Punto de encuentro
Mazariegos había conseguido frenar las investigaciones en su contra porque tenía a una fiscal general aliada.
En 2016, un vigoroso y digno movimiento de estudiantes sancarlistas encabezó la recuperación de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de León, que había sido tomada por las mafias. A partir de asambleas, movilizaciones y una estrategia para unir a los gremios de las facultades y escuelas no facultativas se gestó la lucha que permitió expulsar a una ilegítima dirección de la Asociación y recobrar el camino de la defensa de los derechos y reivindicaciones estudiantiles.
En 2022, de nuevo, estudiantes, profesores y trabajadores dignos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sumaron fuerzas para oponerse y resistir el primer fraude que Walter Ramiro Mazariegos Biolis fraguó para hacerse de la rectoría de la única universidad pública del país y, desde ahí, capturar para su beneficio unidades académicas, centros regionales, direcciones y la mayor parte de la estructura institucional.
El fraude fue posible porque se impidió a los electores de oposición ingresar al recinto donde se llevó a cabo la elección y porque grupos de choque, en complicidad con la Policía Nacional Civil de Alejandro Giammattei, la emprendieron contra los manifestantes que exigían que la votación se realizara de forma transparente y conforme la normativa universitaria.
Ese movimiento de resistencia se enfrentó a una feroz campaña de estigmatización, hostigamiento y persecución penal indebida porque la entonces fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, era una aliada incondicional de Mazariegos. Desde el Ministerio Público (MP) se fabricó un caso que llevó a prisión a estudiantes, docentes, trabajadores y activistas por la Usac, que todavía se encuentran ligados a proceso, a la espera de enfrentar juicio o tienen órdenes de captura vigentes.
Además, una mayoría de integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), cómplices del rector impuesto, ordenó y avaló medidas “disciplinarias” contra estudiantes, docentes y personal de la Usac, que terminaron en despidos, retenciones de salario y la expulsión de varios jóvenes de sus unidades académicas.
A pesar de todo, este 2026, pese a la represión, la criminalización y de haber convertido a la Usac en un búnker casi impenetrable, el movimiento de resistencia se fortaleció para hacer frente a la reelección del usurpador. Ganaron ampliamente las planillas de oposición, pero, de nuevo, con la misma estrategia del 2022, se manipuló la elección y se concretó el segundo fraude que terminó avalado vergonzosamente por una resolución dividida de la Corte de Constitucionalidad.
Las represalias en contra de estudiantes de la resistencia llegaron casi de inmediato: les borraron sus registros académicos para impedirles seguir estudiando en la Usac. Y precisamente fue a partir de esta denuncia (la última de las más de 15 que se han interpuesto contra Mazariegos y miembros del CSU) que el pasado viernes el MP realizó un allanamiento en el campus central universitario para recabar evidencias que permitan establecer qué pasó.
¡Autonomía! gritaron las mafias que tienen secuestrada a la Usac y que buscan seguir retorciendo con esa narrativa el verdadero sentido de la autonomía universitaria que no es una patente para delinquir. Hasta ahora, Mazariegos había conseguido frenar las investigaciones en su contra porque tenía en el MP a una fiscal general aliada. Todavía tiene mucha influencia en el sistema judicial y en las altas cortes que deviene de la cuota de poder que tiene la universidad en las comisiones de postulación.
Pero las estructuras de captura y cooptación del Estado no son infalibles. ¿Se acuerdan del PP? y, como la historia lo confirma, la comunidad sancarlista ha demostrado estar a la altura de las circunstancias aún en los momentos más críticos del pasado reciente.