“En el Centro de Día que Fundación IPNA tiene en Cañuelas, un grupo de jóvenes y adultos con discapacidad aprendió, con años de trabajo, a tener una vida propia. Cultivan su propia huerta, cocinan, cuentan con un café al paso los miércoles y se organizan, se acompañan”, cuenta a PERFIL Alex Goldman, presidente de la institución y representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis). “Es un lugar donde construyeron autonomía, vínculos y una rutina para una vida independiente. Eso, para muchas familias, es la diferencia entre la exclusión y una vida digna”.
Los haberes cayeron nueve puntos porcentuales contra la inflación
Pero, a un año de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la posibilidad de una vida digna e independiente parece estar cada vez más lejos: sin olvidar que detrás de los números hay historias, basta con señalar, por ejemplo, que en los últimos doce meses las pensiones por discapacidad perdieron nueve puntos en relación con la inflación, que según el Indec fue del 33,5% entre junio de 2025 y el mismo mes de 2026. En ese periodo las pensiones pasaron de los $ 283.306 a los $ 352.322 con bono de $ 70 mil incluido, lo que representa un incremento del 24,3%. Además, de acuerdo a la respuesta de un pedido de acceso a la información pública que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), más de 227 mil personas aguardan la resolución de la solicitud de sus pensiones. El 72% de ese total inició el trámite antes del 31 de diciembre del 2023 y 90.791 lo hicieron entre enero de 2024 y abril de 2026.
“Entre otorgadas (8.633) y rechazadas (1.741) en más de dos años, la gestión resolvió unas 10.374 solicitudes, mientras acumula 227.354 pendientes que no dependen del solicitante y, de ellas, más de 90 mil iniciadas durante su propia gestión. La proporción entre lo resuelto y lo pendiente expone una parálisis”, explicaron desde CELS.
El tema de las pensiones y de los aranceles a los prestadores fueron precisamente algunos de los puntos señalados en una carta que diferentes organizaciones (entre ellas CELS y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad –REDI–) enviaron al presidente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. “Hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, transportistas y demás prestadores se ven obligados a reducir servicios, endeudarse o cerrar sus puertas ante el profundo atraso de los aranceles y el aumento sostenido de los costos”, señalaron en el escrito. Las consecuencias, agregaron, “recaen directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias, las cuales sufren la interrupción de apoyos esenciales, pérdida de tratamientos, dificultades para acceder al transporte, retrocesos en procesos de inclusión social, educativa y laboral, y mayores niveles de aislamiento y dependencia”.
Una novedad que se sumó para empeorar esta emergencia legislada fue la derogación del régimen de compensaciones para los pasajes gratuitos en el transporte de larga distancia, “así como por la falta de participación efectiva de las organizaciones representativas en el diseño de las políticas públicas”, sintetizaron.
A un año de la ley, “todavía es más lo que está en la letra que lo que se ha concretado”, explica a este medio Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad. “Concretado fehacientemente es que todos los meses se da un aumento a los prestadores según la inflación”. El problema, agrega, es que la base desde la que parten estos incrementos está desactualizada. Por otro lado, destaca, la ley estableció una compensación para los prestadores que, “al día de hoy, no sabemos cuándo se va a pagar”. Como en otras oportunidades, la respuesta suele ser que Economía no libera los fondos. Lo que sí se aplica de acuerdo a la ley, afirma Molero, es el pago del 40% del salario básico a los trabajadores de los talleres protegidos.
A un año de la ley de emergencia en discapacidad, Economía no
libera los fondos
“Nosotros pedimos hacer un estudio de costos, que la ley también dice que debería hacerse un estudio de costos para justamente poner al día los aranceles. Con eso tampoco hubo respuesta”. Por otro lado, “hay gente que todavía no ha cobrado enero y ya se debería estar cobrando marzo”. La situación de los prestadores, sintetizó, continúa sin solución y en emergencia.
En la reglamentación de la ley “tocaron algunas cosas mínimas, pero no resolvieron los problemas estructurales”, afirma por su parte Gabriela Bruno, activista y secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista. “No tomaron ninguna medida que le devolviera dignidad a las personas con discapacidad”. El impacto de los recortes “es palpable y tangible”, asevera, ya que muchos profesionales cambiaron de trabajo e instituciones se endeudaron o redujeron servicios, como ha documentado en varias oportunidades este medio. “No reglamentaron por ejemplo ningún mecanismo concreto para financiar el sistema que existe a través de la ley 24.901 (que regula el sistema de prestaciones). Lo que deberían hacer es reconocerlo y pagar el atraso histórico, pero eso tampoco se reglamentó”. La deuda que se acumuló, como señaló Molero, continúa sin saldarse. “Otra de las deudas es que tienen una clara posición de no inyectar recursos a la Secretaría Nacional de Discapacidad”. De hecho, en el presupuesto abierto no se puede hacer seguimiento de lo ejecutado por esta oficina. PERFIL intentó obtener un testimonio y se comunicó con fuentes de la Secretaría, que derivaron la consulta a Salud con el argumento de que el organismo depende de esa cartera. Desde allí no ofrecieron respuesta.
En este contexto, concluye, “las personas con discapacidad, a pesar de contar con el marco normativo, seguimos sin tener lo que necesitamos para desarrollar nuestros proyectos de vida y vivir con dignidad”.
Goldman remarca que la ley existe en el boletín oficial, “pero no en la vida cotidiana de miles de familias. El Estado eligió el camino más cómodo: cumplir con lo mínimo indispensable y dejar que el resto se resuelva en tribunales”.
Hoy, IPNA “depende de un arancel desfasado que el Estado nacional no actualiza al ritmo real de los costos”. Y ejemplificó: “es como sostener una casa entera con un ingreso que quedó parado en el tiempo, por más cuidado que se tenga, algo empieza a resquebrajarse”.
Mientras la aplicación lleva un año demorada, “lo que está en juego en IPNA no es una cifra en una planilla, es que Mariana y sus compañeros puedan seguir teniendo, mañana, el mismo lugar en el mundo que tienen hoy”.
“Hace 15 años que tengo amigos, hace 15 años tuve mi primer novio”, le contaba a PERFIL Graciela precisamente en agosto de 2025. Con 42 sus años, ese era el tiempo que llevaba asistiendo a la Fundación. Fue después del veto presidencial y en vísperas de una nueva insistencia en el Congreso.