El ministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo afirmó que el Gobierno de Colombia no tiene como objetivo eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque reclamó resultados judiciales y ajustes presupuestarios para ese organismo tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.
La controversia surgió por propuestas atribuidas al mandatario Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el 7 de agosto de 2026 durante una ceremonia en el Cantón Militar Pichincha, en Cali. Entre las medidas anunciadas figuró la eliminación de la JEP, junto con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.
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Ante las versiones sobre el futuro de esa jurisdicción, Lara Restrepo señaló ante medios de comunicación: “Aquí nadie ha dicho que va a acabar la JEP. La JEP está en la Constitución”.
El ministro indicó que la interlocución con los órganos judiciales corresponde al ministro Cancino. Luego cuestionó el funcionamiento de la entidad: “Lo que queremos es resultados de la JEP, porque son muchos años, es un aparato gigantesco y hemos visto poca justicia, en términos de penas que se cumplan, porque se cometieron delitos muy graves”.
El titular de Interior también pidió revisar los recursos destinados a la jurisdicción: “Tiene que hacer un esfuerzo. Son billones de pesos y hay que recortar entre todos para hacer austeridad”.
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Las iniciativas atribuidas a De la Espriella incluyen eliminar la denominada “ideología de género” de los colegios, revertir el aborto y prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Infobae Colombia consultó a los abogados Douglas Lorduy y Francisco Bernate, docentes de la Universidad del Rosario, sobre los obstáculos constitucionales que enfrentarían esas propuestas.
La JEP podría perder $100.000 millones adicionales en 2027 si prospera una proposición del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, que busca trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura.
La Jurisdicción Especial para la Paz había solicitado $947.642 millones para 2027, pero el proyecto presupuestal contempla $821.803 millones. La iniciativa de Gómez reduciría aún más esa asignación.
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La discusión enfrenta dos posturas: la JEP sostiene que el ajuste afectaría su autonomía y tareas operativas, mientras que el presidente Abelardo de la Espriella defiende la medida como una decisión de responsabilidad fiscal. El debate también incluye una reforma sobre las sentencias contra integrantes de la fuerza pública.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, envió una carta a la Corte Penal Internacional para advertir sobre los efectos de un eventual recorte.
El magistrado afirmó que la reducción comprometería la protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios. La entidad destina $62.478 millones a convenios con la Unidad Nacional de Protección y $29.362 millones a arriendos, servicios públicos y mantenimiento.
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Ramelli también cuestionó una reforma constitucional que plantea una revisión automática de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública por parte de la Justicia Penal Militar.
“Someter las sentencias de la JEP a una revisión automática por la Justicia Penal Militar alteraría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz”, afirmó Ramelli.
De la Espriella respaldó la proposición de Gómez y rechazó que el debate presupuestal o las iniciativas legislativas representen una amenaza contra la independencia judicial.
El mandatario sostuvo que las asignaciones estatales dependen de la disponibilidad de recursos, las necesidades generales y las prioridades del país. “Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó.
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El Presidente señaló que la JEP ha recibido más de $3 billones desde 2018. La entidad contó con $777.069 millones en 2025 y opera en 2026 con cerca de $744.659 millones.