En Nicaragua, los ciudadanos destinan parte de sus ingresos al pago de uno de los impuestos al consumo más altos de Centroamérica, mientras enfrentan condiciones económicas que limitan su calidad de vida. El país aplica una tasa del 15% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el porcentaje más elevado de la región, lo que marca una diferencia significativa respecto a países vecinos con contextos económicos más favorables.
De acuerdo con Nicaragua Investiga, la estructura impositiva en Nicaragua ubica a su población entre las más gravadas de América Latina. El 15% de IVA se aplica sobre la mayoría de las compras cotidianas, lo que reduce la capacidad de compra de las familias, especialmente en alimentos y bienes básicos. Solo Honduras iguala esta tasa, mientras que en El Salvador y Costa Rica la cifra es del 13%, en Guatemala alcanza el 12%, en Belice el 12.5% y en Panamá apenas llega al 7%.
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El peso del IVA en la economía familiar resulta aún más relevante ante la comparación de indicadores sociales y salariales. Tanto Nicaragua como Honduras presentan los salarios más bajos y los mayores índices de pobreza en Centroamérica, a pesar de que sus habitantes pagan el mayor porcentaje de impuesto al consumo de la región. Esta situación evidencia una brecha entre la presión fiscal y el bienestar social, ya que el aumento en la recaudación no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría.
El modelo económico impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defiende la recaudación como mecanismo para financiar el desarrollo y la equidad. Sin embargo, los resultados muestran un escenario distinto. El nivel de bienestar social no supera al de países vecinos con tasas de IVA más bajas y mayor cobertura de servicios públicos. Mientras tanto, la población debe asumir gastos adicionales para suplir deficiencias en áreas como salud, educación y seguridad.
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El impacto del IVA afecta de manera regresiva a los sectores más vulnerables. La carga del impuesto recae proporcionalmente más sobre quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de bienes esenciales. En este contexto, la recaudación fiscal no logra revertir la pobreza estructural ni mejorar las condiciones de vida cuando los fondos públicos se orientan a prioridades distintas de la inversión en infraestructura, educación y salud.
El análisis económico pone en cuestión la efectividad de la política fiscal vigente. Mientras Panamá y Costa Rica logran ofrecer mejores índices de desarrollo humano con esquemas tributarios menos exigentes, los nicaragüenses deben enfrentar una doble carga: pagar el impuesto más alto de Centroamérica y costear, de forma privada, servicios fundamentales. El modelo concentrado en la recaudación indirecta limita el margen de maniobra de quienes tienen menos recursos y profundiza las desigualdades existentes.
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El caso de Nicaragua ilustra cómo una elevada presión impositiva puede coexistir con bajos niveles de bienestar, especialmente cuando la gestión de los recursos públicos no prioriza la mejora de los servicios básicos. La situación económica de los hogares nicaragüenses se ve condicionada por una política fiscal que, lejos de aliviar la carga sobre los sectores vulnerables, incrementa los desafíos para alcanzar mejores condiciones de vida.