El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Boletín Técnico Ocupación informal Trimestre móvil abril - junio de 2026, en el que mostró que más de la mitad de los trabajadores del país siguen excluidos del sistema formal, es decir, que no pagan seguridad social y no tienen garantizada una pensión. Esto, en medio de la polémica que sigue en Colombia debido a que el Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% para el salario mínimo en Colombia, bajo el concepto de “salario vital”, lo que llevó la remuneración a $2.000.000 mensuales.
De acuerdo con el informe, para el total nacional, en el trimestre abril - junio 2026 la proporción de personas ocupadas informales fue 54,5%, lo que representó una disminución de 0,5 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo trimestre del año anterior (55,0%). Mientras que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 40,7%, lo que significó una disminución de 1,0 pp frente al trimestre abril - junio 2025 (41,7%).
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Por su parte, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de población ocupada informal fue 41,9%, lo que representó una disminución de 1,1 pp respecto al mismo periodo del año anterior (43,0%). Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue 83,2% en el trimestre abril - junio 2026, una bajada de 0,1 puntos frente al 83,4 del periodo a comparación.
Por sexo, para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre abril - junio 2026 fue 56,7%, una disminución de 0,4 puntos frente al 57,1% de 2025.
Mientras que las mujeres ocupadas informales fueron el 51,5%, lo que significó una diferencia de 0,6 puntos frente al 52,1% de igual periodo del año pasado.
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Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre abril - junio 2026 la proporción de mujeres informales fue 39,6%, lo que significó una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (41,0%).
Por su parte la proporción de hombres informales fue 41,7%, una disminución frente al 42,3% de 2025.
Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:
- Sincelejo: 65,7%.
- Riohacha: 62,4%.
- Valledupar: 60,7%.
Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:
- Bogotá D.C..: 33,3%.
- Tunja: 35,1%.
- Manizales A.M.: 35,4%.
Las cifras por ciudades son parecidas a las de 2025. Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:
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- Sincelejo: 68,0%.
- Riohacha: 63,6%.
- Valledupar: 63,6%.
Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:
- Bogotá D.C.: 35,6%.
- Medellín A. M.: 36,9%.
- Manizales A. M.: 38,1%.
En el total nacional, para el trimestre abril - junio 2026 el 84,8% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que la población ocupada informal en empresas pequeñas fue 21,2%. Por su parte, en empresas medianas y grandes la proporción de población ocupada informal fue 4,9% y 2,3%, respectivamente.
El informe del Dane se da a conocer también en medio de la ejecución de la Reforma Laboral, que ya completa un año. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”.
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Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:
- Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.
- Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.
- Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34%, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4%, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.