El Tribunal Oral Federal 5 dio comienzo al juicio unificado por Los Sauces y Hotesur, que evalúa una presunta maniobra de lavado de activos, con acusaciones por asociación ilícita y dádivas, a través de negocios inmobiliarios y hoteleros vinculados a Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo San Felice, Víctor Manzanares y otros 24 imputados.
La hipótesis quedará expuesta durante las primeras audiencias, con la descripción de un esquema de empresas sobre el que se habría estructurado el mecanismo destinado a canalizar fondos de origen ilícito y justificarlos como parte del patrimonio de la ex familia presidencial.
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El requerimiento del Ministerio Público Fiscal describió un circuito que conectaba a Hotesur con las firmas vinculadas a Báez, que habrían realizado pagos por servicios hoteleros a través de Valle Mitre, la administradora de las sociedades de los Kirchner. Para Los Sauces, se planteó un mecanismo paralelo que menciona a los grupos Báez e Indalo girando fondos por contratos de alquiler de hoteles, departamentos y oficinas.
Puntualmente, en Hotesur se ubica a las firmas vinculadas a Báez —Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, Alucom Austral, Don Francisco, La Estación, La Aldea del Chaltén y Diagonal Sur Comunicaciones— dentro del circuito que le pagó a Valle Mitre por alquiler de habitaciones y otros servicios, que para la fiscalía fueron simulados.
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A su vez, Valle Mitre operaba como intermediaria: recibía esos fondos, administraba los hoteles y pagaba cánones locativos a Hotesur, propietaria del Hotel Alto Calafate, y a las sociedades de los Kirchner por la explotación de la hostería Las Dunas y el Hotel La Aldea del Chaltén, para presentarlos como ingresos de la actividad hotelera.
Por otro lado, los investigadores sospechan que en el caso de la inmobiliaria y sociedad hotelera Los Sauces, también de los Kirchner, el ardid se estructuró mediante alquileres abonados por el Grupo Báez —Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre— y el Grupo Indalo, bajo el control de Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa, por medio de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.
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Los acusadores incluyeron a IDEA S.A., de Osvaldo Sanfelice, como administradora del Hotel La Aldea del Chaltén y canalizadora indirecta de fondos del Grupo Indalo, además de Negocios Patagónicos y Negocios Inmobiliarios, también vinculadas a Carlos Sancho.
El requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía describió a Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una organización acusada de recibir dádivas y de lavar dinero mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.
Atribuyó a Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Víctor Manzanares y Osvaldo Sanfelice funciones de organización dentro de la estructura investigada.
Romina Mercado, Martín Báez, Emilio Martín y Carlos Sancho fueron señalados como integrantes de la organización y como responsables, junto con otros acusados, de las operaciones de lavado.
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Los escribanos quedaron imputados por intervenir en la preparación y formalización de negocios societarios e inmobiliarios. Los representantes y directivos de empresas se ocuparon de canalizar pagos, mientras que cinco empleados del Banco Nación fueron investigados por presuntas irregularidades en registros financieros.
La acusación contabilizó $25.968.042,30 que habrían ingresado a Los Sauces entre enero de 2009 y marzo de 2016.
El circuito asociado a Báez aportó $6.851.650,97 a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre. Las constructoras habrían alquilado departamentos de Los Sauces en Río Gallegos, mientras que Valle Mitre administró el Hotel La Aldea del Chaltén.
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Los otros $19.116.391,33 se vincularon con el Grupo Indalo. Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia realizaron pagos directos por $18.554.725,76, y IDEA S.A., una firma controlada por Sanfelice, transfirió $561.665,57.
Para la fiscalía, los contratos por unidades y espacios del complejo Madero Center, en Puerto Madero, habrían disimulado pagos que funcionaban como dádivas o como recursos destinados a ocultar su procedencia.
Luego, los fondos ingresados como alquileres habrían llegado a los accionistas mediante retiros, préstamos devueltos, gastos personales, honorarios y uso de inmuebles.
La investigación sostuvo que los hoteles de la familia Kirchner habrían dado apariencia legal a recursos procedentes de contratos de obra vial otorgados a empresas de Báez. La firma Valle Mitre ocupó un lugar central como administradora de Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén.
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De acuerdo con la acusación, la empresa debía recibir fondos, aplicarlos a la actividad hotelera y pagar alquileres a los propietarios. Entre 2007 y 2015, identificó transferencias por $75.870.060,24 hacia Valle Mitre.
Austral Construcciones concentró $70.949.170,95, equivalentes al 93,53% del total. El resto provino de Kank y Costilla, La Aldea del Chaltén, La Estación, Don Francisco, Badial, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral y Diagonal Sur Comunicaciones.
La fiscalía consideró falsos contratos de alquiler de habitaciones en el Alto Calafate para trabajadores de obras situadas a más de 400 kilómetros, además de salones, asesoramiento hotelero y otras prestaciones.
Según esa hipótesis, entre 2008 y 2013, la familia Kirchner habría recibido al menos $6.909.708 por Las Dunas y $28.597.624 a través de Hotesur por el Alto Calafate.
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