Morena defendió este 2 de agosto los lineamientos sobre audiencias y sostuvo que no implican censura, sino el desarrollo de derechos ya previstos en la Constitución y la ley, en medio de un debate abierto porque organizaciones de medios advierten que la propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría afectar la libertad de expresión y rebasar las facultades del regulador.
En un comunicado, Morena afirmó que en los últimos días actores políticos y mediáticos construyeron una versión falsa sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias al presentarlos como un intento de silenciar voces. El partido señaló que el objetivo es garantizar que la población reciba información plural, transparente, oportuna y veraz.
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La consulta pública sobre el anteproyecto permanece abierta hasta el 21 de agosto. El documento plantea nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión, entre ellas publicar un Código de Ética, designar un Defensor de las Audiencias, diferenciar información, opinión y publicidad, atender quejas, garantizar el derecho de réplica, establecer medidas de accesibilidad y prever sanciones económicas por incumplimientos.
El punto central de la defensa del partido es que la autoridad no revisará previamente transmisiones ni contenidos. Morena aseguró que cualquier procedimiento sólo puede iniciar después de la difusión de un material y a partir de una queja concreta.
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Ese argumento busca responder a la principal crítica de la industria: el riesgo de censura previa. La Alianza de Medios Mx expresó preocupación porque algunos alcances del proyecto podrían generar afectaciones a la libertad de expresión y exceder lo que la ley permite a la CRT.
La agrupación, que reúne a más de 100 empresas y líderes periodísticos, pidió que la consulta pública se desarrolle mediante un debate abierto, transparente, plural y sustentado, y no sólo por medio del envío de observaciones por correo electrónico. También solicitó mecanismos que fortalezcan la vigilancia y la autonomía de las resoluciones de la Comisión.
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Carlos Arrendondo Sibaja, presidente pro tempore de la alianza, señaló que los derechos de las audiencias tienen la misma relevancia constitucional que la libertad de expresión y que ambos deben coexistir sin que uno limite al otro.
Añadió que desde la incorporación de esos derechos a la Constitución en 2013, México no ha consolidado un equilibrio entre la protección de las audiencias y el ejercicio de la libertad de expresión en medios concesionados.
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Morena enmarcó su postura en una crítica al periodo neoliberal. En su comunicado afirmó que en esos años se normalizaron la propaganda disfrazada de noticia, los contenidos pagados sin identificación, la información falsa o sesgada y la manipulación de hechos para proteger intereses particulares.
El partido también sostuvo que la discusión de fondo no es la imposición de una verdad oficial, sino evitar que la mentira, la manipulación y la publicidad encubierta se presenten como información periodística. Bajo esa lógica, afirmó que los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México, mientras la libertad de expresión protege a quienes comunican.
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La crítica más específica contra el anteproyecto se concentra en las atribuciones que asumiría la CRT. La Alianza de Medios Mx indicó que algunos apartados permitirían a la Comisión intervenir en procedimientos relacionados con réplicas ciudadanas, imponer sanciones en ciertos casos o interpretar cuándo un contenido corresponde a información o a opinión.
Junto con especialistas, la organización coincidió que han advertido posibles excesos frente al marco jurídico vigente. También respaldó la postura de la (Cámara de la Industria de Radio y Televisión) CIRT, que ha señalado que algunos apartados del documento podrían abrir espacios de discrecionalidad en la aplicación de la norma.
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Otro punto de fricción está en la elaboración de los Códigos de Ética y en la designación del Defensor de las Audiencias. La alianza consideró que ambas tareas deben seguir como atribuciones exclusivas de los propios medios de comunicación y advirtió que una intervención del Estado en esas figuras podría propiciar injerencias indebidas.
Morena recordó en su posicionamiento que en 2017 una contrarreforma impulsada por el PAN y respaldada por fuerzas del antiguo régimen debilitó los derechos de las audiencias. El partido agregó que en 2022 la SCJN invalidó ese decreto.
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Para el partido, la apertura de la consulta pública prueba que no existe imposición. En su comunicado sostuvo que audiencias, concesionarios, radios comunitarias, academia, organizaciones civiles y ciudadanía pueden presentar observaciones antes de que se emitan los lineamientos definitivos.