CONINAGRO manifestó su desacuerdo con la ley bonaerense que permite a los municipios desviar los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural. Advirtieron que ante probables lluvias por el Niño la red vial requerirá más mantenimiento y propusieron crear un fondo específico.
23 de octubre 2026, 12:00hs
Máquinas viales realizando tareas de conservación en un camino rural. Desde CONINAGRO rechazan la reasignación de partidas viales para la emergencia hídrica y reclaman garantizar el mantenimiento continuo para sacar la producción. (Foto: CONINAGRO).
La traba financiera en el interior bonaerense sumó un nuevo capítulo de fricción entre el sector agropecuario y la administración provincial.
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) encendió las alarmas y expresó su tajante rechazo a la reciente ley sancionada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
La norma faculta a los municipios a redirigir, durante un período de 180 días, hasta el 100% de las partidas del Impuesto Inmobiliario Rural —tradicionalmente afectadas a la conservación de la red vial— hacia la ejecución de infraestructura hídrica de emergencia.
La postura del frente cooperativo no desconoce el diagnóstico de base.
En las filas del campo bonaerense, las secuelas de las pasadas inundaciones permanecen intactas, y la amenaza de precipitaciones extraordinarias bajo la influencia del fenómeno meteorológico del Niño reaviva la urgencia de ejecutar obras de drenaje y canalización.
Sin embargo, la dirigencia gremial remarcó que la estrategia legislativa incurre en una contradicción operativa: desmantelar el presupuesto destinado a los caminos rurales precisamente en la víspera de un período de intensas lluvias generará un colapso en la transitabilidad del interior.
Desde la entidad advirtieron que pretender resolver el déficit hídrico quitando los recursos dedicados a la red secundaria y terciaria implica vestir un santo para desvestir a otro.
Leé también: La Región Centro exige un plan de infraestructura y reclama que los dólares del país impulsen a la agroindustria
La infraestructura vial es considerada por el sector productivo como la “primera milla” del entramado logístico regional.
Un trazado intransitable no solo interrumpe la cosecha, retrasa la entrega en los puertos y encarece exponencialmente los costos de flete, sino que impacta de lleno en la trama social de las comunidades rurales, obstaculizando el acceso a las escuelas de campo, los centros de atención primaria de salud y la movilidad cotidiana de las familias asentadas en el interior.
La red vial secundaria de la provincia de Buenos Aires enfrenta serios riesgos de deterioro si se recortan los fondos destinados a su mantenimiento. (Foto: gentileza Infopaer).
Reclamos del sector
Lejos de limitar la postura a una simple negativa, el espacio cooperativo elevó una serie de exigencias puntuales orientadas a la etapa de promulgación y reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo provincial:
- Que las obras financiadas con estos fondos de excepción se circunscriban de manera estricta al ámbito rural y guarden una relación técnica directa con la conservación vial.
- La obligatoriedad de reponer las sumas utilizadas al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales.
- La implementación de un esquema de rendición pública de cuentas, municipio por municipio, que garantice la transparencia en la ejecución presupuestaria.
- La participación activa de los productores agropecuarios y sus respectivas cooperativas a través de las comisiones viales locales para determinar la urgencia de cada intervención.
Como solución de fondo, la entidad planteó que las obras hídricas deben financiarse mediante la constitución de un fondo específico dotado de recursos propios, consolidando una política de Estado de largo plazo en lugar de echar mano a recursos asignados a la transitabilidad vial.
Leé también: Empleos del agro: afirman que sin retenciones podrían generarse 830 mil puestos de trabajo más
La red territorial de cooperativas agropecuarias se puso a disposición de las autoridades provinciales y de los intendentes de cada distrito para elaborar un relevamiento exhaustivo sobre el estado de los caminos y mapear las prioridades hídricas más acuciantes.
La dirigencia fue enfática en sostener que el dilema planteado por la norma es falso: la producción requiere tanto obras de contención hídrica como trazados transitables para sostener el abastecimiento de alimentos.
La propuesta formal ya fue remitida a la Gobernación a la espera de una instancia de diálogo técnico que evite la paralización del transporte en el ámbito rural.