Imagen es percepción
La salud pública atraviesa una crisis que va más allá de las protestas. Hospitales con graves carencias y un gobierno en deuda con la población.
En Guatemala, enfermarse puede convertirse en una tragedia. Para miles de ciudadanos, acudir a un hospital público significa enfrentar largas esperas, incertidumbre y, muchas veces, la angustia de no encontrar los medicamentos o servicios que necesitan. La enfermedad no espera, y la vida de un paciente no debería depender de un sistema que arrastra décadas de deficiencias.
Las recientes manifestaciones del sector salud han vuelto a poner sobre la mesa una crisis que ningún gobierno ha logrado resolver. Esta semana, trabajadores salubristas bloquearon carreteras en distintos puntos del país para exigir mejoras laborales y denunciar la falta de medicamentos. —Las consecuencias de que ellos obstruyan la libre locomoción nos afecta a todos y al presidente le da igual, sigue sin ofrecer soluciones—. Pero detrás de las protestas existe una realidad todavía más grave, miles de guatemaltecos que dependen exclusivamente de la atención pública para sobrevivir.
Los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios son los principales centros asistenciales del país. Reciben pacientes de todas las regiones y enfrentan una demanda enorme. En junio, las autoridades del San Juan de Dios reconocieron que su abastecimiento de medicamentos rondaba el 70%, por debajo del nivel óptimo. La explicación oficial fue un aumento inesperado de pacientes, y se aseguró que la atención continuaba.
Esa situación obliga a plantear algo fundamental. Un hospital no puede medirse solo por los medicamentos que guarda en bodega. También cuentan las cirugías realizadas, los especialistas disponibles, los equipos que funcionan y el tiempo que pasa antes de que un enfermo reciba tratamiento. Esos son los datos que importan a un paciente, y los indicadores que realmente dicen si la salud pública mejora.
Arévalo llegó al poder con la promesa de recuperar las instituciones y fortalecer los servicios públicos. En su segundo informe de gobierno aseguró haber intervenido 82 puestos de salud, contratado a más de 2,300 personas y alcanzado un abastecimiento promedio de medicamentos e insumos superior al 90%. Son avances que su administración presenta como parte de la transformación sanitaria. Pero un promedio nacional no siempre refleja lo que ocurre dentro de cada hospital.
La fiscalización del Congreso también ha expuesto fallas administrativas. En agosto de 2025, diputados de la Comisión de Salud cuestionaron la baja ejecución de recursos destinados al sector. El problema no es solo tener presupuesto, sino gastarlo a tiempo y convertirlo en servicios concretos para la población.
También hay que reconocer acciones recientes, como la compra de medicamentos oncológicos para hospitales nacionales y las mejoras anunciadas en algunos servicios. Pero una entrega de insumos, por importante que sea, no sustituye la obligación de garantizar atención permanente, cobertura suficiente y continuidad en los tratamientos.
Con casi tres años de gestión, corresponde evaluar al gobierno de Arévalo por sus resultados y no solo por sus anuncios. La crisis hospitalaria no comenzó con él, pero le toca enfrentarla, corregir sus deficiencias y demostrar avances sostenibles. Gobernar es responder por las instituciones que se administran, aun cuando sus problemas sean heredados.
La calidad de la salud pública no se mide por discursos, sino por vidas atendidas, enfermedades tratadas y pacientes que vuelven a casa con la certeza de recibir atención digna. Guatemala necesita hospitales que funcionen, medicamentos disponibles y autoridades capaces de convertir los recursos públicos en resultados. Cuando un Estado abandona la salud de su población, comete un crimen moral cuyas consecuencias recaen sobre quienes menos tienen.