La tasa de paro en un solo dígito -9,87%, su menor nivel desde antes del estallido de la crisis financiera de 2008- y la ocupación en un máximo histórico de casi 22,8 millones de trabajadores. Es la foto finish de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año y da fe de la fortaleza del mercado laboral patrio en un contexto económico y político muy delicado a nivel mundial. El empleo resiste en España y lo hace apoyado, sobre todo, en los inmigrantes. Una vez más, los microdatos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan el notable aporte de la población extranjera al crecimiento de la ocupación y, en especial, a la tasa de actividad, un indicador clave de la salud estructural del mercado de trabajo.

La tasa de actividad, que mide el porcentaje de la población en edad de trabajar que tiene empleo o lo busca activamente, es uno de los termómetros más fiables para evaluar el dinamismo del mercado laboral, ya que refleja la capacidad de una economía para atraer nuevos trabajadores y permite medir si se está absorbiendo o expulsando mano de obra. Entre abril y junio, el número de personas que trabajan o buscan empleo en España creció en 272.700, hasta alcanzar un récord de 25,27 millones. Este crecimiento es clave para interpretar el descenso del paro al 9,87%, ya que demuestra que la mejora del mercado laboral no se debe a una retirada de trabajadores, sino, precisamente, a la capacidad de la economía para absorber un volumen creciente de personas dispuestas a trabajar.

Buena parte de esa expansión de la población activa está impulsada por la inmigración. De los 272.700 nuevos activos registrados en el trimestre, 133.300 son extranjeros y 139.400 españoles, una distribución prácticamente equilibrada pese a que la población extranjera representa una proporción muy inferior del total. Lo mismo ocurre con el empleo: casi la mitad de los nuevos ocupados del trimestre, 240.000 de un total de 486.000, son trabajadores foráneos. Y en el último año, de los más de 510.000 empleos creados, cerca de 388.000 los ocuparon personas de otros países, frente a 122.500 españoles.

A la vista de estos datos, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, advertía ayer de que la economía española está creciendo extensivamente por inmigración y gasto público y no por productividad. "Por eso, los españoles no perciben una mejora de su bienestar, los salarios reales netos están cayendo y los precios no dejan de subir", señaló en la red social X. "Crecer a base de dejar entrar más gente sin control para luego regularizar masivamente no es una forma sana y sostenible de crecer", advirtió.

No obstante, hay que tener en cuenta que los datos de la EPA no reflejan el impacto de la regularización. Al contrario que los registros mensuales de la Seguridad Social, que sí vienen reflejando desde hace meses un fuerte crecimiento en el número de afiliados extranjeros, el aumento en la estadística del INE no puede atribuirse al proceso de regularización directamente porque la EPA es una encuesta que mide si una persona trabaja, independientemente de que esté dada de alta como cotizante.

La explicación detrás de estas cifras se encuentra más bien en una diferencia estructural de fondo entre españoles y extranjeros: su participación en el mercado laboral. Prueba de ello es que la tasa de actividad de los extranjeros alcanzó en el segundo trimestre el 69,63%, frente al 56,39% de los españoles -o el 57,5% si se incluye a quienes tienen doble nacionalidad-. Es decir, se situó más de 13 puntos por encima. En otras palabras: casi siete de cada diez extranjeros en edad de trabajar tienen empleo o lo buscan activamente, mientras que entre los españoles la proporción apenas supera la mitad.

La explicación no reside en una mayor predisposición a trabajar, sino en la distinta composición demográfica de ambos colectivos. La inmigración que llega a España está formada mayoritariamente por personas en edades centrales de la vida laboral, que se desplazan precisamente para incorporarse al empleo. Entre la población española, en cambio, el envejecimiento tiene un peso creciente: cada vez hay más personas jubiladas o próximas a la jubilación, lo que reduce la tasa de actividad agregada. Por ello, el propio INE recuerda que la diferencia entre ambas tasas responde "fundamentalmente a la distinta estructura por edades".

Esta realidad está transformando el mercado laboral español. En un contexto de baja natalidad y envejecimiento acelerado, la inmigración no solo cubre vacantes en sectores con escasez de mano de obra, como la hostelería, la construcción o los cuidados, sino que también sostiene el crecimiento de la población activa. Sin ese aporte demográfico, el mercado laboral enfrentaría serias dificultades para mantener el actual ritmo de creación de empleo.

La otra cara de este fenómeno es que cada vez resulta más exigente reducir el paro. Con una población activa que aumenta en cientos de miles de personas cada año, la economía necesita crear un volumen muy elevado de puestos de trabajo simplemente para evitar que el paro aumente. La EPA del segundo trimestre muestra que, por ahora, la creación de empleo no solo absorbe a quienes ya estaban desempleados, sino también a buena parte de quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral. Y ello a pesar de que en el segundo trimestre el número de parados que buscan su primer empleo aumentó en 53.400. En el balance global, el paro descendió en 106.600 entre los españoles y en 106.700 entre los extranjeros, hasta dejar la cifra total de parados en 2.495.300 personas.