Los datos sobre empleo van a ser el mantra que repita el Gobierno hasta finales de año, seguro de mantener la tasa de paro por debajo del 10%. Aunque sea gracias a la aportación que hace al mercado de trabajo la regularización de inmigrantes.
El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ya adelantó en una de sus últimas comparecencias públicas que a finales de año habría muchas CCAA en pleno empleo, entendido como una tasa de paro en el entorno del 8% para el mercado laboral español.
Pero lo que ni la regularización ni el Gobierno puede evitar, por ahora, es la brecha que se ha abierto entre las autonomías con un paro entre el 7% y el 9%, que son las del norte de España, y las que sufren dos dígitos y están entre el 11% y el 14,5%, que son la mitad sur del país.
La diferencia de mercados laborales siempre se ha dado entre los territorios españoles, muy marcada por la fuerte estacionalidad que provoca el turismo en la economía española y el desarrollo del sector servicios por delante de la industria y la inversión productiva.
Esa variabilidad de los datos de paro en España, según la época del año de que se trate, es lo que justificó la elevación de la tasa de pleno empleo del 4%, que establecían los economistas más ortodoxos, hasta un nivel de entre el 7% y el 8%, que es el que maneja el Gobierno.
El problema es que, en esa ocasión y con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año, se puede generar una desigualdad mayor. Hay una parte del país que estará a final de año casi en pleno empleo, y otra con tasas de paro que pueden ser del doble.
Por lo pronto, el proceso reindustrializador y la apuesta por la transición ecológica y la digitalización que se puso en marcha con los Fondos Next Generation, no ha servido para evitar que Madrid tenga un 7,5% de paro y Andalucía un 14,5%.
Junto a Andalucía hay cinco CCAA condenadas a un paro más alto que el resto: Extremadura (13,2%), Castilla-La Mancha (11,8%), Canarias (11,6%), Valencia (10,9%) y Murcia (10,8%). Sin comparar con Ceuta y Melilla, que sufren elevadas tasas de paro por sus especiales circunstancias.
En las latitudes más al norte, ya hay seis regiones con una tasa de paro inferior al 8%, que estarían técnicamente en pleno empleo. Y otras cuatro por encima de esa cota, muy cerca de lograrlo. Baleares es la más baja en verano, con el 6,11% y Asturias se coloca en un 9,1%, más cerca de la media nacional del 9,87%.
Las previsiones de Funcas para la tasa de paro en 2026 apuntaban a un 10% de media, con la mitad norte de España muy por debajo del 8% y Asturias ligeramente por encima. Pero eso era con un crecimiento del empleo anual del 2% para este año y del 1,5% para el que viene.
Ese ritmo de crecimiento del empleo se ha disparado a niveles del 3% con la regularización, de forma que todas las previsiones hechas hasta ahora se han roto y están a la espera de ver cómo se encajan los más de 100.000 nuevos afiliados extranjeros que ese proceso está arrojando al mercado de trabajo cada mes.
Brecha estructural
Los responsables de Trabajo y Seguridad Social ya han advertido que esa tendencia seguirá en los próximos meses, con lo que es más que probable que las tasas de paro se recorten más en las CCAA con mayor incidencia.
Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía acaparan el 62% de todos los inmigrantes legalizados hasta ahora, con cifras que triplican o cuadruplican las del resto de las autonomías. Eso va a recortar aún más las tasas de paro de poco más del 7% de catalanes y madrileños, y compensará en parte las de andaluces y valencianos, que prácticamente duplican los niveles de la capital y la Ciudad Condal.
Desde el Gobierno evitan hacer elucubraciones sobre el impacto de la regularización en las cifras del mercado de trabajo, hasta conocer los datos de los próximos meses. Hay 1,17 millones de inmigrantes que han solicitado la legalización, y a finales de julio la habían logrado más de 262.400.
El profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, José Manuel Corrales, asegura que “se trata de un crecimiento más desigual que desordenado del empleo”, que no aumenta en todo el territorio con la misma intensidad ni calidad.
“Las mejoras introducidas en la contratación han reducido la temporalidad, aunque no pueden corregir por sí solas las diferencias entre los modelos productivos de cada comunidad”, advierte.
Para los académicos y economistas consultados, el problema no está tanto en el funcionamiento del mercado laboral, como en el tipo de empresas, industrias y actividades económicas que existen en cada región.
Una comunidad muy dependiente del turismo estacional o de servicios de escaso valor añadido tendrá más dificultades para generar empleo estable que otra con un tejido industrial y tecnológico consolidado.
En ese escenario influyen también las diferencias en inversión, infraestructuras, formación, innovación y capacidad para atraer empresas. “Allí donde existe una mayor concentración de capital productivo y tecnológico resulta más sencillo crear empleo cualificado y retener a la población joven”, explica el profesor Corrales.