 6.000 los extranjeros que continúan en la ciudad desde la semana pasada. La mayoría, una vez que el grueso de los marroquíes volvieron en las 48 horas posteriores al cruce masivo, son subsaharianos que esperan una plaza libre en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Los mayores de edad, en las calles, se mezclan con menores de 18 años que aún no han sido identificados por la Policía, que ayer informe que había filiado a 528 de ellos. Una vez que se realiza esta identificación se ponen a disposición de la ciudad autónoma, que tiene la competencia para su tutela y acogida. Esos 528 se suman a los más de 800 menores que se encontraban en los recursos de protección antes del pasado jueves.
Mientras tanto, en Ceuta las autoridades siguen pisando el acelerador para aliviar la presión migratoria en la ciudad, en la que aún hay cientos de personas en sus calles. La máxima atención está puesta en los menores sin acompañamiento familiar a los que acoge el gobierno autonómico, que superan los 1.100, a la espera de informes individualizados que permitan su reubicación en otras autonomías. La reforma de la ley de Extranjería, que estableció el reparto obligatorio, recoge que una vez que la región se declara en situación de contingencia migratoria extraordinaria, como lo está Ceuta desde agosto de 2025, hay un plazo máximo de 15 días para derivar a los nuevos adolescentes que llegan. Lo que debería suceder con los que entraron el pasado jueves. Sin embargo, en Ceuta son conscientes de que esos tiempos no se van a cumplir. Fuentes del gobierno ceutí confirman que desde el pasado 30 de julio, ningún menor ha sido trasladado a la Península.
También son cientos los migrantes, la mayoría subsaharianos, que siguen en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a la espera de que se libere una plaza. Son potenciales asiliados, por lo que se niegan a volver a Marruecos, donde son perseguidos, tal y como alertan las oenegés sobre el terreno en Ceuta.
La ciudad autónoma acoge ya a más de 1.100 adolescentes solos, pero sigue habiendo muchos en las calles
Ayer, la delegación del Gobierno anunció que la Policía Nacional va a habilitar un lugar para agilizar el proceso de petición de protección internacional, a la vez que se están agilizando las reseñas policiales de estos migrantes para que, en caso de no ser aceptada la petición, puedan, en teoría, ser devueltos a su país.
Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos
Joaquín Vera
Periodista especializado en información de Interior, Seguridad y Terrorismo
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Redactor de la sección de Política de La Vanguardia. A cargo de la información de Interior y Defensa, con el foco en la Seguridad y el Terrorismo