La senadora Ana Paola García denunció una posible “masacre laboral” en Cerro Matoso, luego de advertir que la suspensión masiva de contratos ya afectaría a más de 500 trabajadores y podría golpear a cerca de 10.000 personas que dependen directa o indirectamente de la operación minera en Córdoba.
De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la congresista publicó un video en sus redes sociales para alertar sobre las consecuencias sociales y económicas de la decisión adoptada por la empresa, en medio de la crisis operativa que enfrenta por restricciones en el suministro de gas natural.
“La situación que viven hoy los trabajadores de Cerro Matoso es alarmante. Estamos hablando de más de 500 contratos suspendidos y de miles de personas que dependen de esta operación para su sustento”, sostuvo García.
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La senadora aseguró que el impacto no se limita a los empleados vinculados directamente con la compañía. Según su advertencia, la suspensión también puede afectar a familias, contratistas, proveedores y comunidades que dependen de la actividad minera como una de sus principales fuentes de ingresos en la región.
Uno de los puntos centrales del reclamo de García tiene que ver con la justificación usada por la empresa para suspender los contratos. La congresista cuestionó que Cerro Matoso haya acudido a una presunta causal de fuerza mayor y pidió que las autoridades laborales revisen si esa figura se ajusta a la ley.
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“Es necesario que las autoridades determinen si se cumplen las condiciones para invocar la fuerza mayor y, sobre todo, que se garantice la protección de los derechos de los trabajadores”, manifestó.
La senadora señaló que existen dudas sobre el cumplimiento de los requisitos legales para aplicar esa causal, por lo que pidió una verificación rigurosa. Su llamado apunta a que el caso no quede solo en una decisión empresarial, sino que sea revisado por las entidades competentes para proteger a los empleados afectados.
García anunció que continuará haciendo seguimiento a la situación y que impulsará las acciones que considere necesarias para defender el empleo en Córdoba. También dijo que buscará respaldar a las familias que podrían quedar sin ingresos si la suspensión de contratos se mantiene o se amplía.
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La expresión “masacre laboral” usada por la congresista refleja la gravedad con la que ve el impacto de la decisión en una zona donde Cerro Matoso tiene un peso económico importante. La operación minera no solo mueve empleo directo, sino también contratación de bienes, servicios, transporte y actividades asociadas.
La denuncia se conoce en medio de las dificultades operativas que Cerro Matoso ha reportado por las restricciones en el suministro de gas natural. Desde comienzos de julio, la empresa ha advertido que la reducción en el abastecimiento obligó a disminuir progresivamente su producción y a adoptar medidas internas.
Según lo informado, las limitaciones en el gas provocaron primero una reducción del 25 % de la operación y luego dejaron a la planta funcionando al 75 % de su capacidad. La compañía también había advertido que, si las restricciones persistían, sería necesario detener de manera indefinida una de sus dos líneas de producción.
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Ese escenario tendría efectos sobre el empleo, la contratación y la economía regional. Por eso, la suspensión masiva de contratos encendió nuevas alarmas políticas y laborales, especialmente entre quienes consideran que los trabajadores no deben cargar solos con el peso de la crisis energética que afecta a la empresa.
Por ahora, la discusión se concentra en dos frentes: la continuidad operativa de Cerro Matoso por las limitaciones en el suministro de gas y la protección de los derechos laborales de los empleados afectados. García pidió intervención de las autoridades para establecer si la suspensión cumple la normatividad y para evitar que una crisis productiva termine convertida en una emergencia social en Córdoba.
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