El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) ajustar sus gastos ante los recortes previstos para el presupuesto de 2027. El funcionario sostuvo que la reducción de recursos “desde ningún punto de vista es un ataque” contra el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz.
En declaraciones a medios de comunicación, Cancino dirigió un mensaje a los magistrados de la jurisdicción y a la comunidad internacional, luego de las advertencias por el impacto que tendría la disminución de fondos para el próximo año.
PUBLICIDAD
El titular de la cartera de Justicia afirmó que el país atraviesa una restricción fiscal que también alcanza a otras entidades públicas. Por esa razón, reclamó prudencia frente a la discusión presupuestaria y rechazó que la decisión pueda interpretarse como una ofensiva contra la JEP.
“El llamado a la comunidad internacional, el llamado a la JEP, es decirles que tengan prudencia, que tengan mesura”, señaló el ministro. Según expuso, el tribunal debe realizar un esfuerzo similar al que, dijo, han asumido otras instituciones estatales frente a las limitaciones de las finanzas públicas.
Cancino añadió que la entidad no ha utilizado en años anteriores la totalidad de las partidas asignadas. “Ellos nunca han ejecutado el 100% del presupuesto que se les ha dado”, afirmó al defender la necesidad de revisar los recursos que recibirá la jurisdicción en 2027.
PUBLICIDAD
El ministro no detalló el monto del ajuste ni precisó cuáles áreas de la JEP tendrían una menor asignación. Tampoco informó si el Gobierno prevé modificar programas, contratos o procesos judiciales como consecuencia de la reducción anunciada.
El jefe de la cartera sostuvo que una parte de las funciones de la JEP corresponde a una fracción del Acuerdo de Paz cuyo plazo está próximo a vencer.
Bajo esa premisa, consideró que la jurisdicción debe revisar sus necesidades financieras y adaptar su operación al escenario actual.
“Es momento de que dejen de quejarse y actúen de acuerdo a las consecuencias y la realidad fiscal del país”, manifestó Cancino.
La JEP es el mecanismo de justicia transicional encargado de investigar y juzgar los delitos cometidos en el conflicto armado que fueron sometidos a su competencia. Su funcionamiento ha dependido de recursos nacionales y del respaldo de la cooperación internacional.
PUBLICIDAD
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, fue uno de los funcionarios internacionales que elevó su petición al Gobierno colombiano.
En una declaración pública, solicitó garantías presupuestarias para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las entidades que integran el Sistema Integral de Paz en Colombia, en medio de cuestionamientos sobre el futuro financiero de esos mecanismos.
El pronunciamiento ocurrió el lunes 28 de septiembre de 2026, al cumplirse 10 años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP).
PUBLICIDAD
El representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo que las instituciones creadas tras ese pacto requieren fondos para responder a los derechos de las víctimas del conflicto armado.
“La justicia transicional no puede ser un esfuerzo aislado”, expresó Türk al referirse a la necesidad de sostener el trabajo judicial y extrajudicial derivado del acuerdo.
El Alto Comisionado señaló que estos organismos cumplen tareas vinculadas con la verdad, la reparación y la localización de personas desaparecidas. “Son indispensables” para atender las demandas de quienes sufrieron los efectos de la confrontación, afirmó.
Ante ese panorama, Türk sostuvo que las instituciones aún activas deben contar con respaldo estatal. “Es fundamental que el Sistema continúe implementándose”, manifestó.
El funcionario recordó que la comunidad internacional y Colombia han destinado recursos a la puesta en marcha de la arquitectura institucional surgida del Acuerdo de Paz. Según afirmó, preservar su operación permitirá mantener las medidas previstas para las víctimas y los compromisos pendientes de ejecución.
PUBLICIDAD
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó que el proyecto de presupuesto para 2027 prevé $41.200 millones menos frente a la necesidad financiera que la entidad había presentado y que, según indicó, fue analizada por el equipo técnico del Ministerio de Hacienda.
La jurisdicción señaló, a través de una serie de publicaciones, que su requerimiento para el próximo año ascendía a $125.833 millones. No obstante, el Proyecto de Ley radicado por el Gobierno contempla una asignación de $84.633 millones.
“La diferencia es sustancial”, afirmó el tribunal transicional, que advirtió que esa brecha podría afectar el desarrollo de sus tareas judiciales. La JEP precisó que el escenario plantea riesgos para el avance de los casos, la seguridad de quienes comparecen y la ejecución de medidas de reparación.
PUBLICIDAD
La jurisdicción sostuvo que requiere una partida adicional de $170.000 millones para garantizar audiencias en territorio, representación judicial de víctimas, protección de testigos e intervención de especialistas.
Según la JEP, esos fondos también resultan necesarios para atender solicitudes de satisfacción de derechos de 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, que representan a cerca de 834.804 personas acreditadas ante esa instancia.
El organismo recordó que durante 2025 recibió una de las asignaciones más altas entre las entidades del sector justicia y alcanzó una ejecución presupuestal del 96,8%. También informó que, entre 2024 y julio de 2026, adoptó decisiones administrativas que permitieron un ahorro de $21.575 millones.
PUBLICIDAD
La entidad señaló que la reducción puede incidir en el debido proceso y en la seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y de 4.736 integrantes de la fuerza pública.
La JEP afirmó que mantiene avances en los macrocasos, las audiencias y la implementación de las sanciones propias. Además, aclaró que no ha propuesto ampliar su vigencia más allá de los 15 años previstos en el Acto Legislativo 01 de 2017.
“No ha propuesto una ampliación”, indicó la jurisdicción al responder a versiones sobre una posible extensión de su plazo de funcionamiento.