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En muchos casos las normas (leyes, decretos y reglamentaciones) pueden explicar el resultado de los datos de la economía.
Analizando tres períodos de la última década, en los que participan tres gobiernos: 1) 2015-2019: Cambiemos; 2) 2019-2023: el Frente de Todos; y 3) 2023 – actualidad, la Libertad Avanza, los datos vinculados con la desocupación, el nivel del empleo formal y la recaudación de la seguridad social, pueden contrastarse con las medidas tomadas por cada administración y de esta manera llegar a algunas respuestas sobre los resultados obtenidos.
En primer lugar, una constante que puede verse en los últimos diez años es que a pesar de los aumentos en valores corrientes, la recaudación de la seguridad social estuvo por debajo la inflación de cada período.
Los motivos pueden ser que los sueldos transitaron por debajo de la inflación, sumado a la disminución producida de los aportantes al sistema previsional por la caída del empleo registrado.
La evolución de la recaudación de la seguridad social comparada con la inflación registrada de la última década, en valores históricos, fue la siguiente:
Otro punto para contrastar es la evolución que tuvo la tasa del empleo informal en ese mismo período, en donde los datos obtenidos muestran las siguientes conclusiones:
En los diez años pasados, la tasa de informalidad nunca fue menor del tercio de la oferta total de la mano de obra, expresándose de la siguiente manera:
- Período: 2015-2019: La tasa de informalidad osciló entre el 33% al 35%.
- Período: 2020-2021: Hubo una caída abrupta de la actividad económica por la restricción a la circulación forzosa de los trabajadores informales, como resultado de la pandemia.
- Periodo 2022-2023: La informalidad registró un crecimiento del 37% al 40%.
- Período 2024-2026: La tasa de informalidad llegó al 44,2%, como producto del aumento del trabajo informal y del cuentapropismo de subsistencia.
El indicador vinculado con el desempleo, en los últimos 10 años, mostró la siguiente evolución:
- Período 2015-2019: La desocupación trepó desde un rango del 7-8% hasta rondar el 10% en el año 2019, por procesos recesivos y caídas del empleo registrado. En el primer trimestre del 2017 fue del 9,2%, mientras que en el cuarto trimestre del 2017 la tasa bajó al 7,2%.
- Período 2020-2021: Durante la pandemia el desempleo tuvo un comportamiento atípico, saltando al 13,1% en el segundo semestre del año 2020.
- Período 2022-2023: Se produjo una recuperación gradual de la desocupación, llevándola al piso del 5,7%, durante el tercer trimestre del 2023.
- Período 2024-2026: A partir de las medidas económicas tomadas por el nuevo gobierno, la retracción de la actividad y la destrucción de los puestos formales en los sectores de la industria y la construcción, el indicador subió hacia la zona del 7,5% al 7,79%. En el primer semestre de este año llegó al 7,8%.
La evolución de la tasa de desempleo, desde el 2015 a la actualidad, es la siguiente:
Qué sucedió con las normas sancionadas en la última década
Las normas transitaron siguiendo la disyuntiva entre disminuir el costo laboral o evitar el desfinanciamiento previsional. Mientras tanto, desde el año 2017, el impuesto a los débitos y créditos bancarios –que vence el 31 de diciembre 2027- se destina íntegramente a favor de la ANSES. En los últimos días, el gobierno actual anunció que se está estudiando distribuir parte de esos fondos para sanear el mercado crediticio, medida que – en realidad- debería salir a través de una ley.
En materia de seguridad social las medidas –de ida y vuelta- comenzaron en los años noventa, con la sanción del decreto 814/01, cuando se diferenciaron los porcentajes de contribuciones patronales destinados a la seguridad social con el argumento, según se decía, que era para “establecer las bases para el crecimiento sostenido, y la competitividad y el aumento del empleo”.
Luego, el ex ministro Cavallo implementaba los planes de competitividad, permitiendo computar como crédito fiscal para el Impuesto al Valor Agregado, las contribuciones patronales de la seguridad social que pagaban las empresas. Por otro lado, en el mes de julio de 1994, con la privatización del sistema previsional, la ex AFIP comenzó a cobrar y a administrar los fondos jubilatorios y los destinados a las obras sociales (aportes y contribuciones). A partir de ahí, las transferencias realizadas a las obras sociales en general tuvieron demoras y se hacían discrecionalmente, afectando el desenvolvimiento normal de esos sistemas de salud y aportando al desfinanciamiento del mismo.
Más tarde, en el año 2008, la ley 26.476 creó un blanqueo laboral y en otro capítulo un régimen de fomento para las nuevas contrataciones de trabajadores. Este régimen que estuvo vigente era similar al que intentó llevar a cabo sin éxito el gobierno de Macri, y que extrañamente fue muy criticado por la oposición que antes lo aceptó sin mutarse.
Por ese blanqueo, se condonaba la deuda y las multas previsionales para las empresas que blanqueaban hasta 10 empleados y a éstos se les permitía computar cantidad de años de aportes para el momento en que tramiten su jubilación. Asimismo, se daban beneficios, relacionados con la disminución de cargas sociales, a las nuevas contrataciones realizadas en los años siguientes. No debe omitirse que existió vigente desde el año 2014 una ley (26.940), que otorgaba una reducción del 50% sobre las contribuciones patronales de la seguridad social para los pequeños empleadores.
Sin embargo, los datos que surgen de un estudio del Ministerio de Trabajo, relacionado con la evolución del empleo no registrado, excluyendo a los beneficiarios de planes sociales, demostró que en el período 1997 a 2002 la tasa se mantuvo en el 38%, y luego a pesar de las medidas aplicadas en el año 2008, la tasa se mantuvo también en el 36%.
Estas estadísticas comprueban que el hecho de implementar medidas económicas, en los años 2001 y 2008, de reducción de contribuciones patronales no aseguraron, por sí solas, que se incremente la contratación de trabajadores, ni tampoco que se reduzcan los niveles de empelados no registrados en la economía. Por otro lado, especialistas en demografía aseguran que nuestro país goza de un período de bono demográfico. Esta situación se consigue cuando en un país existen más habitantes en la población económicamente activa con relación a la población infantil y anciana.
Como este período para Argentina concluiría en el año 2035, deberían aprovecharse todos estos años para generar ahorro, incluidos los fondos destinados a la previsión social, para cuando la situación cambie.
A través de la reforma tributaria del gobierno de Macri (ley 27.430), se introdujo la figuras del mínimo no imponible previsional para que las empresas desde febrero del año 2018 puedan descontar de la contribución de la seguridad social un importe que comenzó a ser de $ 2400 por cada empleado. Este monto se actualizaba anualmente por el costo de vida y se iba a ir incrementando hasta llegar a $ 12.000 (históricos) en el año 2022.
Actualmente, el importe que se deduce por cada trabajador es de $ 7003,68 y en algunas actividades afectadas por la crisis se les autoriza descontar el total que llegó a $ 17.509,20, en las cargas sociales que se abonan por cada empleado en relación de dependencia.
Además con esta reforma del gobierno de Macri todas las empresas, independientemente su tamaño, se iban a encontrar en el 2022 pagando la misma alícuota de contribuciones de la seguridad social: el 19,50%. Pero esta medida fue modificada por el gobierno de Fernández, que estableció alícuotas inferiores para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
El gobierno de Milei, realizó importantes modificaciones en las normas que regulan las relaciones laborales eliminando sanciones agravadas por los despidos y la falta de registración de los empleados. El decreto (DNU 70/23) tuvo el freno de la justicia laboral nacional, expresadas en las Cámaras de apelaciones que paraban la aplicación del decreto de necesidad y urgencia. Por ese motivo, en el año 2024, introdujo esos artículos dentro de la ley Bases (27.742) sumados a otras modificaciones, como por ejemplo: la ampliación del período de prueba, la posibilidad de facturar en lugar de estar bajo relación de dependencia, un nuevo Blanqueo laboral que no tuvo éxito, etcétera.
Pero con esto no terminaron las reformas. A fin de año pasado se aprobó una nueva ley (27.802) denominada de “modernización laboral”, que introdujo nuevos cambios en la ley de contrato de trabajo; intentó con otro blanqueo laboral; creó el, todavía inactivo, Fondo de Asistencia Laboral que se usará para cubrir el costo de las indemnizaciones por despido, financiado en una gran parte con fondos del sistema previsional argentino.
Además, se creó un régimen significativamente reducido de contribuciones patronales, que cumplan las condiciones puestas por la ley, para los nuevos trabajadores contratados en los próximos dos años. Este último punto puede alentar a las empresas a realizar modificaciones en las plantillas laborales de trabajadores nuevos con menores costos, a pesar de que la ley expresamente lo prohíba.
Sobre la mesa están los datos de la última década, contrapuestos con las medidas tomadas por cada uno de los tres gobiernos. Del análisis comparado, seguramente podrán sacarse muchas conclusiones.