El Ministerio de Justicia volvió a llevar al Congreso la Ley Arles, una iniciativa que busca sancionar con mayor severidad a los funcionarios que no actúen de manera inmediata cuando exista información sobre el posible paradero de una persona desaparecida.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, esta es la tercera vez que el Gobierno radica el proyecto durante esta administración, luego de que dos intentos anteriores fueran archivados en el Congreso. La propuesta pretende que las demoras, negativas u omisiones en estos casos dejen de tratarse como simples incumplimientos y pasen a ser consideradas una falta disciplinaria gravísima.
PUBLICIDAD
La reforma modificaría el Código General Disciplinario para castigar a los servidores públicos que omitan, nieguen, retrasen o entorpezcan las actuaciones necesarias para verificar información sobre una persona desaparecida. El objetivo es garantizar una respuesta rápida del Estado y proteger los derechos de las víctimas y sus familias.
La ministra de Justicia, Cielo Rusinque, pidió a los congresistas debatir y aprobar la iniciativa, al señalar que el país tiene una obligación pendiente con la familia de Arles Edisson Guzmán Medina y con miles de hogares que siguen buscando a sus seres queridos.
La Ley Arles toma su nombre del caso de Arles Edisson Guzmán Medina, víctima de desaparición forzada en 2002 en la comuna 13 de Medellín. Desde entonces, su familia ha sostenido una búsqueda que ya supera dos décadas.
PUBLICIDAD
Según el Ministerio de Justicia, los familiares entregaron a las autoridades un croquis en el que señalaban que Arles podría estar en La Escombrera, uno de los lugares más sensibles en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en Medellín.
La cartera aseguró que las coordenadas entregadas por la familia coinciden con el punto donde la Jurisdicción Especial para la Paz ha reportado hasta ahora siete hallazgos de cuerpos. Pese a esa información, los allegados de Arles denunciaron durante años que el Estado no actuó con la rapidez ni la diligencia que exigía el caso.
Esa falta de respuesta llevó a que, en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por no adoptar medidas efectivas e inmediatas para establecer el paradero de Arles Guzmán.
PUBLICIDAD
Como parte de esa sentencia, el tribunal ordenó adoptar medidas para evitar que otras familias vuelvan a enfrentar una situación similar. La Ley Arles surge como una respuesta a esa obligación y busca cerrar espacios a la indiferencia institucional frente a los reportes de desaparición.
El Gobierno sostiene que la búsqueda de una persona desaparecida no admite demoras. Para las familias, cada hora puede ser determinante, no solo por la posibilidad de encontrar respuestas, sino por el impacto emocional, judicial y humanitario que genera la falta de información.
La propuesta también busca fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de derechos humanos. Además, apunta a garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.
PUBLICIDAD
Las cifras muestran la dimensión del problema. Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en Colombia hay más de 137.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
A esa realidad se suman más de 52.600 personas buscadoras que siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus familiares. Para ellas, la actuación de las autoridades no puede depender de trámites lentos, falta de coordinación o decisiones aplazadas.
Con la nueva radicación, el Ministerio de Justicia espera que el Congreso avance en una norma que obligue a los funcionarios a responder con diligencia ante cualquier reporte creíble sobre una persona desaparecida.
PUBLICIDAD
Ahora la discusión queda en manos de los congresistas. Si el proyecto es aprobado, los servidores públicos que retrasen o entorpezcan una búsqueda podrían enfrentar sanciones disciplinarias más graves, en un país donde miles de familias siguen esperando que el Estado actúe a tiempo.