Por Javiera Ortiz22 AGOSTO 2026
El presidente del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa, abordó este sábado el rol de la oposición, las líneas rojas del sector y los reparos en cuanto a la agenda de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.
En el marco del segundo encuentro de directivas regionales de partidos de oposición, el timonel del PL señaló que “toda la coalición tiene que estar de acuerdo en que hay líneas rojas que no se pueden atravesar. No se pueden conculcar derechos y no se pueden privar de derechos que además afectan a toda la población”.
En ese sentido, Urzúa sostuvo que la oposición debe articularse tanto internamente como con sectores de la “derecha progresista” para abordar el problema de la seguridad “más allá de los titulares”. Asimismo, advirtió que algunas de las medidas planteadas requieren una capacidad operativa y de coordinación que, a su juicio, el Estado actualmente no tiene.
Adicionalmente, el timonel PL compartió el diagnóstico hecho por la presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, quien hizo un mea culpa del sector. “En materia de seguridad, llegamos tarde desde el mundo progresista, eso hay que asumirlo”, indicó en diálogo con El Mercurio este sábado.
“Comparto el diagnóstico, pero yo creo que hubo una parte del progresismo que no tomó en consideración esto, a pesar de que habíamos varios que estábamos haciendo un llamado (...) había una agenda más de nicho que no consideraba eso y nos demoramos un montón en el gobierno de Gabriel Boric en tomar esta agenda”, lanzó Urzúa.
El dirigente planteó, en esa línea, que la oposición debe poner propuestas sobre la mesa. “De hecho, le pedimos reunión al ministro (Martin) Arrau, pero no nos ha contestado, como suele ocurrir con el gobierno, para hacerle llegar la agenda de propuestas que realmente vayan a solucionar el problema de la delincuencia, que es un problema de Estado, no es un problema del gobierno”.
En ese contexto, Urzúa detalló que entre las propuestas que presentarán al ministro de Seguridad está aumentar los recursos destinados a la Armada para fortalecer el control de la frontera marítima, avanzar en una policía fronteriza y tipificar como delito el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales.
Urzúa también cuestionó que el debate se concentre en elevar la seguridad pública a rango constitucional u otras modificaciones que, a su juicio, no solucionan por sí mismas los problemas de seguridad.
“Más que preocuparse de cambiar la Constitución hay que ir a la profundidad y realmente resolver el problema, poner las manos a trabajar y dejarse de la parafernalia”, zanjó.