En enero de 2024, el Gobierno de Juanma Moreno firmó un convenio de colaboración con Ceuta para “agilizar” la acogida e integración en Andalucía de menores extranjeros no acompañados y aliviar así la “crisis migratoria” que ya sufría entonces la ciudad autónoma. Se trataba de un “instrumento de cooperación interautonómico”, que fuera “estable en el tiempo”, y que a día de hoy sigue “en activo y está desarrollándose”, admiten desde el PP andaluz.
Sin embargo, los populares cuestionan ahora la vigencia de aquel acuerdo, suscrito por la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores López, y su homólogo ceutí, el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán, porque no consideran que la situación que sufre la ciudad autónoma tras la entrada irregular de 80.000 inmigrantes, hace un mes, pueda definirse como una “contingencia migratoria”, como reza el convenio.
“El convenio de colaboración firmado por Juanma Moreno está en activo y se está desarrollando. Pero esto [la noticia del informe policial remitido a la jueza de la Audiencia Nacional señalando a Marruecos como instigador de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta] pone claramente en duda que estemos ante una contingencia migratoria. Esto es un atentado organizado contra la integridad territorial de España”, ha subrayado el portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín.
Casi las mismas palabras ha usado este miércoles el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el acto institucional por el día oficial de la ciudad autónoma. No obstante, contingencia migratoria es un término legal, recogido en el Real Decreto que modificó la Ley de Extranjería en 2025, y que describe a las comunidades que “triplican su capacidad ordinaria” en acogimiento de menores. Ahora, y antes de que se aprobara ese decreto, son tres las que se encuentran en esa situación: Ceuta, Melilla y Canarias.
A 30 de junio de 2026, Andalucía acoge a 1.669 niños y adolescentes extranjeros no acompañados, según fuentes oficiales. La capacidad ordinaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, según las directrices del Real Decreto-ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, Andalucía debería contar con 3.009 plazas estructurales para la atención de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, según reza en la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con esos números, Andalucía se sitúa al 55,47% de su capacidad ordinaria para acogimiento de niños extranjeros no acompañados. Desde la Consejería andaluza de Inclusión Social y Juventud han rechazado actualizar estas cifras, no confirman si en este tiempo han acogido más menores migrantes en el marco de la actual crisis que sufre Ceuta ni si el Gobierno de Juan Jesús Vivas ha invocado el citado convenio para pedir ayuda al Ejecutivo de Moreno, en virtud del convenio suscrito hace dos años.
Ceuta, en el Parlamento andaluz
La Cámara autonómica ha retomado este miércoles su actividad regular con la comparecencia de todos los grupos políticos, con un mismo epicentro de debate: la crisis humanitaria de Ceuta, que se ha cobrado 145 vidas en el mar, y ha tensionado hasta el extremo a la población ceutí, sus instituciones y sus servicios públicos. También ha desatado, ya en la península, un nuevo episodio de confrontación política de primer nivel entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las derechas.
El cruce de acusaciones entre PP, Vox y las izquierdas en el Parlamento andaluz precede las concentraciones convocadas esta tarde en toda España en solidaridad con Ceuta, en el día oficial de la ciudad autónoma. La cita, demandada y respaldada por gran parte de la población ceutí, ha sido fomentada por la Federación de Municipios y Provincias de España y de Andalucía -ambas instituciones controladas por el PP- y contará con el apoyo de los populares y la ultraderecha.
PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se desmarcan porque consideran que PP y Vox “instrumentalizan” estas concentraciones y las usan como ariete contra el Gobierno de Sánchez (algo que el PP niega, pero que Vox admite abiertamente). Los socialistas han difundido unas instrucciones entre sus cargos públicos, militantes y simpatizantes para que no acudan a esas concentraciones, pero algunos alcaldes han desoído esas directrices.
A la diputada y vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, le ha costado 15 minutos “aclarar” por qué su partido no estará en las manifestaciones de esta tarde, unas explicaciones de equilibrismo político en el que cabe la denuncia a PP y Vox por “manipular” la convocatoria y “el dolor y el miedo de los ceutíes”, a la vez que se admite que los socialistas que han decidido sumarse lo harán “de buena fe”.
“No es una orden, es una recomendación”, ha subrayado Márquez sobre las directrices del partido firmadas por su líder, María Jesús Montero. En el seno de la dirección regional hay “incomodidad” por la posición que ha adoptado el PSOE en este asunto, consciente de que las razones políticas para no entrar en el “juego de confrontación” de PP y Vox no ocultan la imagen de un partido al margen de la movilización de apoyo, empatía y solidaridad con Ceuta ante la mayor crisis sufrida por sus gentes y por la población inmigrante.
De ese rincón incómodo, Márquez ha tratado de salir desempolvando el convenio de Andalucía con Ceuta, firmado primero en 2021 y renovado en 2024, que recoge un compromiso nítido del Gobierno de Moreno para aliviar la presión migratoria de menores no acompañados a la ciudad ceutí. “Pretende ser un instrumento de cooperación interautonómico que permita la derivación e integración de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados entre las partes firmantes de forma ágil y que sea estable en el tiempo, mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria que afecta a la Ciudad de Ceuta”, reza el documento.
“¿Qué hace Moreno para que no violen a las menores migrantes en Ceuta teniendo herramientas como ésta?”, se ha preguntado Márquez.
El convenio, de hecho, es anterior al decreto del Gobierno que reformó algunos aspectos de la Ley de Extranjería, estableciendo los parámetros para que las comunidades autónomas acogieran obligatoriamente a los menores extranjeros no acompañados en función de sus recursos, de forma solidaria, pero también obligatoria. Se aprobó en abril de 2025 con el voto en contra de PP y Vox, aunque el Ejecutivo de Moreno, antes y después, ya venía cumpliendo la legislación y el convenio suscrito con Ceuta, sin hacer ostentación de ello.
El panorama político ha cambiado tras las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, que alumbraron un Gobierno de coalición PP-Vox. Moreno perdió la mayoría absoluta y fue investido presidente tras firmar un acuerdo con la ultraderecha que recoge muchos de sus postulados xenófogos y consignas antiinmigrante, incluida un rechazo explícito al acogimiento de menores inmigrantes. “No más MENAS”, subraya el documento, aunque el mismo párrafo avisa de que ese rechazo no se saltará la legislación vigente.
A la luz de ese acuerdo con la ultraderecha y, tras la crisis humanitaria en Ceuta, toda la política del Gobierno andaluz en materia migratoria es revisable. De hecho, Vox ha solicitado la convocatoria urgente de la mesa de seguimiento del pacto para abordar este asunto, algo que aún no tiene fecha y a lo que el PP ha tratado de restar importancia. “De momento, no hay tensiones entre los socios”, dijo el lunes la portavoz de la Junta, Carolina España.
El convenio de colaboración entre Andalucía y Ceuta para “dar respuesta a las diferentes contingencias migratorias” entronca, de hecho, con la política desarrolallada por el Ministerio de Infancia, que pilota Sira Rego, en el Gobierno de Sánchez. El documento apela al “Modelo de gestión de contingencias migratorias por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia en su reunión de 27 de julio de 2022, que prevé la activación de un Plan de Respuesta ante contingencias migratorias que determine las necesidades de traslados entre Comunidades Autónomas”.
Vox le exige ahora al PP andaluz que ignore esos acuerdos, que rescinda las subvenciones que destina a ONG “que están colaborando con el tráfico humano y ayudando a los invasores” y que, en caso de que el Gobierno active el decreto para el traslado obligatorio de niños migrantes a Andalucía, “use todos los medios políticos y legales para oponerse” y, en última instancia, “retrase o dificulte” la acogida, en palabras del portavoz parlamentario de Vox, Javier Cortés.
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha denunciado el “mensaje prevaricador” del socio del Gobierno andaluz y ha anunciado que emprenderá acciones legales si finalmente lo llevan a término. De hecho, Maíllo ha afeado a la Fiscalía que no haya actuado “de oficio” en este asunto tras las declaraciones del vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira. “La Fiscalía está tardando mucho tras las declaraciones prevaricadoras de Vox. Prevaricar no puede salir gratis” ha dicho.
Maíllo defiende la propuesta que el Ministerio de Infancia ha hecho al Gobierno ceutí, a saber: que mientras se tramitan los expedientes de los menores extranjeros y las peticiones de asilo, las comunidades firmen acuerdos bilaterales con Ceuta para acoger a parte de esos niños en la península, y así descongestionar los centros de atención en la ciudad autónoma.
El convenio firmado por el Gobierno de Moreno en 2024 representa, en realidad, esa fórmula. Es como funcionaba antes de que se aprobase el Real Decreto que hizo obligatorio el acogimiento de menores por parte de las comunidades. La Junta no ha aclarado a este periódico si ha estado gestionando ese traslado de menores de forma voluntaria, en virtud de ese convenio.
La parte socialista del Gobierno no está en esa estrategia, porque considera que el aumento de plazas anunciada por el presidente Sánchez permitirá a atender a todos en Ceuta, sin que haya traslados a la península (algo que inquieta a las autoridades europeas, porque supone la entrada en el espacio Schengen, y que ha motivado un conflicto diplomático entre Italia y España).
La crisis de Ceuta va a seguir formando parte de la actividad parlamentaria andaluza. PP, PSOE y Por Andalucía han anunciado sendas iniciativas para llevar el debate a los próximos Plenos, cada uno desde su esquina ideológica, en un inicio acalorado del curso político marcado por las citas con las urnas en las municipales y generales de 2027.