Más de 30,000 jubilados del Magisterio Nacional de Costa Rica buscan poner fin al congelamiento de sus pensiones mediante una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, después de permanecer por más de cinco años sin ajustes en sus ingresos por costo de vida.
La gestión fue interpuesta por la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), que solicita a los magistrados ordenar al Ministerio de Hacienda la aplicación de incrementos automáticos y semestrales a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) amparadas en las leyes N.º 2248 y N.º 7268.
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Según la organización, más del 65 % de las personas pensionadas de este régimen mantienen sus ingresos congelados desde enero de 2021, una situación que, a su criterio, ha deteriorado progresivamente su capacidad adquisitiva frente al aumento acumulado en el costo de vida.
La acción cuestiona específicamente los artículos 2 y 79 de la Ley N.º 7531, denominada Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, al considerar que el marco normativo genera un trato diferente entre personas jubiladas pertenecientes a un mismo sistema.
Miguel Ángel Sobrado Chaves, presidente de AJA, manifestó que la organización decidió acudir a la jurisdicción constitucional después de que una iniciativa legislativa dirigida a permitir ajustes en las pensiones de menores montos fuera vetada por el Poder Ejecutivo.
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“Presentamos esta acción ante la Sala Constitucional, con el debido fundamento, para exigir una sentencia que repare de inmediato una evidente discriminación”, afirmó el representante de la asociación.
El reclamo se relaciona con la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.º 9635, que contempla restricciones sobre el crecimiento del gasto público cuando la deuda del Gobierno Central alcanza determinados niveles respecto al producto interno bruto (PIB).
La organización sostiene que las restricciones aplicadas cuando la deuda pública superó el 60 % del PIB contribuyeron al estancamiento de los ingresos de miles de pensionados.
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Sin embargo, considera que la propia normativa fiscal contiene disposiciones que impiden congelar las revalorizaciones por costo de vida de las personas jubiladas.
La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) ha explicado que los ajustes correspondientes a las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268 están vinculados con los aumentos salariales decretados para los trabajadores activos del sector educativo.
Por esa razón, cuando no se autorizan incrementos salariales para esos funcionarios, tampoco se generan los decretos que permiten tramitar los ajustes correspondientes a las personas jubiladas bajo esas leyes.
JUPEMA también ha señalado que no dispone de autonomía legal para ordenar unilateralmente los aumentos del Régimen Transitorio de Reparto, debido a que estas pensiones son pagadas por el Estado mediante el presupuesto nacional.
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Uno de los principales argumentos de AJA es que no todas las personas jubiladas del Régimen Transitorio de Reparto reciben el mismo tratamiento en materia de ajustes por costo de vida.
Mientras más de 30,000 pensionados amparados en las leyes 2248 y 7268 mantienen sus ingresos sin incrementos, la organización señala que aproximadamente 16,000 personas jubiladas bajo la Ley 7531 cuentan con un mecanismo de revalorización automática semestral, vinculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El artículo 79 de esa normativa establece que las prestaciones contempladas en el título correspondiente deben revalorizarse de acuerdo con el aumento del costo de vida, mediante un porcentaje equivalente al IPC y con periodicidad semestral.
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La asociación aclaró que no pretende eliminar ese mecanismo para quienes actualmente lo tienen reconocido, sino extender una protección equivalente a las personas jubiladas que permanecen sin ajustes.
El reclamo plantea que la diferencia podría vulnerar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como las garantías relacionadas con los derechos adquiridos y la protección de las pensiones.
Estas alegaciones forman parte de la acción presentada y corresponderá a la Sala Constitucional determinar si existe una vulneración de los derechos invocados por la organización.
La pérdida de poder adquisitivo constituye otro de los argumentos centrales de la gestión judicial.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) citados por AJA, entre enero de 2021 y diciembre de 2025 el costo de vida acumuló un crecimiento del 9.04 %.
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Durante ese período, Costa Rica también experimentó un episodio de inflación elevada en 2022, cuando la variación interanual de los precios alcanzó un máximo del 13.06 %.
Aunque posteriormente se registraron períodos de inflación más baja e incluso variaciones negativas, el reclamo se concentra en el efecto acumulado de los precios sobre las pensiones que permanecieron sin revalorizaciones.
De acuerdo con el INEC, Costa Rica cerró 2025 con una inflación interanual negativa del 1,23 %.
Para comprender el efecto del aumento acumulado de precios, una persona que recibía una pensión mensual de ¢500,000 (USD 1,091) en enero de 2021 habría necesitado aproximadamente ¢545,200 (USD 1,190) al finalizar 2025 para mantener una capacidad de compra equivalente, tomando como referencia el 9,04 % señalado por AJA.
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La asociación sostiene que el congelamiento ha afectado especialmente la capacidad de las personas adultas mayores para cubrir alimentación, servicios, atención médica y otras necesidades básicas.
El reclamo judicial tiene como antecedente una iniciativa legislativa que buscaba permitir la revalorización de determinadas pensiones del Magisterio Nacional.
El expediente N.º 24.353 fue aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa el 14 de abril de 2026 y contemplaba ajustes automáticos cada seis meses, conforme a la variación del IPC, para pensiones iguales o inferiores a ¢2 millones (USD 4,366)
Sin embargo, el entonces presidente Rodrigo Chaves Robles vetó totalmente la iniciativa el 28 de abril de 2026, antes de concluir su mandato presidencial.
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El Ejecutivo argumentó que la propuesta crearía obligaciones permanentes de gasto para el Estado sin establecer una fuente específica de financiamiento, además de incrementar la rigidez del presupuesto nacional.
También cuestionó el impacto que tendría sobre las finanzas públicas y la regla fiscal.
Por su parte, la asociación de jubilados considera que el veto impidió avanzar por la vía legislativa hacia una solución para las personas afectadas, motivo por el cual decidió presentar el reclamo constitucional.
La acción presentada por AJA busca que los magistrados ordenen al Ministerio de Hacienda aplicar automáticamente los ajustes semestrales por IPC a las pensiones de las leyes 2248 y 7268.
La organización fundamenta su solicitud en los principios de igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos humanos, además de la protección del derecho a la pensión.
Según sus argumentos, la falta de ajustes ha reducido el valor real de los ingresos reconocidos a las personas jubiladas, sin que exista una justificación suficiente para mantener diferencias dentro del mismo régimen.
La presentación de la acción, sin embargo, no implica que las pensiones vayan a aumentar de inmediato ni que exista todavía una orden judicial para descongelarlas.
Corresponderá a la Sala Constitucional determinar el trámite del expediente y resolver los cuestionamientos formulados contra las disposiciones legales señaladas.