De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México se ubica entre las 20 economías con mayor paridad de género; sin embargo, ocupa la posición 117 de 145 en Participación y Oportunidades Económicas.
Señala que aunque actualmente hay más recursos públicos etiquetados para la igualdad, apenas 5% de ese gasto se destina a las oportunidades económicas de las mujeres.
El IMCO analizó los resultados del Índice Global de Brecha de Género, del Foro Económico Mundial, y examinó el presupuesto planteado para 2027 en materia de igualdad de género y cuidados, para identificar las prioridades del gasto público frente el panorama actual, donde se estima que cerrar las brechas de género en el mundo tomaría 120 años al ritmo actual, cerca de cuatro generaciones.
De acuerdo con el IMCO, México pierde competitividad cuando no aprovecha todo su capital humano. Entre 2006 y 2026, el país aumentó su puntaje de 64.6 a 78.7 en el índice general. Sin embargo, la mejora no ha sido homogénea entre dimensiones.
El país se ubica en el lugar 18 entre las economías con mayor paridad de género en 2026.
En cuanto a educación y salud, se encuentra cerca de la paridad desde hace dos décadas y ha registrado pocos cambios recientes.
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El mayor avance se concentra en el empoderamiento político, donde el país ocupa el octavo lugar mundial y el primero en América Latina y el Caribe.
Esos avances han sido impulsados principalmente por las cuotas de género en el Congreso y gabinete.
Los principales retos del país, según IMCO, se concentran en la baja participación laboral de las mujeres, las brechas de ingresos y el acceso limitado a posiciones de liderazgo.
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A diferencia de los demás subíndices, la Participación y Oportunidades Económicas muestra una tendencia negativa en los últimos años, con un retroceso significativo para el país.
El 46% de las mujeres participa en la economía, frente al 75% de los hombres, y ellas ganan en promedio 86 pesos por cada 100 que perciben ellos.
A lo anterior se suma el trabajo informal, alcanzando 54% entre las mujeres ocupadas y aumentando a 58% entre las madres.
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De acuerdo con el IMCO, la baja participación económica de las mujeres y las condiciones laborales que enfrentan siguen siendo los principales desafíos en materia de igualdad de género, pero las prioridades presupuestarias no están orientadas a cerrar las brechas.
Al respecto, señala que México tiene dos anexos presupuestarios vinculados con la reducción de brechas de género y de cuidados: el Anexo que 13 está enfocado en la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el Anexo 31 que etiqueta los recursos para la Consolidación de una Sociedad de Cuidados.
indica que en el Anexo 13, tres programas sociales concentran 72% de los recursos públicos para 2027: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (46%), la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (17%) y la Pensión Mujeres Bienestar (9%).
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En contraste, las acciones para aumentar la participación económica de las mujeres, como apoyos a mujeres productoras y programas de autonomía financiera, representan apenas el 5% de este presupuesto.
Refiere que ese patrón, en el que predominan los programas sociales, también se observa en el Anexo 31 para cuidados, donde casi 78% de los recursos corresponde a transferencias, frente a 7.2% para servicios de cuidado y 0.8% para infraestructura y equipamiento.
Ante esta situación el Instituto plantea Indicadores de resultados en los Anexos de igualdad y cuidados, y Sistemas de cuidados.
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Sobre el primero indica que cada programa etiquetado debe incorporar y transparentar indicadores que permitan medir su impacto en el cierre de brechas, como la participación laboral de las mujeres, las horas de cuidados no remunerados y la cobertura de servicios.
Agrega que esta información debe utilizarse para reasignar recursos hacia las intervenciones con mejores resultados.
Sobre el sistemas de cuidados plantea que los gobiernos federal y estatal pueden ampliar la cobertura y calidad de los servicios de cuidado infantil y de adultos mayores, fortalecer estancias, casas de día y modelos comunitarios y extender las jornadas escolares.
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Esto requiere hojas de ruta estatales que coordinen la oferta pública, privada y comunitaria. Además, el Anexo 31 debe priorizar infraestructura y servicios sobre transferencias, sugiere el IMCO.
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